Propone diputado “Ley Silla” para garantizar condiciones dignas a trabajadores públicos en Michoacán

Iniciativa busca obligar a instituciones estatales a proveer mobiliario adecuado para sus empleados

Morelia, Michoacán; 2 de abril de 2025 — El diputado Vicente Gómez Núñez presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de garantizar condiciones laborales dignas mediante la implementación de lo que denominó “Ley Silla”.

Puntos clave de la propuesta:

1. Obligatoriedad de mobiliario: Todas las instituciones públicas deberán contar con sillas suficientes para sus trabajadores
2. Prohibición de jornadas de pie: Ningún empleado podrá permanecer de pie durante toda su jornada laboral
3. Entornos laborales adecuados: Se establecerán estándares mínimos de comodidad en espacios de trabajo

El legislador del Partido del Trabajo (PT) por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro argumentó que “es obligación del Estado brindar las herramientas necesarias para un desempeño laboral eficiente y digno”. La iniciativa busca modificar diversos artículos de la ley laboral estatal para hacer efectivo este derecho.

Fundamentos de la propuesta:

• Basada en principios de derechos humanos laborales
• Alineada a estándares internacionales de ergonomía
• Busca prevenir problemas de salud asociados a largas jornadas de pie
• Aplicable a todos los trabajadores al servicio del gobierno estatal

“Esta iniciativa no es solo sobre sillas, es sobre dignidad laboral y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores”, declaró Gómez Núñez durante su intervención, invitando a sus compañeros legisladores a sumarse a la propuesta.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda para su análisis. De ser aprobada, Michoacán se convertiría en una de las primeras entidades en contar con una legislación específica sobre ergonomía laboral en el sector público.

Organizaciones sindicales estatales ya manifestaron su apoyo a la propuesta, destacando que mejorará la productividad y reducirá enfermedades laborales. Las instituciones públicas tendrían un plazo de 180 días para adecuarse a la nueva normativa, en caso de su aprobación.