Adiós al IFE y la Fepade

La frase es de José Woldenberg, epítome del funcionario electoral exitoso: “salieron a buscar un caballo pura sangre” –resumió el primer presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en referencia a la reforma electoral cocinada por la nomenklatura en el seno del Pacto por México– “y van a regresar con un camello de dos jorobas”. 

En vísperas de que el dictamen que versa sobre diversas iniciativas de reforma constitucional en material político-electoral llegue al pleno del Senado de la República, el proyecto pasó con más pena que gloria en comisiones, donde los legisladores del PAN y del PRI dejaron morir al IFE, para dar paso al nuevo Instituto Nacional de Elecciones.

A la mayoría que sacará adelante esta reforma y también la energética, solo les alcanzó para eso; los consejeros y los magistrados electorales locales prevalecen y –peor aun– seguirán siendo nombrados por los Congresos estatales.

Victoria pírrica de los panistas, que buscaban acotar la injerencia de los gobernadores priistas en los procesos comiciales por obra y gracia de un conjunto de disposiciones constitucionales y ordenamientos jurídicos abultado y confuso, pero precario e insulso.

Allí está la nueva “oficialía electoral”, instancia que asumiría las tareas de investigación de los delitos electorales. ¿Y la Fepade? La sustitución de Ia PGR por una nueva Fiscalía General de la República con carácter autónomo obligará a un ajuste en los organigramas y resolverá en última instancia su destino. Igual pasará con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, obligado por las ocurrencias de los legisladores a modificar de manera sustantiva su arquitectura institucional.

La defunción del IFE y la ampliación de las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán los sellos distintivos de la parte electoral de esta reforma, aunque el incremento del umbral para mantener el registro a los partidos políticos –que afecta a las cuartas fuerzas, principalmente– y la homologación de periodos y número de consejeros electorales, en los contextos locales, también resultan aspectos relevantes.

En el terreno político, queda estipulado en la Constitución que las fuerzas políticas podrán formar gobiernos de coalición. También, la reelección de los senadores, así como de alcaldes, diputados federales y locales. Y las nuevas facultades del Congreso federal, en materia de ratificación de integrantes del gabinete federal.

Ayer, con la ausencia de los legisladores perredistas, sesionaron unidas las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos I y II. Con celeridad, aprobaron el proyecto de dictamen en lo general, pero el diablo está en los detalles y anoche, en la discusión del conjunto de artículos transitorios, encallaron. Al cierre de este espacio, habían decretado un receso para reponer consensos y procedimientos.

Y es que el senador panista Javier Corral había reservado –por considerarlo “de alto riesgo”– el párrafo inicial del segundo transitorio, cuya redacción original estipula que las nuevas disposiciones deberán estar vigentes, a más tardar el 30 de junio del 2014.

“Difícilmente habrá tiempo para su adecuada implementación en el proceso electoral federal 2014-2015” advirtió ayer al mediodía el presidente provisional del IFE, Benito Nacif.

Las indefiniciones y la falta de claridad del pre dictamen aprobado por las comisiones unidas en el Senado de la República motivó que los cuatro integrantes del Consejo General del IFE expresaran públicamente su desaprobación a la reforma político-electoral en ciernes.

“La falta de precisión respecto a las atribuciones de las autoridades electorales abrirá la puerta a una indeseable discrecionalidad y falta de certeza por todos los actores políticos”, criticó Nacif, a nombre de sus colegas, “y la falta de una clara división competencial entre los órganos electorales ponen en riesgo los veinte procesos electorales estatales y el proceso federal que tendrán lugar en el 2015”.

Los consejeros del IFE también se expresaron contra la “concentración de facultades” en el nuevo órgano electoral, aunque paradójicamente dos de ellos –María Marván y Lorenzo Córdoba– buscarían formar parte del INE.

Si el artículo segundo transitorio es recuperado en el Pleno y las legislaturas locales respaldaran la reforma político-electoral en tiempo y forma, se abriría una ventana de tres meses para la elección de los 11 integrantes del Consejo General del INE. Y los actuales consejeros, por obra y gracia de otro transitorio, podrán optar por su inclusión en el nuevo organismo.

En medio de este alboroto, aun anoche se debatía entre aspirantes y legisladores sobre la posibilidad de que antes del 15 de diciembre, la Cámara de Diputados concluya con el proceso de selección de los cinco consejeros electorales faltantes en el IFE.

El empalme con la reforma político-electoral fue el pretexto esgrimido por los integrantes de la Junta de Coordinación Política –a cargo del perredista Silvano Aureoles– para suspender la selección de los candidatos, incluido el nuevo presidente del Consejo General, que serían sometidos a la consideración del Pleno.

Los grupos parlamentarios propusieron a 64 aspirantes. Extraoficialmente, entre los candidatos estarían los ex consejeros electorales Néstor Vargas Solano, Javier Santiago Castillo y Sayonara Flores Palacios; los ex funcionarios del IFE Fernando Aggis Bitar y Manuel Enrique López Bernal y los académicos Roberto Duque Roquero y Ciro Murayama Rendón.

—

Por: Alberto Aguirre M. / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net