¿Barreras a los monopolios?

Para incorporar a la iniciativa privada en la exploración y la explotación de los hidrocarburos, el gobierno peñista se inspiró en las experiencias noruega y colombiana. Para “incentivar la competencia económica en todos los sectores de la economía” –según la terminología del caduco Pacto por México– tomó referentes legales actualmente vigentes en Grecia, Gran Bretaña e Israel.

Eso se desprende de la iniciativa que expide la Ley Federal de Competencia, enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, el pasado 19 de febrero. Una propuesta que había sido consensuada por la Secretaría de Economía con los principales agentes económicos en los tres meses previos, pero que en la etapa definitiva solo podrá ser modificada en la Secretaría de Hacienda.

El documento introduce nuevas figuras de intervención, por parte de la autoridad federal, que han disparado las alarmas entre los grandes empresarios. Entre el cúmulo de nuevos conceptos resaltan las facultades para instrumentar medidas para eliminar “barreras de competencia”, para regular el acceso a “insumos esenciales” y la posibilidad extrema de ordenar la desinversión de activos; que quedarían en la potestad de la Comisión Federal de Competencia, si el texto original resulta aprobado.

Pero el artículo 94 del anteproyecto –según han sabido los afectados– es la piedra de toque de esta reforma y no es susceptible de cambios. “Ni una coma podrá modificarse”, han sido advertidos. Ese texto establece que el procedimiento especial sancionatorio que la COFECE debería aplicar en estos casos y da oportunidad a que ex ante solicite una opinión técnica (no vinculante) de la entidad gubernamental encargada del sector, respecto de las medidas que aplicaría, en su caso. Y al igual que las medidas implementadas en materia de telecomunicaciones a finales de la semana pasada, el órgano regulador queda obligado a publicar la totalidad de su resolución en su página de internet y la información más relevante en el Diario Oficial de la Federación.

La desinversión de activos, “en las proporciones necesarios que posibiliten la eliminación de los efectos contrarios a la competencia”, sería la máxima sanción y procedería cuando una violación sea cometida por un agente económico previamente sancionado por prácticas monopólicas o concentraciones ilegales. En el escenario extremo, los afectados tendrán derecho a presentar programas alternativos de cesión, antes de que la Comisión emitiera la resolución correspondiente.

En las últimas semanas se han acumulado dictámenes técnicos –algunos, producto del ejercicio académico; otros, de think tanks que asesoran a hombres de empresa– cuyas conclusiones son dramáticas: esta nueva regulación generaría “incentivos perversos”, en el corto y largo plazos; desalentaría el crecimiento industrial y al final, perjudicaría a los consumidores. Allí están los trabajos del área legal de White & Case y del CIDE y los papers de Matthew Wright, analista en jefe de Economist Inc; y de Anne Perrot y Assimakis Komninos.

Los analistas han observado además que enseguida de la iniciativa presidencial para reformar la Ley de Competencia Económica, el PRD presentó su propia propuesta, con contenidos incluso más agresivos. Esta táctica de tándem confirmaría una nueva práctica, después de la ruptura del Pacto por México, por medio de la que la izquierda lograría incorporar algunas de sus propuestas a las leyes secundarias autorizadas desde la Secretaría de Hacienda.

EFECTOS SECUNDARIOS

ALERTA. Codere, la firma española que hace cuatro años se hizo del 85% de Grupo Caliente, está al borde del colapso, después de que los fondos Canyon Capital Finance y Blakstone, exigieran el pago del capital y los intereses moratorios de la deuda contratada originalmente con Credit Suiosse, BBVA, Barclays y Houston Casuality. En previsión de problemas más complejos, el argentino Daniel Amoroso y el mexicano Mario Madrigal, dirigentes de UNI Juegos de Azar –la organización sindical que defiende a los empleados de la empresa ibérica– han tomado partido y denunciaron “posibles maniobras fraudulentas” de las instituciones financieras, que podrían derivar en la pérdida de fuentes de empleo. ¿Será?

PERFILADOS. Queda una semana –descontando el “puente largo” que se avecina– para que se inscriban los aspirantes a ser nominados por la Junta de Coordinación Política como candidatos al nuevo órgano garante de la transparencia, acceso a la información y la protección de datos personales. Desde ahora podemos adelantar que en la terna para presidir al organismo que sustituirá al IFAI están: Ernesto Villanueva, experto en transparencia, libertad de expresión, telecomunicaciones y rendición de cuentas y Arcadio Alberto Sánchez-Henkel Gómeztagle, quien hasta el 15 de diciembre del 2012, formó parte del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México. Desde entonces y hasta la fecha ha sido titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia en Los Pinos. Pero más que desahogar las solicitudes de información, es el enlace de la Oficina de la Presidencia en los temas de última generación, entre ellos open government. Con algo de rezago, pero mejor fortuna, está el actual presidente del Info-DF, Óscar Guerra Ford, sobre todo porque el requisito de ser abogado, quedó eliminado de la convocatoria. Con esas mismas aspiraciones están Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de Diputados, y Rosa María Bárcena, actual directora de Análisis Normativo y Evaluación de la Información en el IFAI.

—por Alberto Aguirre  / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net