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En ausencia de José Antonio Meade Kuribreña, quien está en Ginebra, Suiza, Miguel Ángel Osorio Chong, fijó la posición del gobierno federal en torno a las versiones periodísticas sobre el hackeo de las cuentas de correo electrónico de la Presidencia de la República, durante la pasada administración federal, y del espionaje a Enrique Peña Nieto por parte de la NSA.

Por las vías diplomáticas, puntualizó el jefe del gabinete peñista, hubo una reacción firme y enérgica. Y en lo interno, el Ejecutivo federal ordenó a la Secretaría de Gobernación realizar una investigación “que deberá determinar la probabilidad de que hubieran participación de ciudadanos o funcionarios públicos de entonces, que intencionalmente o bien por omisión, negligencia o cualquier otro motivo, hayan desplegado conductas que hubiesen constituido algún tipo de violación a la privacidad de las comunicaciones del entonces gobierno federal, del ex Presidente de la República, de los entonces funcionarios, así como del candidato Peña Nieto y su equipo de colaboradores”.

Una parte de la administración de las comunicaciones vía internet del gobierno federal se hizo visible a finales del sexenio pasado, cuando la entonces vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, encabezó la incursión de la administración calderonista en las redes sociales.

Las indagatorias han quedado a cargo de la coordinación general de prevención de delitos cibernéticos, una división de la Policía Federal, y del CISEN. Ante las sospechas, los encargados del Sistema Internet de la Presidencia de la República (SIP) en la anterior administración han formulado un posicionamiento, a través de María Fernanda Vergara Audiffred, quien respondió a lo publicado ayer en este mismo espacio (“Operación Tamal Blanco”, martes 22 de octubre del 2013).

Dice la ex funcionaria calderonista: “Yo no dirigía el SIP ni en 1995, cuando se registró el dominio presidencia.gob.mx ante NIC México, ni en mayo del 2010, cuando se da la operación Flatquid. Mi ingreso como directora general del SIP ocurrió el 1 de septiembre del 2010. La gestión de correos electrónicos de la Presidencia de la República no era responsabilidad del SIP (que) únicamente utilizaba el dominio en su vertiente web”.

En efecto. Vergara Audiffred, quien después de inscribirse en la licenciatura de filosofía y letras en la UNAM se cambió al ITAM para cursar ciencia política –aunque no se tituló en ninguna de esas escuelas– asumió la dirección del SIP, un área nueva en la coordinación de comunicación social, que se creó a instancias de su jefa, Alejandra Sota Mirafuentes, a mediados del 2010. Desde entonces –según consta en la ficha curricular que aun puede consultarse en el sitio de internetwww.calderon.presidencia.gob.mx– “participó activamente en el diseño y lanzamiento de la nueva estrategia de comunicación digital de la Presidencia”.

Para entonces, llevaba una década en el entorno más cercano a Felipe Calderón Hinojosa. En el CEN del PAN estuvo a cargo de la coordinación de opinión pública, durante la campaña electoral de Vicente Fox y posteriormente se incorporó al staff de ARCOP –la casa encuestadora de Rafael Giménez Valdéz– donde también trabajaron Maira Colín y Rafael Vergara, entre otros ex funcionarios de Los Pinos en el sexenio 20006-2012.

Justo al inicio de ese sexenio fungió como directora general de opinión pública. Y allí estuvo hasta que se hizo cargo del SIP. En su misiva a este espacio, Vergara Audiffred rechaza haber incurrido en “conductas indebidas”, ya sea en ese cargo o como titular del SIP.

“Yo no era directora general del SIP cuando la Presidencia de la República contrató los servicios de la empresa Lunave Multimedios (N.de la R. El socio mayoritario de esa sociedad anónima es Óscar Arzamendi Erosa, quien estuvo casado con Vergara Audiffred) a través de la ITP-006-007-10, del 29 de marzo del 2010; aun más, ni siquiera laboraba en esa dependencia.

“También es falso que existía una amistad desde el ITAM entre Alejandra Sota, Arzamendi y yo; el vínculo entre Óscar y yo no se originó en el ITAM. Ninguno de los dos tuvo una relación de amistad con Alejandra Sota en aquel entonces y Óscar nunca la tuvo”.

En efecto: Sota y Vergara fueron condiscípulas en el ITAM y se hicieron amigas cuando ambas trabajaron en el área de opinión pública del CEN del PAN. Arzamendi –como ayer se consignó– estudió actuaría en esa misma casa de estudios.

“Alejandra Sota y yo tuvimos una relación laboral”, refuta la ex funcionaria de Los Pinos, quien entre febrero y diciembre del 2012 fungió como coordinadora de opinión pública, “y a partir de ello, sin duda una relación amistosa, pero niego categóricamente asociación indebida derivada de la misma”.

Nadie afirmó lo contrario.

EFECTOS SECUNDARIOS

SUCESIÓN. Luego de permanecer cuatro años como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Jorge Dávila Flores enfrenta el que tal vez será su principal reto: garantizar un proceso de sucesión limpio, transparente, y sobre todo legal. Y es que el cambio de estafeta en dicho organismo empresarial, previsto a realizarse en el transcurso de los primeros tres meses del próximo año, parece enturbiarse toda vez que Dávila Flores tiene un candidato afín y otro no. A  diferencia de las últimas cuatro administraciones el proceso de sucesión en Concanaco no será terso, pues por primera vez en 11 años no habrá una candidatura de unidad.

RELEVO. La legisladora priista Itzel Sarahi Ríos de la Mora solicitó licencia para separarse del Senado de la República y poder centrar su esfuerzo en su recuperación física, luego de que sufrió un accidente automovilístico. Mañana rendirá protesta su suplente, Norma Alicia Galindo.

REGULACIÓN. En México se calcula que  5.7 millones son consumidores de mariguana, por eso ante el drama que esto puede significar en una familia, y para evitar abusos en los centros de rehabilitación, la senadora por el estado de Nuevo León, Ivonne Álvarez propuso reformas a la ley para  certificar a las personas e instalaciones donde se ofrezca el tratamiento de las adicciones, privilegiando los derechos humanos, así como la igualdad de género. La Ley contempla la posibilidad de que las acciones de tratamiento contra las adicciones puedan ser involuntarias, siempre y cuando exista el dictamen de un médico en el sentido de que se encuentra comprometida la integridad física personal o de un tercero.

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 por Alberto Aguirre  / elarsenal.net / Correo electrónico: aam@mexico.com