Movimiento Ciudadano envía una solicitud para que la ASF revise las licitaciones de Grupo Higa

Ricardo Mejía,vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, pidió al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, que audite los procesos de licitación y contratación de obra pública de los proyectos del Gobierno Federal, entidades federativas y organismos públicos federales y locales, con el Grupo Higa, de 2005 a la fecha.

El oficio señala que es preciso intervenir en el caso, luego de los hechos ventilados públicamente

Según publica Noticias MVS, la solicitud del diputado indica que es necesario revisar el uso de recursos federales que pudieron haber sido entregados a la compañía señalada, en medio del presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias entre el propietario del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa y el Presidente de la República, Enrique Peña.

Fechado el jueves 4 de diciembre, el oficio señala que es preciso intervenir en el caso, luego de los hechos ventilados públicamente, en lo referente a la construcción de la casa de la calle Sierra Gorda 150, donde está involucrada la esposa del Presidente, y donde presuntamente podría haber un conflicto de interés y tráfico de influencias.

Mejía destacó que, a partir de las investigaciones realizadas por algunos medios de comunicación, se han detectado otras anomalías en contratos y obras públicas asignadas por el gobierno del Estado de México, tanto en la presente como en la anterior administración, de ahí que es conveniente revisar exhaustivamente el uso de recursos.

Conforme a los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el máximo órgano fiscalizador tiene las facultades para pedir  a las entidades fiscalizadas, que entreguen informes de “situación excepcional” durante el ejercicio fiscal en curso, sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados, explicó el legislador.

Las instancias fiscalizadas están obligadas a entregar, en un plazo no mayor de 30 días, los informes solicitados por la ASF, que a su vez puede fincar responsabilidades que procedan a promover otras responsabilidades ante las autoridades competentes, dijo el diputado.

Se denomina “revisión excepcional” cuando está relacionada con daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal, al patrimonio de entidades o paraestatales federales, que rebasa 100 mil veces el salario mínimo, y también aplica a posibles actos de corrupción, con desviación de recursos de por medio.

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