¿Adiós al Tribunal Electoral?

A punto de expirar su trienio en San Lázaro, el abogado veracruzano Federico José González Luna Bueno, antier presentó seis iniciativas de ley ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Todas, a título personal, más que en su calidad de presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados o a nombre de la bancada del Partido Verde.

Un efímero pasado docente antecedió su integración a uno de los despachos legales más efectivos en el litigio de las telecomunicaciones en México. Allí estuvo una década, antes de incorporarse a la telebancada.

González Luna Bueno tiene una buena hoja de servicios legislativos y medio centenar de propuestas de puntos de acuerdo e iniciativas que corresponden a la agenda verde y a su campo de especialización. La sexteta de iniciativas que presentó el pasado miércoles 29, trascienden esos temas. Y una, en lo particular, resulta altamente disruptiva por su propuesta: reformar la Constitución para introducir una renovación escalonada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acortar el periodo del encargo de los ministros y desaparecer al Tribunal Electoral.

El Poder Judicial de la Federación –sugirió el legislador del PVEM– quedaría integrado por la SCJN y un Tribunal Constitucional, cuyos integrantes solo resolverían en materia de amparo y de casación.

Los amparos en revisión contra leyes, materia electoral, materia tributaria, acciones y controversias constitucionales, así como funciones de control político, quedarían en la jurisdicción de la nueva instancia, en la que participarían 13 ministros, “con una composición política plural y que se base en designaciones que realicen los órganos constituidos y su competencia será de asuntos de índole constitucional político-electoral”. El Tribunal Constitucional también podría atraer cualquier asunto del ámbito federal o local, y resolverlo en forma definitiva e inatacable.

En la justificación de su propuesta, González Luna Blanco argumentó que este nuevo esquema “desvincularía la política de la administración de la justicia federal. De igual manera, renovaría las estructuras de mando y dirección que existen actualmente en el Poder Judicial de la Federación y delimitaría el poder político que tienen los actuales ministros de la Suprema Corte, evitando que la institución se vea desgastada en asuntos ordinarios o de justicia común”.

El Tribunal Constitucional –de acuerdo al proyecto de González Luna Blanco– estaría integrado por dos ministros designados por el Ejecutivo Federal; cuatro elegidos por la Cámara de Diputados, de los cuales, dos se elegirán por los dos partidos políticos con mayor número de votos, uno por consenso de todas las fuerzas políticas y el ultimo corresponderá al partido político con el menor número de votos; otros cuatro serían elegidos en la Cámara de Senadores, de los cuales, dos se elegirán por los dos partidos políticos con mayor número de votos, uno por consenso de todas las fuerzas políticas y el ultimo corresponderá al partido político con el menor número de votos en dicha Cámara. Y los tres ministros restantes serían seleccionados por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, pudiendo elegir a un solo integrante de la citada Suprema Corte para el Tribunal Constitucional.

Los nuevos ministros durarían siete años en su cargo y tendrían la posibilidad de ser reelectos para un segundo periodo de tres años siempre que el Poder que lo haya designado, ratifique el nombramiento y no haya oposición de al menos cinco integrantes del propio Tribunal.

Después del cúmulo de multas, apercibimientos y resoluciones judiciales dictadas contra el PVEM, por su reiterada trasgresión al modelo de comunicación política durante las pasadas campañas electorales, la iniciativa de González Luna Blanco podría ser interpretada como una tardía expresión de revancha contra los magistrados electorales, pero también sirve como un extraño recordatorio sobre los pendientes de la democratización del régimen político y la rendición de cuentas.

Dentro y fuera del Pacto por México, las cúpulas del PRI, del PAN y del PRD han definido una agenda que necesariamente volverá a discutirse en los órganos legislativos. Allí están: el nombramiento de jefe de gabinete, la definición sobre la constitución de un gobierno de coalición, la eliminación del fuero para todos los funcionarios, la segunda vuelta electoral y la instrumentación de la reelección legislativa y de autoridades municipales, por citar los temas más polémicos.

En el corto plazo tendría que resolverse la reforma político-electoral para el Distrito Federal y la instauración de la Fiscalía General de la República. Y antes, la designación del magistrado electoral que completaría al Pleno de la Sala Superior, que tiene un asiento vacío desde hace seis meses, sin que nada obligue al Senado a reparar esta grave omisión.

EFECTOS SECUNDARIOS

PANZAZOS. Ricardo Anaya y Javier Corral atendieron la convocatoria de la dirigencia panista y participaron en la transmisión por internet conducida por Adriana Pérez Cañedo. La vehemencia de una oratoria hueca llevó al diputado queretano a las fronteras de la incongruencia. “El partido está harto de pleitos internos”, clamó Anaya en su primera intervención para enseguida lanzar una andanada de epítetos contra Javier Corral, al que acusó de fraguar un sabotaje a la interna panista. “¿Por qué no mejor organizas la rebelión de los pluris, a los que sí representas?”, lo emplazó. El senador chihuahuense mordió el anzuelo. “Eres un peón que se presta a todo. Tu pragmatismo no tiene límites”, reviró, “Yo no soy incondicional de nadie, ni tengo compromisos oprobiosos, ni me palomeó mi planilla Moreno Valle”. Vaya espectáculo.

LIMPIEZA. Más de 200 kilómetros de playas en la Riviera Maya se han visto afectados por el sargazo y en medio de un cúmulo de noticias negativas, el gobierno federal no ha querido que los visitantes extranjeros cancelen sus vacaciones. Al tiempo de que cuadrillas de limpieza trabajan a marchas forzadas en siete municipios de Quintana Roo, el Consejo Nacional de Promoción Turística lanzará una campaña informativa en el extranjero, para presumir de la limpieza de las playas mexicanas. ¡Órale!

POR ALBERTO AGUIRRE / SIGNOS VITALES / —Correo electrónico: alberto.aguirre@outlook.com / elarsenal.net