México bajo vigilancia: Las nuevas reformas de espionaje y los riesgos en un contexto de corrupción

En junio de 2025, el Congreso mexicano aprobó un conjunto de reformas que otorgan a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) amplias facultades para intervenir comunicaciones, acceder a datos personales y biométricos, y monitorear actividades sin necesidad de órdenes judiciales en ciertos casos. Estas leyes, denominadas por críticos como “Leyes Espía”, han desatado un intenso debate sobre la privacidad, los derechos humanos y los riesgos de abuso en un país con un historial de corrupción y vigilancia ilegal. Este artículo analiza las implicaciones de estas reformas, sus antecedentes y los peligros que representan en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son frágiles.

Contexto y antecedentes
México tiene una larga historia de vigilancia estatal, a menudo utilizada como herramienta de control político. Desde los pochtecas del México prehispánico hasta la Dirección Federal de Seguridad en el siglo XX, el espionaje ha sido una práctica recurrente, frecuentemente al servicio de intereses políticos más que de la seguridad nacional. En 2017, una investigación del New York Times reveló el uso del software Pegasus para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, un escándalo que evidenció la falta de controles en las prácticas de vigilancia. A pesar de promesas gubernamentales de cesar estas prácticas, el uso de herramientas como Pegasus persiste, según informes de 2023.

Las reformas recientes, aprobadas el 25 de junio de 2025, incluyen la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Estas otorgan a la Guardia Nacional facultades para recopilar datos en espacios públicos mediante cualquier “herramienta tecnológica” y realizar intervenciones de comunicaciones privadas. Además, se crea una Plataforma Central de Inteligencia que centralizará datos personales, biométricos, bancarios y telefónicos, accesibles por la SSPC y otras dependencias. La reforma a la Ley General de Población también propone una CURP biométrica obligatoria, vinculada a datos como huellas dactilares y reconocimiento facial.

Análisis crítico
Facultades ampliadas y falta de contrapesos
Las nuevas leyes permiten a las autoridades acceder a información sensible sin autorización judicial previa en casos relacionados con “seguridad pública”, un término amplio que abre la puerta a interpretaciones discrecionales. Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), estas reformas podrían consolidar un “sistema de vigilancia masiva sin precedentes” en México, afectando la privacidad de millones de ciudadanos. Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han señalado que la ausencia de mecanismos de supervisión independientes y la debilitación de instituciones como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia) agravan los riesgos de abuso.

Riesgos en un contexto de corrupción
México enfrenta desafíos estructurales en materia de corrupción. Según el Índice de Riesgos de Corrupción 2024 del IMCO, prácticas como la adjudicación directa de contratos y el uso de empresas fantasma persisten en el sector público. En este contexto, otorgar amplias facultades de vigilancia a instituciones como la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), plantea serios peligros. Informes previos han documentado cómo el ejército ha utilizado herramientas de espionaje contra activistas y periodistas, a menudo sin justificación legal. La falta de transparencia en la contratación de tecnologías de vigilancia, como Pegasus, y la ausencia de auditorías independientes incrementan la probabilidad de que estas facultades se usen para fines políticos o de represión.

Impacto en derechos humanos
Organizaciones internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, han alertado que el espionaje en México es un “mecanismo efectivo de intimidación” contra periodistas y defensores de derechos humanos. La vigilancia masiva, combinada con la impunidad, podría silenciar voces críticas y restringir la libertad de expresión. Un estudio de Google de 2024 destacó que el entorno digital en México es “particularmente riesgoso” debido a la interacción de amenazas locales y globales. Además, la recolección indiscriminada de datos biométricos, como propone la CURP biométrica, podría vulnerar a sectores marginados, como comunidades indígenas, que ya enfrentan discriminación en el acceso a servicios públicos.

Perspectivas a favor de las reformas
El gobierno de Claudia Sheinbaum argumenta que estas leyes son necesarias para combatir el crimen organizado, como la extorsión y el secuestro, al permitir un acceso más rápido a información clave. Ernestina Godoy, consejera jurídica, ha asegurado que existen “candados legales” para evitar abusos, aunque no se han especificado cuáles son estos mecanismos. Sin embargo, la falta de claridad sobre los procedimientos de autorización y supervisión genera escepticismo, especialmente en un país donde la impunidad alcanza el 95% de los delitos, según el Índice Global de Impunidad 2023.

Relevancia
Estas reformas no solo afectan la privacidad individual, sino que tienen implicaciones profundas para la democracia mexicana. En un país donde el periodismo y el activismo enfrentan constantes amenazas—México es el segundo país más peligroso para periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas—, la legalización de la vigilancia sin controles robustos podría consolidar un “estado espía” que silencie la disidencia. Además, la centralización de datos personales en una Plataforma Central de Inteligencia plantea riesgos de ciberseguridad, ya que México ha sufrido múltiples filtraciones de datos gubernamentales en los últimos años. Para el público general, esto significa una erosión de la confianza en las instituciones y una amenaza a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la seguridad personal.

Conclusión
Las recientes reformas de vigilancia en México representan un intento de fortalecer la seguridad pública, pero su implementación en un contexto de corrupción y falta de transparencia plantea riesgos significativos. Sin controles democráticos claros, estas leyes podrían convertirse en herramientas de represión, afectando desproporcionadamente a periodistas, activistas y comunidades vulnerables. Es crucial que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los ciudadanos exijan una supervisión independiente y una regulación estricta para garantizar que la seguridad no se logre a costa de los derechos fundamentales. El diálogo con las autoridades y la presión internacional serán clave para evitar que México se convierta en un estado de vigilancia masiva.

Fuentes

1. WIRED. “La Ley de la Guardia Nacional podría agravar el espionaje cibernético en México, según organizaciones.” 25 de junio de 2025. https://es.wired.com
2. EL PAÍS México. “Del espionaje a la CURP biométrica: las claves para entender las leyes de seguridad que se discuten en el Congreso.” 28 de junio de 2025. https://elpais.com
3. R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales. “Reformas de ‘Guardia Nacional’ legalizan el espionaje militar.” 13 de junio de 2025. https://r3d.mx
4. IMCO. “La paradoja de la corrupción en México.” 12 de diciembre de 2024. https://imco.org.mx