ONU exige a EE.UU. informes sobre crímenes de la CIA durante gestión de Bush

Un relator especial de las Naciones Unidas (ONU) exigió a las autoridades estadounidenses publicar el programa de detenciones extrajudiciales, cárceles secretas y traslados de sospechosos de terrorismo desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante la gestión del ex presidente George W. Bush.

El funcionario para la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista, Ben Emmerson, denunció que los documentos secretos protegen los nombres de individuos responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

Manifestó además su preocupación porque aunque el Gobierno de Barack Obama ha rechazado las prácticas de la CIA bajo el mandato de su predecesor, no ha habido un seguimiento al caso “muchos de los hechos siguen siendo clasificados y ningún funcionario público ha enfrentado la justicia en Estados Unidos”.

Emmerson dijo que la “guerra contra el terrorismo”, librada por George Bush luego de los atentados de 2001, implicó clamorosas o sistemáticas irregularidades como la existencia de cárceles secretas en terceros países.

Dijo que “ahora existen evidencias creíbles que demuestran que las cárceles secretas de la CIA se encontraban en Lituania, Marruecos, Polonia, Rumania y Tailandia y que los funcionarios de al menos 49 países ofrecieron su espacio aéreo”.

El fiscal general nombrado por Obama, Eric Holder, precisó que el Departamento de Justicia no investigará a ningún funcionario que haya actuado de “buena fe” y cumpliendo con las directrices legales emitidas por la Oficina de Asesoramiento Legal.

Al respecto, Ben Emmerson consideró que la utilización de las “órdenes de los superiores como defensa” y la invocación del secreto de seguridad nacional supone “perpetuar la impunidad de los funcionarios públicos implicados en estos crímenes”.

Bush autorizó el uso de prisiones secretas de la CIA en el extranjero, según indicó en sus memorias, y ordenó el empleo del ahogamiento simulado, una práctica considerada por expertos en derechos humanos como una forma de tortura prohibida por la ley internacional.

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