“Antídoto contra los gandallas”

El rostro de la injusticia en México es atroz: de los delitos cometidos cotidianamente, 93.8% no son denunciados por las víctimas ante las autoridades y 65% de las personas sentenciadas tienen entre 18 y 35 años y muy bajos ingresos económicos, lo que se erige en uno de los factores decisivos para obtener acceso a la justicia; 64% de la población tiene temor a ser torturados, en caso de ser detenidas…

“Hoy en México, la justicia es costosa, lenta, poco flexible, lejana y la más de las veces, discriminatoria”, resume Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pero, ¿actualmente es posible generar las bases que permitan edificar una sociedad justa e incluyente? A la indignación ciudadana –materializada por los casos de Tlatlaya e Iguala–, la Presidencia de la República respondió con el compromiso de implementar acciones específicas para asegurar un acceso efectivo a la justicia cotidiana.

“No podemos seguir como estamos y no debemos esperar que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde”, sostiene el doctor en derecho, quien atendió la convocatoria formulada por el director general del CIDE, Sergio López Ayllón, para integrarse al equipo académico que atenderá la instrucción presidencial de contar con un diagnóstico concreto, real, vivencial del aparato judicial del país.

Entre los profesores e investigadores de las ciencias jurídicas y penales, el consenso es abrumador: la falta de gobernabilidad y crecimiento están directamente correlacionadas con el escaso acceso a la justicia y la poca confianza ciudadana en los impartidores de justicia.

“Enfrentamos una crisis social e institucional, caracterizada por un sistema de justicia defectuoso, un escaso compromiso con los derechos de las personas y una conflictividad social que no encuentra cauce ni solución en instituciones y leyes accesibles y vigentes. El mal de la corrupción y sus efectos –destacadamente la desconfianza en las instituciones– obstruyen el acceso a una justicia verdadera”, sentenció Pedro Salazar.

Al CIDE se suman 17 escuelas de educación superior, entre ellas el IIJ de la UNAM y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde tendrá lugar el primero foro, sobre litigios laborales, el próximo 22 de enero. A partir de ese jueves, cada semana ocurrirán cinco foros temáticos en Guanajuato, Tijuana, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México. Los martes, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, habrán de celebrarse foros especializados en los que podrán intervenir jueces, magistrados, ministros y demás integrantes del Poder Judicial de la Federación.

La comunidad académica se ha comprometido a realizar una consulta plural, abierta, que escuche los problemas de los ciudadanos y resulte útil a la sociedad. Y entre el 15 de enero y el 28 de febrero, serán recopilados –vía electrónica– testimonios, propuestas o comentarios de los ciudadanos de a pie, a través de la página de internet www.justiciacotidiana.mx  (desarrollada por Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación) o bien utilizando la aplicación “justicia cotidiana” ya disponible en versión Android y próximamente en otras plataformas.

“Sin Ayotzinapa, este tema no estaría presente en la agenda pública”, consideró Ana Laura Magaloni, profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, “y debemos tener claro que en 40 días es imposible revertir con el lastre histórico de la injusticia y la desigualdad”.

Los académicos se han comprometido a presentar al Ejecutivo Federal un conjunto de recomendaciones puntuales que serían el punto de arranque para la construcción de una agenda que facilite el acceso a la justicia en México, el próximo 3 de marzo.

Justo antes de su entrevista con Barack Obama, el Ejecutivo federal promulgó la nueva Ley Nacional sobre Mecanismos Alternativos en Materia Penal y dos reformas: una al Código Federal de Procedimientos Penales y, la segunda, al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero los transitorios no especifican su entrada en vigor. Un nuevo entramado legal, como acompañamiento a la nueva figura que sustituirá a la PGR. ¿A la Fiscalía General llegará Eduardo Medina-Mora? Y lo más relevante: ¿quién sería el representante del gobierno peñista en Washington D.C.?

EFECTOS SECUNDARIOS

ESTRATÉGICOS. en el 2015, Para consolidar su presencia en el mercado inmobiliario nacional, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, desplegará cinco programas: en el primer trimestre aplicará un programa piloto para la reestructuración de créditos denominados en salario mínimo a pesos y a lo largo del año, procurará la eliminación de los gastos de titulación, financieros y de operación para acreditados con ingresos menores a 2.6 salarios mínimos, lo cual representa 491 millones de pesos de beneficios.

¿INDEPENDIENTE? Las redes sociales irrumpen en las precampañas. En Twitter, bajo el hashtag #unrectorgobernador, ha surgido una campaña a favor de David Noel Ramírez, rector del Tecnológico de Monterrey, como candidato a la Gubernatura. El PRI y el PAN han iniciado sus procesos internos para definir a su abanderado, ¿el PRD adoptaría al académico o este buscaría una candidatura independiente?

ASPIRANTES. En pos de la candidatura del PRI a la gubernatura de San Luis Potosí hay una docena de aspirantes y el escenario real de una derrota, ante la mala gestión del actual mandatario, Fernando Toranzo. En estricto orden alfabético, los aspirantes son: Juan Manuel Carreras, Elías Dip Ramé, Enrique Galindo Ceballos, Mario García Valdez, Yolanda González Hernández, Luis Antonio Mahbub, José Ramón Martel, Fernando Pérez Espinoza, Jesús Ramírez Stabros, Salomón Rosas Ramírez y Juan Carlos Valladares, empresario con un exitoso historial en el negocio del acero, además de la construcción y operación de obras civiles, entre ellas los dos hospitales más importantes de la entidad.

— Correo electrónico: aam@mexico.com

POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net