105 mil pesos en el nombre de Ayotzinapa

Felipe de la Cruz Sandoval no es familiar de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, pero es el vocero de los padres. Es maestro, pero no imparte clases y destroza escuelas. Sin embargo, tiene un sueldo de 105 mil pesos al trimestre y desde septiembre dirige a los familiares de los normalistas.

Miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Sandoval se dedicaba antes de la desaparición a encabezar paros laborales, cobro ilegal en casetas asaltadas y manifestaciones en Acapulco.

Pero desde septiembre pasado se encarga de extender el caso Iguala, porque éste es considerado por la CETEG otro afluente de conflicto para descarrilar las elecciones para gobernador en Guerrero, programadas para el primer domingo de junio.

Aprovechando el dolor y la comprensible indignación de los padres, Sandoval los conduce a través de una clara estrategia contra el Estado de Derecho y hacia una ruta de ruptura con las instituciones y en fomento de la subversión, como es el ataque a cuarteles del Ejército en Chilpancingo e Iguala.

Sandoval usa el caso Iguala para promover la violencia, en una condenable manifestación de desprecio por las leyes, pues manipula a los padres a sabiendas de que 98 de los autores intelectuales y materiales de la desaparición han sido capturados.

Cobrando sin trabajar, Sandoval lleva a los padres a intentar tomar cuarteles del Ejército a pesar de saber que están presos los autores intelectuales de la desaparición: el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su sucesora y esposa, María de los Ángeles Pineda.

Y Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien ordenó borrar los rastros de lo ocurrido en el basurero de Cocula, donde fueron encontrados restos humanos calcinados; 14 policías municipales de Cocula, 44 de Iguala, 38 miembros del cártel Guerreros Unidos, incluido su líder Sidronio Casarrubias.

Sí, los peritos argentinos consideran que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades en Cocula. “Todavía” no es definitivo, pero para Sandoval sí, porque ello significa que puede extender aún más el caso.

“Mientras ellos nos digan que es necesario hacerlo tenemos que estar de acuerdo porque son los únicos en los que podemos confiar”, dijo. ¿Por qué son los únicos? Pues porque a él le da la gana. Es decir, por lo mismo que cobra 105 mil pesos sin trabajar.

Porque el caso Iguala le permite seguir reventando la Reforma Educativa, cerrar escuelas, robar dinero con la toma de casetas a razón de 90 mil pesos por hora y saquear para llevarse leche, Gansitos y papitas, detergente y lavadoras.

¿Y quién se va a meter con él?

Hombre, si está purificado por las aguas del Jordán de Ayotzinapa.

POR RUBÉN CORTÉS / elarsenal.net