Octavio Ocampo Propone Reconocer el Derecho al Cuidado en la Constitución de Michoacán

Morelia, Michoacán, 12 de junio de 2025.- El presidente de la Comisión de Bienestar Social de la 76 Legislatura de Michoacán, Octavio Ocampo, ha presentado una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado para incluir el Derecho al Cuidado como un derecho humano en la Constitución Política del Estado de Michoacán.

Durante su intervención, Ocampo destacó la necesidad de abordar el cuidado como un tema crítico y no como una “carga invisible”. “El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar este derecho como base de justicia social”, afirmó el legislador.

La propuesta se fundamenta en datos del INEGI que muestran la sobrecarga que enfrentan los cuidadores, especialmente las mujeres. En el país, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, en comparación con las 13.8 horas de los hombres. Esta diferencia de 25.9 horas semanales afecta directamente la autonomía económica de las mujeres y limita su participación en el mercado laboral, exacerbando las brechas de género. Ocampo subrayó que en Michoacán, el trabajo de cuidado recae desproporcionadamente en mujeres, muchas veces sin el respaldo institucional necesario.

El legislador también señaló que esta carga no solo afecta a quienes cuidan, sino que impacta a personas en situación de dependencia, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes a menudo no reciben la atención adecuada debido a la falta de políticas públicas.

La iniciativa pretende establecer una base jurídica para el diseño de un sistema estatal de cuidados, promoviendo un principio de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la comunidad. La propuesta propone adicionar un nuevo párrafo al artículo segundo que reconoce los derechos fundamentales y al artículo segundo bis, que establece los principios de la política social del Estado. Si se aprueba, el Estado tendría la obligación de garantizar este derecho a través de políticas públicas, programas y servicios accesibles, universales y con enfoque de género.

La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Igualdad Sustantiva para su análisis.