“¿Azúcarproa?”

Las medidas de austeridad y racionalidad del gasto, a destiempo. La desincorporación de los nueve ingenios del gobierno federal había sido programada por el Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) para el ejercicio fiscal del 2014. El cronograma de la paraestatal que dirige Carlos Rello Lara marcaba el primer semestre del año pasado como la fecha ideal para la operación.

Amarga sería la venta de los ingenios. El año pasado, sin embargo, habría permitido evitar la mini zafra 2014-2015 y ahorrar recursos adicionales a la SAGARPA, ya que se frenarían algunos gastos de operación –como la compra de materiales y el sostenimiento de los talleres de mantenimiento– y otras erogaciones no recuperables. Pero sobre todo, habría evitado el pago del crédito pendiente con Nacional Financiera, por 1,800 millones de pesos.

Las ventas de ese año, los recursos obtenidos por la venta de los ingenios y los ahorros en los gastos de operación habrían permitido el pago de los residuales pendientes por la operación de la zafra 2013-2014 y habría dejado un remanente de 267 millones de pesos, para hacer frente a los pagos que originaría la extinción de los fideicomisos administrados por FEESA.

La conflictividad social fue el factor determinante que impidió materializar el plan de venta ideado por Rello Lara. Y las consecuencias fueron catastróficas, en términos financieros, para FEESA, que tuvo que proceder a pago de los gastos del ciclo de reparación y de la mini-zafra 2014-2015 y buscar un crédito adicional para hacer frente a las obligaciones crediticias.

A partir de julio del 2014, el Fondo tuvo que entregar 300 millones de pesos mensuales a Nafin, hasta saldar el crédito de 1,800 millones de pesos. Y sin la venta de ingenios, el déficit de operación en el 2014 quedó en 2,600 millones de pesos, mismos que debieron ser aportados por el gobierno federal para permitir la operación y administración de las nueve unidades industriales expropiadas en el 2001 que todavía están bajo su resguardo. En septiembre de aquel año, la administración foxista determinó la expropiación de 27 ingenios azucareros, bajo argumentos de la defensa de los intereses sociales y económicos de la industria y la gente del campo relacionada con el azúcar.

Tres lustros después, esa industria volverá a manos de los particulares, aunque la baja viabilidad financiera y técnica de los nueve ingenios que pondrá a la venta el Servicio de Enajenación de Bienes resulta poco promisoria, aunado a que el negocio está severamente deteriorado.

Desde que inició este sexenio, los ingresos del FEESA han venido en picada. En el 2013, los ingresos fueron 1,7662 millones de pesos menos que en el ejercicio 2012 (la variación es de – 15%). El precio de referencia de la caña fue 39.38% menor que el año anterior, mientras que el incremento de las exportaciones fue de 377% como consecuencia de los excedentes de la producción de azúcar, que en 2013 fue 165.6 millones de toneladas más alta que el año anterior. ¿La venta de los nueve ingenios era la única alternativa? Rello Lara declinó aplicar una política de administración de inventario e impulsar la industria de azúcar liquida.
Partía de un hecho irrefutable: la venta de los excedentes, más que la producción en los ingenios, es el principal problema de los empresarios azucareros. El millón de toneladas ya es el promedio histórico del sobrante.

Con una producción anual de siete millones de toneladas y excedentes por 2.3 millones de toneladas, la industria azucarera mexicana ha planteado soluciones distintas a las exportaciones hacia Estados Unidos, a donde deben entregarse 1.8 millones de toneladas, con la cuota vigente. Algunos empresarios del ramo han planteado informalmente la posibilidad de establecer programas de intercambio de materias primas con Rusia o las naciones Árabes (¿azúcar por gasolina?) o vender el endulzante a los países del sureste asiático, en una reminiscencia del programa lopezportillista que quiso implantarse, hace cuatro décadas.

El peor de los mundos, para el mundo azucarero: la parálisis en la que está inmersa la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo tras del relevo de Diódoro Siller Argüello –quien fue sustituido por un inexperto – frenó el laudo que habría impedido el paro técnico en uno de las plantas de GAM, de Juan Cortina.

EFECTOS SECUNDARIOS

POLÉMICOS. En respuesta a los señalamientos de la CIRT –que acusó a Dish de poner en riesgo el modelo de comunicación político-electoral vigente– Grupo MVS acusó directamente al abogado Javier Tejado Dondé, de utilizar al órgano representativo de los medios electrónicos “para fines únicos y exclusivos de la empresa en la que trabaja” y, por ende, de ser el autor intelectual de los comunicados. La réplica de la empresa de los hermanos Vargas Guajardo es contundente: “La insana costumbre de arrojar la piedra y esconder la mano es una práctica común de la empresa Televisa, que desde hace tiempo lleva a cabo una campaña de desprestigio que tiene como objetivo desplazar del mercado al único competidor que tiene a nivel nacional en la industria de la televisión de paga”. ¡Órale!

POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net /— Correo electrónico: alberto.aguirre@outlook.com