¿Bravatas perredistas?

“La visión de la izquierda” fue el título de la exposición que el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, ofreció en la sede del Woodrow Wilson Center, en Washington DC, hace seis días.

Al igual que Gustavo Madero y César Camacho Quiroz —quienes ya habían pasado por ese think tank—, el dirigente perredista expuso en español, con traducción simultánea. Tuvo menos público que sus homólogos, pero sus palabras causaron un impacto mayor.

Zambrano Grijalva ni se inmutó, cuando Diana Negroponte —una de sus anfitrionas, quien también lo llevó al Brookings Institution— lo presentó como “el ingeniero traga balas”, en alusión a su pasado guerrillero y al apodo que sus compañeros de la Liga 23 de Septiembre le impusieron, con admiración.

Negroponte lo emplazó a responder a cinco temáticas sobre la reforma energética y, particularmente, sobre el riesgo que implicaba la consulta popular al proyecto de Enrique Peña Nieto.

La “apertura indiscriminada” de los hidrocarburos a los capitales foráneos —definió Zambrano— debería generar más preocupación en EU que en México.

“Para hacer realidad la asignación de contratos —tal y como está planteada la reforma constitucional—, se tendrían que hacer expropiaciones en alrededor de 260 municipios establecidos en 12 estados (una parte en los estados fronterizos con EU y los del Golfo de México); expropiaciones de tierra que hoy son propiedad de comunidades indígenas y ejidos que son las que han propiciados muchas luchas de resistencia.

Y no se van a quedar de brazos cruzados cuando les digan que les vendan sus tierras. Van a ver reacciones sociales que a nosotros nos preocupan. Y ya se lo advertimos al gobierno federal”, sentenció.

En el pasado reciente, ya se han cancelado proyectos de inversión por culpa de la conflictividad social: allí está el caso del retiro del consorcio español Mareña Renovable, que fracasó en su intento por desarrollar un campo eólico en un núcleo rural de la región mixe, en Oaxaca, después de que los ejidatarios exigieran un pago mayor por la renta de sus territorios.

Otras empresas ibéricas con planes de inversión en curso debieron modificar sus estrategias a partir de este descalabro, del que resultó damnificado el gobierno de Gabino Cué.

Los capitales que echarían a andar el proyecto Cabo de Oro —en Baja California Sur— no llegarán en el corto plazo. La cercanía de las elecciones locales forzó a las autoridades de la administración panista, que encabeza Marcos Covarrubias, y a los empresarios chinos, que se harían cargo de esa inversión, a aplazar indefinidamente sus planes.

¿Casos aislados? En el mediano plazo, el siguiente punto de contagio podría darse con la llegada de capitales foráneos, atraídos por bondades de la reforma energética.

Las tareas de exploración y explotación de los yacimientos petroleros en mar profundo no representarían mayor problema, pero las concesiones para extraer gas natural de los yacimientos en Sonora y Coahuila o las plantas cogeneradoras de energía eléctrica que construirían empresas trasnacionales podrían extender una cadena de conflictos que brincaría barreras orográficas, hermanaría a comunidades étnicas y fusionaría a sectores políticos considerados como radicales.

Si los conflictos traen notoriedad internacional, entonces las calificaciones crediticias y los costos de intereses pueden verse afectados, con mayores repercusiones en el sector financiero e incluso el erario nacional. Las advertencias formuladas por Zambrano Grijalva ante académicos, legisladores y diplomáticos estadounidenses fueron calificadas como un despropósito en estas latitudes.

Los escépticos podrían observar con detenimiento experiencias anteriores —principalmente, la cancelación de la construcción del proyecto del nuevo aeropuerto internacional en San Salvador Atenco, o la parálisis en la ampliación de la refinería de Tula— que sirven para dimensionar los efectos adversos que estos conflictos ocasionan, a nivel local, regional y nacional.

Para evitar brotes violentos y conflictos socio-económicos entre las empresas petroleras y las comunidades indígenas o ejidatarios —propuso el PRD—, el gobierno federal debe acceder a convocar a la consulta popular sobre la reforma energética. Ni más ni menos.

EFECTOS SECUNDARIOS

INDISCRECIONES. La noche del pasado sábado 31 de mayo, hubo intenso movimiento en la zona poniente de la ciudad de México. Los festejos de Adriana Delgado, la mandamás de Azteca Noticias, y del comentócrata Leo Zuckermann —un jolgorio ochentero, con motivo de sus 50 años— recibieron a algunos testigos de la boda del senador panista Roberto Gil Zuarth con Elia Mary Knight, celebrada más temprano. Legisladores y gobernadores de todos los sellos políticos fueron convidados a uno de los salones del deportivo del EMP, en Constituyentes.

Allí departieron el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Raúl Cervantes; los perredistas Manuel Camacho y Guadalupe Acosta Naranjo; los priístas David Penchyna y José Yunes Zorrilla.

De la cúpula panista, acudió el flamante secretario general del partido, Ricardo Anaya. Y de Los Pinos, Alejandra Lagunes, pero nada más.

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