Michoacán
Víctor Manríquez Aboga por Fortalecer los Derechos de las Víctimas de Violencia
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Víctor Manríquez González, ha enfatizado la urgencia de reforzar los mecanismos de atención a víctimas de violencia y garantizar plenamente sus derechos, especialmente ante el alarmante aumento de los índices de violencia en la región.
En su calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Manríquez destacó la necesidad de implementar acciones integrales que no solo combatan la violencia, sino que también brinden apoyo a quienes la sufren.
En este contexto, el legislador propuso la creación de un Centro Estatal de Atención, el cual fortalecería la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Este centro estaría diseñado para ofrecer asistencia legal, psicológica y médica a las víctimas de violencia de género, desplazamiento forzado y otros delitos de alto impacto.
Desde la bancada naranja, se trabaja en una iniciativa legislativa que busca garantizar acciones de reintegración social para las víctimas, lo que incluiría apoyo económico, capacitación laboral y acceso preferencial a programas sociales. Además, se desarrolla una ley estatal de protección a víctimas, que contempla un apoyo integral para quienes han sido objeto de delitos, asegurando la reparación del daño, el acceso a la justicia y la implementación de medidas de protección efectivas.
Manríquez recordó que, aunque en 2014 se estableció la Ley de Atención a Víctimas en el estado, es necesario reformarla para mejorar su aplicación y efectividad. Recientemente, presentó una propuesta para fortalecer esta ley, con el objetivo de ofrecer una mayor protección a las víctimas de delitos en Michoacán.
El diputado subrayó que el estado ha sido testigo de diversas formas de violencia, las cuales han incrementado, afectando tanto la seguridad como los derechos humanos de los ciudadanos. En este sentido, Manríquez enfatizó la necesidad de robustecer el marco legal y establecer una política efectiva que prevenga, investigue, sancione y repare de manera integral los actos de violencia ocurridos en el territorio, así como de ampliar los mecanismos de protección para toda persona frente a la violencia y la inseguridad.
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