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México

Senado aprueba reforma a Ley de Amparo que limita suspensiones contra leyes

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Ciudad de México.- Con una votación de 81 a favor y 37 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó este miércoles 15 de octubre de 2025 la controvertida reforma a la Ley de Amparo, que limita la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones con efectos generales contra leyes y normativas. La minuta, que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados, pasará al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

​El núcleo de la reforma se concentra en la modificación de los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo. El cambio principal impide que, cuando un juez revise un amparo contra una norma general, pueda dictar una medida cautelar (la suspensión) que la detenga de forma generalizada. A partir de esta reforma, cualquier suspensión solo beneficiará a la persona o empresa que haya solicitado el amparo, manteniendo la ley vigente para todos los demás.

​Argumentos del debate

​La discusión en el Senado reflejó una profunda división de opiniones sobre el impacto de la reforma. Legisladores del partido oficialista Morena y sus aliados defendieron la medida como una herramienta necesaria para evitar el “abuso” del juicio de amparo y garantizar la gobernabilidad.

​Según los proponentes, la reforma busca preservar el principio de separación de poderes y la “presunción de constitucionalidad” de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Argumentaron que jueces federales se excedían en sus facultades al frenar la aplicación de leyes completas, lo que, en su opinión, obstaculizaba proyectos de interés público y beneficiaba a intereses particulares que buscaban retrasar indefinidamente la acción gubernamental.

​La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que la modificación elimina la ambigüedad del concepto de “interés público”, evitando así “interpretaciones discrecionales” por parte de los juzgadores. El oficialismo sostiene que la reforma devuelve al juicio de amparo a su principio original, conocido como la “Fórmula Otero”, donde las sentencias solo tienen efectos para las partes involucradas en el litigio.

​Por su parte, la oposición, compuesta por senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como un retroceso para los derechos humanos y un debilitamiento del principal mecanismo de defensa de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder.

​Senadores de la oposición advirtieron que esta ley “busca blindar al gobierno y limitar los derechos ciudadanos”. Sostuvieron que, al eliminar la posibilidad de suspensiones con efectos generales, se deja a la mayoría de la población desprotegida ante la aplicación de una ley potencialmente inconstitucional, obligando a cada ciudadano afectado a iniciar su propio, y a menudo costoso, proceso de amparo.

​Implicaciones de la reforma

​Analistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por las consecuencias prácticas de la reforma. Advierten que podría dificultar la defensa de derechos colectivos, especialmente en temas ambientales, de salud pública o de competencia económica, donde una norma puede afectar a un amplio sector de la población.

​Organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) habían señalado previamente que el amparo es “la última línea de defensa” que debe ser protegida. Expertos en derecho constitucional anticipan que, una vez promulgada, la propia reforma será objeto de múltiples juicios de amparo y podría, eventualmente, ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su constitucionalidad.

Fuentes:

  • Actividad Legislativa: La información sobre el proceso legislativo y los textos de la reforma pueden ser consultados en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación y en las gacetas parlamentarias de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
  • Cobertura Periodística: Medios de comunicación como La Jornada, El Sol de México y Expansión Política dieron seguimiento a la discusión y votación de la reforma.
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