Reyes Galindo impulsa reforma para proteger la salud mental del magisterio michoacano

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del estado para implementar programas de atención a la salud mental y prevención de la violencia dirigidos a directivos, docentes y personal administrativo de los centros escolares.

La propuesta busca que la autoridad educativa desarrolle protocolos con enfoque interseccional, territorial y preventivo para prevenir y atender casos de violencia contra el personal educativo. Además, plantea la creación de programas integrales que incluyan atención psicológica, capacitación en autocuidado, redes comunitarias de apoyo y seguimiento institucional para garantizar el bienestar emocional de quienes laboran en las escuelas.

Galindo destacó que esta iniciativa responde a la creciente problemática de violencia y desgaste mental que enfrentan los trabajadores de la educación en Michoacán, agravada por la inseguridad, el rezago social y la precariedad institucional, especialmente en zonas rurales y urbanas marginadas. “Docentes, directivos y personal administrativo no solo enseñan, sino que también contienen y cuidan, a menudo sin apoyo ni protección”, señaló.

El legislador denunció que el magisterio enfrenta no solo agresiones visibles, como amenazas de padres de familia o conflictos escolares, sino también un deterioro silencioso de su salud mental debido a la presión burocrática, la sobrecarga laboral y el estrés crónico, que derivan en ansiedad, depresión y agotamiento.

“El cuidado emocional del personal educativo es un derecho humano y laboral básico, indispensable para una educación con sentido humano. Esta reforma es un acto de justicia y una apuesta por el futuro”, afirmó Galindo, subrayando el compromiso histórico del PT con el magisterio michoacano.

La iniciativa, presentada ante el pleno del Congreso, busca establecer una responsabilidad jurídica del estado para proteger a quienes dedican su vida a la formación de nuevas generaciones, en un esfuerzo por saldar una deuda con el sector educativo.