¿Adiós a los encuestadores?

De un plumazo, los peritos valuadores de inmuebles dejaron de existir legalmente, después de tres décadas de tener el reconocimiento de las autoridades federales.

En efecto, sin ninguna explicación o justificación, el reglamento del Código Fiscal de la Federación eliminó a los valuadores –que cuentan con una cédula profesional expedida por la SEP para practicar avalúos fiscales– de la lista de profesionales habilitados para realizar los avalúos fiscales, requisito indispensable para quienes quieran enajenar una propiedad.

En diciembre del 2007, quedó estipulado el Código Fiscal de la Federación –artículo tercero– que los avalúos podrán ser practicados por las autoridades fiscales, las instituciones de crédito y el INDAABIN. Y también, por corredores públicos, empresas dedicadas a la compra-venta de inmuebles y los profesionales que cuenten con la cédula profesional de valuadores expedida por la SEP y estén registrados ante el Servicio de Administración Tributaria, que encabeza Aristóteles Núñez.

La miscelánea fiscal del 2014 impone la creación de ese registro de “personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal” que durante estos siete años, el SAT nunca levantó.

“Los corredores públicos, las empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, las personas que cuenten con cédula profesional de valuadores expedida por la SEP y las personas e instituciones versadas en la materia que presenten sus servicios en poblaciones donde no se cuente con los servicios de los valuadores –de acuerdo a la miscelánea fiscal 2014– podrán continuar realizando avalúos sin que sea necesaria su inscripción en el Registro”.

No obstante, el reglamento del Código Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación justo hace 20 días, contiene una nueva redacción para el artículo tercero.

Las autoridades –define– aceptarán avalúos que elaboren los peritos valuadores acreditados por las instituciones de crédito, los corredores públicos registrados ante la Secretaría de Economía y las empresas dedicadas a los bienes raíces.

Hace dos semanas, los representantes de ese gremio –hay más de 35 colegios de valuadores, que aglutinan a 1,650 profesionales del ramo; en su mayoría arquitectos e ingenieros– comunicaron al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, sobre este gazapo. En su ámbito quedará que proceda una corrección.

“No existe ningún principio bajo el cual la SHCP sustente eliminar a los peritos valuadores para la realización de avalúos fiscales”, establece la misiva, remitida por Armando Escalante Chavira, presidente de la Federación de Colegios de Valuadores.

Los valuadores podrían desaparecer, de un plumazo. Igual suerte correrían los investigadores sociales dedicados a la realización de encuestas de pronóstico electoral, si los contenidos de la reforma política son aprobados en los términos propuestos por el PAN y el PRD.

Y es que en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales habría un apartado que obligaría a los demóscopos a revelar y publicar los datos sobre el financiamiento y las características técnicas de sus mediciones… incluso antes de que hayan difusión en sus sitios de internet o en medios masivos de comunicación.

Y no solo eso. Los encuestadores quedarían obligados a relevar su filiación partidista y/o a hacer público cualquier relación contractual que tengan con los partidos políticos. De igual forma, tendrían que apegarse a los “lineamientos” que emita un comité técnico de expertos. Vaya forma de relevar conflicto de interés y “transparentar” metodologías.

La resolución sobre estos asuntos es inminente pues el Congreso de la Unión se avocará a la discusión y aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma político-electoral, antes de que concluya el periodo ordinario, el próximo miércoles 30 de abril. Es eso, o una crisis constitucional de proporciones nunca vistas y que trascendería al sistema electoral.

EFECTOS SECUNDARIOS

EN EL BAJÍO. En el “Conin”, helicóptero del gobierno de Querétaro, llegó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, al municipio de Arroyo Seco, en la Sierra Gorda. Invitado por el mandatario priista, José Calzada Rovirosa, el prestigiado economista, acompañado por su esposa, recorrió las misiones franciscanas de aquella región durante los días santos.

En otro contexto, más urbano, se vio al consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, junto con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en el “rompimiento” de la Feria de San Marcos. Ambos acudieron al baile de coronación de la reina de las festividades hidrocálidas y al recorrido inaugural, siendo su anfitrión, el gobernador Carlos Lozano de la Torre.

FINALISTAS. Para la selección de los comisionados del nuevo IFAI, solo 22 mujeres se inscribieron y apenas media docena llegaría a la final. Ximena Puente de la Mora, presidenta del Info-Colima– tendría una plaza segura, con el respaldo de su paisano y presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Luis Preciado.

Para la otra plaza reservada a las mujeres, se han rezagado las poblanas Patricia Kurzcyn y Blanca Lilia Ibarra, quienes han sido impugnadas por su pasado polémico y contestatario, lo que demostraría el imperio de los prejuicios de las élites, por sobre los méritos o la experiencia.

¿Y los activistas sociales, como Rogelio Gómez-Hermosillo o Guillermo Noriega? Serán bien evaluados, pero nada más. No los están considerando como parte de un “pleno funcional” en el nuevo IFAI, que será –por obra y gracia de los senadores– un tribunal administrativo y no como una ONG grandota.

Por: Alberto Aguirre / elarsenal.net