México
La reforma que cambiará instituciones

La reforma político-electoral que aprobó el Senado cambiará dos instituciones importantes: el Instituto Federal Electoral (IFE) que se transformará Instituto Nacional Electoral (INE) y la Procuraduría General de la República que a partir de 2018 será una Fiscalía General de la República.
La sustitución del IFE por el INE elimina la autonomía de los Institutos Electorales Estatales que ahora se denominarán organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral.
El INE contará con diez consejeros electorales y un consejero presidente, de esta manera, aumenta en dos el número de consejeros.
Los consejeros serán seleccionados por una comisión integrada por representantes de la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) .
Pero será la Cámara de Diputados quién elija de las ternas propuestas, si rebasan los tiempos de elección será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien los nombre.
El nuevo INE eligirá a las consejeros electorales estatales federales y tendrá la facultad de designar y remover a los integrantes del organismo superior de dirección del organismo público locales.
El INE será responsable de los comicios en todo el país. El dictamen de reforma sugiere que la organización de las elecciones debe ser una función estatal que se realice a través del INE.
Habrá organismos de dirección, ejecutivos, técnicos y vigilancia para la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, permanencia y disciplina de los servidores públicos del INE y de los organismos locales en materia electoral.
Pero la reforma político-electoral también dispone cambios en la PGR; a partir del 2018 desaparecerá y en su lugar nacerá la Fiscalía General de la República, será un organismo totalmente autónomo del poder ejecutivo.
Tendrá dos fiscalías especializadas una en materia electoral y otra en corrupción. El fiscal general estará en el cargo nueve años.
Para su elección el Senado enviará al Ejecutivo Federal una lista de diez candidatos que a su vez remitirá a la Cámara Alta una terna sugerida de la lista recibida, de ahí el Senado eligirá al fiscal por mayoría calificada.
Para que estos cambios sean una realidad falta la aprobación de la Cámara de Diputados y de los Congresos Locales.
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