“Sin libertad de expresión no hay democracia plena”, afirma diputada Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, expresó su rechazo a las amenazas y campañas de desprestigio dirigidas contra los periodistas de Uruapan, subrayando que la labor periodística es esencial para la existencia de una democracia sólida. “No hay democracia plena sin la participación del periodismo”, afirmó.

La legisladora, quien también es comunicóloga y especialista en temas de comunicación, mostró su apoyo al gremio periodístico de esa región y llamó a respetar el ejercicio de esta profesión. Criticó que cualquier actor social, especialmente una autoridad municipal, promueva actitudes de odio o violencia contra los comunicadores, calificándolo como un acto inaceptable que no debe tolerarse.

Arroyo Martínez resaltó el papel fundamental de los medios en la rendición de cuentas y el fortalecimiento democrático, señalando que cuestionar y proponer mejoras a los gobiernos es parte de su función. En este contexto, se reunió con la Mesa Directiva de la Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC), liderada por Roberto Carlos Guevara, para dialogar sobre las necesidades del sector y definir una agenda legislativa y social conjunta.

Durante el encuentro, la diputada escuchó las inquietudes de los periodistas y se comprometió a impulsar iniciativas con enfoque en derechos humanos que beneficien al gremio, además de mantener comunicación con otras organizaciones del ramo. Cabe destacar que en noviembre de 2024, Arroyo presentó una propuesta para reformar el Código Penal de Michoacán, buscando aumentar las penas a quienes atenten contra la vida o integridad de periodistas, con especial énfasis en proteger la libertad de expresión de las mujeres en el ejercicio de esta profesión.

La congresista insistió en que el servicio público no debe ser un medio para ejercer violencia contra quienes informan a la ciudadanía, abogando por sanciones ejemplares que garanticen el respeto al trabajo periodístico en el estado.