Preocupa a AI la seguridad de activistas por el derecho al agua en el Estado de México

Activistas comunitarios en el municipio de Coyotepec, Estado de México, han recibido amenazas telefónicas como resultado de su labor en defensa del derecho a un acceso justo al agua. Amnistía Internacional considera que los integrantes del grupo ambiental se encuentran en peligro de sufrir ataques.

El pasado 15 de marzo, Vicente Moreno Domínguez, integrante del colectivo local que lucha por el derecho al agua, recibió  una llamada telefónica amenazadora de un hombre que no se identificó y que le dijo: “A ti y al japonés se los va a cargar la chingada”. “El japonés” es un apodo de Sergio Velázquez Morales, otro activista comunitario. Ese mismo día, Emeterio Nonato Reyna, otro activista de la misma comunidad, recibió también una llamada telefónica intimidante. Quien llamaba se identificó como “licenciado Carlos”, y dijo: “Ya dejamos por ahí muerto a alguien”.

En septiembre de 2013, Amnistía Internacional denunció un ataque contra Vicente Moreno Domínguez, quien fue apuñalado, y otros miembros de su comunidad que eran víctimas de  persecución por sus actividades pacíficas en defensa del derecho a un acceso justo al agua. Después del ataque se proporcionó protección policial  intermitente a Vicente Moreno Domínguez, pero en enero de 2014 fue suspendida.

El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denegó la protección a Sergio Velázquez Morales basándose en que no se lo consideraba defensor de los derechos humanos.

A mediados de 2013, otro activista comunitario de Coyotepec, Alberto Cruz Luna, quien formaba parte de la misma movilización comunitaria que acusa a las autoridades locales de intentar hacerse injustamente con el control del suministro local de agua fue asesinado.

Al parecer, Alberto Cruz  pudo haber sido asesinado a manos de un trabajador del gobierno municipal.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades federales y estatales a que estas implementen de forma inmediata, y en coordinación con los propios afectados, medidas para garantizar que los activistas por el derecho al agua en el municipio  Coyotepec puedan llevar a cabo su legítima labor sin temor a sufrir represalias.

Así mismo, la organización solicita que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas telefónicas recibidas por Vicente Moreno Domínguez y Emeterio Nonato Reyna, y que se investigue  cualquier posible vínculo con las autoridades municipales, y que todas las personas responsables de estas amenazas comparezcan ante la justicia.

Información adicional

Las personas defensoras y defensoras de derechos humanos y periodistas son con frecuencia víctimas de ataques, amenazas, actos de intimidación, secuestro y homicidio como represalia por su trabajo legítimo y fundamental. Quienes están detrás de esos ataques casi nunca son procesados.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012. Sin embargo, muchos de los más de 100 personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, y eso ha generado frustración, inseguridad y desilusión. Aunque las autoridades afirman que el mecanismo está funcionando eficazmente, está lejos de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades aplican sus medidas de protección en todos los niveles.

La impunidad de que disfrutan los responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades del Estado sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El Mecanismo debe ser sólo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra los periodistas y quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.