Poder judicial de Michoacán firma Acuerdo por Michoacán

Morelia, Michoacán.- Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán firmó el Acuerdo por Michoacán en el marco de la responsabilidad de la institución que preside.

Este día, representantes de los tres poderes del estado, partidos políticos, asociaciones civiles, representantes de sectores sociales y empresariales, entre otros, acudieron a esta cita de suma importancia para Michoacán. De acuerdo con Magaña de la Mora, lo que hoy se ha consolidado es la voluntad de todos para ir por un solo objetivo que es el bien del estado.

“El documento que hoy se firma es producto de una serie de reuniones previas y representa la manifestación de la voluntad de todos los grupos que participaron en su elaboración e incluye los diversos puntos de vista”, comentó.

El capítulo cuarto del documento versa sobre Gobernabilidad, Seguridad Pública y Justicia, dentro del cual se propone continuar y acelerar la implementación del nuevo modelo de justica penal en el estado, los juicios orales, la ley de justicia alternativa y la ley de la defensoría pública, el código penal, entre otros.

En él, se señala que la seguridad pública comienza ineludiblemente por la cultura de legalidad y que la corrupción e impunidad son aspectos que desalientan el ánimo de los michoacanos, por lo que también se propone:

· Presentar una agenda de trabajo concreta del Consejo Estatal de Seguridad.

· Construir y operar un modelo único de coordinación para la seguridad, entre la Federación, el Gobierno del Estado y los Municipios.

· Crear una Unidad de Inteligencia Estatal.

· Fortalecer el Sistema de Atención de Emergencias a las Víctimas de Delitos.

· Instalar el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

· Convocar a un foro para la creación de un Modelo de Seguridad Pública con Participación Ciudadana y respeto a los derechos humanos.

· Presentar una propuesta para depurar y profesionalizar la Procuraduría General de Justicia del Estado, considerando la autonomía y profesionalización de los Ministerios Públicos.