Recaudar más

Alejandro Rodríguez Cortés*.

Este domingo fue entregado a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2020, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Programa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año siguiente.

No pudo dejar de llamar mi atención, en primer lugar, lo que es obvio: el crecimiento económico sí importa, aunque se diga lo contrario todas las mañanas. El pronóstico es optimista, por no decir exagerado: la economía de México crecerá entre el 1.5 y 2.5 por ciento el siguiente ejercicio, poco probable si consideramos que en el 2019 este indicador estará más cerca del 0 que del 1 y que el entorno no solo nacional sino global es de desaceleración.

Hay que reconocerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, a pesar de su ambicioso programa de transferencias de bienestar social y de la gran cantidad de recursos que para ello requiere, mantiene una prudencia fiscal que cuida el equilibrio entre los ingresos y el gasto, aunque la meta de superávit primario baje del 1% al 0.7 % del Producto Interno Bruto.

Esto quiere decir que -antes de los compromisos financieros del gobierno mexicano- no se gastará más de lo que se ingresa.

Por eso, el documento entregado a los legisladores por parte de la Secretaría de Hacienda privilegia la parte de ingresos tributarios. El segundo año ya no se puede recortar mucho más al presupuesto de lo que se hizo el primero, y por eso hay que exprimir hasta donde se pueda la capacidad de fiscalización del Sistema de Administración Tributaria, sin quebrar la promesa del mandatario de crear nuevos impuestos o aumentar los ya vigentes.

Agárrense, pues, porque vienen una serie de medidas que buscarán recaudar más a través, por ejemplo, de gravar más eficientemente los arrendamientos, los servicios prestados a través de plataformas digitales, el llamado “outsourcing” laboral y a los vendedores independientes.

Ese es, a mi juicio, la columna vertebral del paquete económico, aunque el domingo circuló desde la mañana una suerte de manifiesto -más conceptual e ideológico que técnico- en el que se resalta la importancia de la transferencia de recursos a adultos mayores, a jóvenes becarios, a campesinos y ejidatarios, además de subrayar hasta el cansancio que no se contratará más deuda ni se generarán impuestos nuevos.

Justamente, ese documento -que yo compararía con el que redactó el propio presidente López Obrador a propósito del Plan Nacional de Desarrollo y que propició el primer desencuentro importante con el mandatario del entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa- detalla las principales medidas recaudatorias, como anexos posteriores a la retórica lopezobradorista de siempre.

No es casualidad que a un documento de propaganda se anexen tablas más técnicas de medidas de fiscalización a personas físicas que se dedican a ventas al menudeo, a servicios digitales de alto consumo (apps tecnológicas), a la venta de tabaco, refrescos y medidas energizantes, a la subcontratación laboral y a arrendamientos, pero que también contiene exenciones especiales a ejidatarios, instituciones asistenciales y personas con discapacidad.

En fin, que lo impreso en el grueso legajo de documentos que entregó el secretario de Hacienda a la flamante nueva presidenta del Congreso de la Unión, estará todavía sujeto al estira y afloja parlamentario, para que a más tardar el 20 de octubre aprueben los criterios económicos propuestos y la Ley de Ingresos para que éstos pasen al Senado (que deberá aprobarlos a más tardar el 31 del mismo mes).

En el caso del Presupuesto de Egresos, el gasto de los dineros y por lo tanto el tema más controversial en la discusión porque todo mundo reclamará su parte, es potestad exclusiva de los diputados, quienes tendrán de plazo hasta el 15 de noviembre para modificarlo y eventualmente aprobarlo para que entre en vigor en el primer minuto del año 2020.

Venga pues, la discusión y las negociaciones político-económicas.

*Periodista, comunicador y publirrelacionista.

@AlexRdgz / elarsenal.net