“Asesinados por informar”

¿Fotorreportero empírico o taxista-informante al servicio del PRI? José Moisés Sánchez Cerezo, de 49 años de edad, realizó estudios en derecho y llevaba más de dos décadas dedicado a las tareas periodísticas, siempre en El Tejar, la comunidad más poblada a las afueras de la cabecera municipal, en Medellín de Nicolás Bravo, Veracruz.

Justo hace cuatro semanas –la noche del viernes 2 de enero–, un comando armado irrumpió en su casa, ubicada en la colonia Gutiérrez Rosas. Los familiares denunciaron que arribaron tres vehículos, de los que bajaron varios hombres fuertemente armados, ingresaron al domicilio y forzaron a Sánchez Cerezo subir a uno de los vehículos; también se llevaron una cámara fotográfica, una computadora y varios teléfonos celulares.

Con ese equipo nutría las páginas de La Unión, un periódico semanal de distribución gratuita, y una página en Facebook de su propiedad, con una leal audiencia en El Tejar, Puente Moreno, y otras congregaciones de Medellín, entre ellas la propia cabecera municipal.

Entre el periodismo ciudadano y la nota roja, la información reflejaba la cotidianidad de los municipios jarochos, entre ellos Alvarado, Boca del Río y Veracruz.

“Su desaparición forzada estaría relacionada con su trabajo de informar”, describió Amnistía Internacional, “denunció la corrupción de las autoridades locales y la situación de inseguridad de la zona”. El gobernador Javier Duarte de Olvera dijo que Sánchez Cerezo era un “simple taxista”.

Funcionarios veracruzanos lo describen “reportero empírico”, como muchos colegas que han aprendido el oficio periodístico en la práctica, no en las aulas. Y recuerdan que así también era

Gregorio Jiménez, el periodista de Villa Allende secuestrado y asesinado hace 10 meses.

En cualquier caso, lo más cercano a la verdad sería reconocer a José Moisés Sánchez Cerezo como ruletero, tiendero… y activo militante del PRI. Información de primera mano –a la que el mandatario priista tuvo acceso tardíamente– confirma que el bloguero formaba parte de una red de informantes que desde el 2006 había sido habilitada por instancias gubernamentales, para contrarrestar a los “halcones” desplegados por las organizaciones criminales.

A la mitad del sexenio que encabezó Fidel Herrera Beltrán ya había en toda la entidad un conjunto de informadores que, al igual que Sánchez Cerezo, fueron dotados de una cámara, una laptop y una tarjeta BAM.

En el caso particular del director de La Unión, la concesión para su taxi y la patente para vender azúcar a granel y otros productos de primera necesidad en un estanquillo de la congregación de El Tejar efectivamente están más vinculadas a su trabajo político que a su quehacer periodístico.

Y es que además de fungir como representante del PRI ante la junta electoral distrital, abanderó a esa formación política en la elección por la Agencia Municipal de El Tejar, cuyos titulares –de acuerdo a la legislación veracruzana– son servidores públicos que operan en una demarcación territorial como auxiliar del presidente municipal.

En el ejercicio de sus tareas informativas, La Unión endureció su línea editorial justo cuando el empresario transportista Omar Cruz Reyes asumió la presidencia municipal. La congregación de El Tejar –donde radicaba el propietario de La Unión– tiene la mayor concentración poblacional del municipio y un incipiente agrupamiento de guardias comunitarias, que al margen de los taxistas de la base de El Moreno, han declarado la guerra a las bandas criminales.

El único nexo entre ambos movimientos opositores era Sánchez Cerezo, quien a través del perifoneo voceaba sus noticias y encabezó varias marcha de protesta por la inseguridad en el municipio. El alcalde panista simplemente ya estaba harto.

Fuentes anónimas a las que el capítulo mexicano de Artículo 19 concedió validez responsabilizaron a Cruz Reyes por la desaparición de Sánchez Cerezo, quien en la víspera se habría enterado de que el alcalde panista trataría de “darle una lección”. El pasado domingo 25, la procuraduría estatal informó del hallazgo del cadáver del periodista, quien habría sido victimado desde el 2 de enero. Sus familiares rechazaron los primeros peritajes y solicitaron a la PGR coadyuvar en la realización de las pruebas periciales necesarias, incluyendo identificación por ADN.

El procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, identificó al ex policía Clemente Noé Rodríguez Martínez como el jefe del comando armado que abdujo a Sánchez Cereso, presuntamente por órdenes de Martín López Meneses, escolta del alcalde panista, quien sería procesado por su responsabilidad en este crimen después de que el Congreso estatal lo someta a un juicio de procedencia y decrete su desafuero.

Al margen de las disputas político-partidistas de la clase política veracruzana, Amnistía Internacional censuró la actuación de las autoridades estatales, que fueron omisas al no haberse enfocado “con la debida diligencia”, en la búsqueda con vida del periodista, cuya desaparición forzada expuso globalmente la crisis de inseguridad que actualmente viven los municipios conurbados al puerto de Veracruz y la operación de grupos criminales, presuntamente al amparo de las autoridades municipales, de origen panista.

Distintas agrupaciones para la defensa de los derechos de los periodistas habían documentado el asesinato de 15 periodistas en Veracruz, en los últimos tres lustros. Y con Moisés Sánchez Cerezo se acumulaban cinco casos de comunicadores desaparecidos en esa entidad.

— Correo electrónico: aam@mexico.com

POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net