Secoem vigilará cualquier abuso de autoridad del sistema penitenciario

Morelia, Michoacán.- En cumplimiento al compromiso del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para combatir la corrupción e impulsar las mejores prácticas de gobierno y de control interno, la Secretaría de Contraloría que encabeza Silvia Estrada Esquivel será parte de supervisar el sistema penitenciario de la entidad, para conocer su eficiencia y los resultados en la aplicación de los recursos en cuanto a la reinserción de los internos y el respeto de los derechos humanos en los centros de reinserción social.

Esto, en respuesta a los acuerdos derivados de la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado, donde se explicó que se evaluará el desempeño y la eficacia de todo este sistema, desde los términos de seguridad, administrativo y de reinserción social.

En ese sentido, Silvia Estrada Esquivel expuso que la dependencia a su cargo realizará las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia, derivado que los custodios, directores de los citados centros y todo el personal que labora en los centros penitenciarios son servidores públicos y por ende son sujetos de responsabilidad administrativa.

“Se vigilará que la prestación de los servicios públicos sea conforme a los principios de legalidad, eficiencia, honradez, transparencia e imparcialidad; es decir, que la competencia de los servidores públicos, entre otras cosas, incluya los principios de profesionalismo, transparencia y honradez”, señaló la contralora estatal.

Por lo anterior, la titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Michoacán exhorta a denunciar a aquellos empleados del estado que reciban o pidan dinero a cambio de algún servicio, “no se permitirá este tipo de malas prácticas al interior y exterior de los centros, ya que habrá cero tolerancia a la corrupción”, finalizó.

Por lo que puntualizó que no se tolerarán omisiones irregulares cometidos por elementos ni cualquier abuso de autoridad de los servidores públicos, ya que se busca inhibir actos que atenten contra los derechos humanos.