Brissa Arroyo Impulsa Reforma Judicial con Perspectiva de Género en Michoacán

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2024 – Con un firme compromiso hacia la equidad de género, la Diputada Local Brissa Arroyo Martínez ha propuesto una iniciativa para que los aspirantes a jueces y magistrados en el Poder Judicial de Michoacán presenten la Ley 3 de 3. Esta ley prohíbe la participación de aquellos con sentencias por ser deudores alimentarios, violencia familiar o delitos sexuales.

Durante la segunda lectura, discusión y posterior aprobación de la Reforma del Poder Judicial, Arroyo propuso añadir al artículo 76 una cláusula que haga obligatoria la Ley 3 de 3 contra la violencia. La propuesta recibió el apoyo de 26 votos en la legislatura.

La diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) reafirmó su compromiso de erradicar las violencias de género dentro del sistema judicial. “Debemos cerrar las puertas a deudores alimentarios, agresores y acosadores; quienes aspiren a un cargo en el sistema judicial deben presentar la Ley 3 de 3”, manifestó Arroyo.

En su intervención en el congreso estatal, enfatizó la importancia de que los jueces, juezas, magistradas y magistrados asuman su papel con la mayor responsabilidad, ya que su labor impacta directamente en la vida de las personas. La reforma busca garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial, asegurando que los requisitos para participar en la contienda electoral sean igualitarios y adheridos a las normas vigentes.

Arroyo hizo un llamado a la reflexión sobre la violencia que enfrentan las mujeres y el peligro de que esta se infiltre en el sistema judicial. Propuso un análisis exhaustivo de los requisitos necesarios para ocupar cargos judiciales, asegurando que se haga con una perspectiva de género.

La diputada enfatizó la necesidad de elevar los estándares de responsabilidad pública y representación institucional. Las mujeres son fundamentales en la vida pública y política de Michoacán y del país, por lo que esta reforma debe garantizar una vida libre de violencia, limitando la participación de aquellos condenados por violencia de género en cargos de elección popular.

Brissa Arroyo instó a la asamblea a legislar con perspectiva de género, incorporando la Ley 3 de 3 contra la violencia como requisito obligatorio. “Es momento de que ningún deudor de pensión alimenticia, agresor sexual o político, asuma posiciones de decisión”, afirmó.

Concluyendo su intervención, Arroyo destacó que la obligatoriedad de la Ley 3 de 3 debe ser vista no solo como un requisito, sino como una obligación para todos los servidores públicos, asegurando que la justicia se imparta libre de violencia. Celebró el respaldo de sus colegas legisladores hacia esta propuesta centrada en la perspectiva de género.