La ejecución de Ramiro Hernández, un acto cruel, atroz e ilegal : AI

El día de hoy a las 18.30 horas (hora local de Texas) en Livingston, Texas fue ejecutado mediante inyección letal Ramiro Hernández Llanas. Amnistía Internacional (AI) había denunciado irregularidades en el proceso que culminó con su ejecución.

Amnistía Internacional lamentó lo que consideró como un cruel asesinato que se llevó a cabo en un claro incumplimiento del derecho internacional. Así mismo, la organización transmitió sus más sinceras condolencias a la familia, su defensa legal y amigos.

“No hay nada más absurdo que una atrocidad cometida en nombre de la justicia.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

“Lo que sucedió hoy no fue más que un asesinato, un asesinato fundado en prejuicios raciales. En la mayoría del mundo lo que sucedió hoy sería un crimen, pero las autoridades Texas han tenido el descaro de llamarle justicia.” agregó Perseo Quiroz

En las últimas horas previas a la ejecución de la sentencia, la organización había solicitado a Richard Perry, Gobernador de Texas, una moratoria a la sentencia para dar tiempo a que la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunciara sobre la legalidad de las ejecuciones en casos de personas con discapacidad mental, como era el caso de Ramiro.

La organización había también denunciado que su sentencia se basaba en gran medida en los testimonios de “expertos” de cuestionable credibilidad. Incluyendo el testimonio de un desacreditado especialista en salud mental que fue expulsado de la Asociación Americana de Psiquiatría. Así mismo, durante su proceso legal testigos “expertos” citaron argumentos claramente racistas.

“La pena de muerte es en sí misma contraria a la justicia y una violación a los derechos humanos; cuando ésta es el resultado de un proceso injusto y discriminatorio se convierte en un atroz crimen cometido por las mismas autoridades que tienen como obligación proteger la vida.” Concluyó Perseo.

Amnistía Internacional reiteró su llamado al Congreso estadounidense para que discuta y apruebe sin dilación una iniciativa de ley que obligue a todos los estados que conforman los Estados Unidos a obedecer la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y a revisar los casos de todos los ciudadanos mexicanos condenados a muerte en ese país sin haber recibido asistencia consular, tal y como establece el derecho internacional y la sentencia de la CIJ.