¿Casinos on line?

Tienen una vigencia de cuatro décadas, pero después de nueve años de haber sido concedidos por la administración foxista –el secretario de Gobernación era Santiago Creel Miranda– los permisos para abrir books y bingos en México han sido subutilizados.

Con empresarios sospechosos y demonizados por las autoridades federales, más una decena de abogados que del servicio público brincaron al ramo casinero, la industria de las apuestas quiere incursionar en el mundo virtual y competir con los videojuegos. Los nuevos tiempos –de las tablets y los smart phones– justificarían esa migración al ciberespacio, aunque parece corresponder a los años de acoso por parte de las autoridades regulatorias, desde el trágico evento del Casino Royale, de Monterrey.

Los esfuerzos de los empresarios mexicanos por asociarse con las grandes desarrolladoras de software para las apuestas en línea se han multiplicado en los últimos dos años. El ejemplo más gráfico es el esfuerzo de los hermanos Alfredo y José Ramón Moreno Quijano, quienes de la mano de su socio estadounidense Gordon Burr, trataron de traspasar el permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-BIS, que amparaba la operación de siete locales de Exciting Games y que hace tres meses fue declarado “insubsistente” por la Dirección de Juegos y Sorteos.

Creada en febrero 2006, esa empresa abrió originalmente bajo la denominación Juego de Video y Entretenimiento de Morelos, pero ocho meses después cambió de nombre y se convirtió en subsidiaria de Entretenimiento de México, gracias a la sociedad de los Moreno Quijano –empresarios de origen mexiquense– con Burr, quien desde principios de la década había buscado incursionar en el mercado mexicano con los hermanos Arturo y Juan José Rojas Cardona.

Durante ocho años mantuvieron abiertos los dos locales más grandes de México –los casinos Kash de San Jerónimo, en el antiguo, y de Naucalpan– pero luego de intermitentes escándalos ligados con sus dueños y anteriores asociados (entre ellos, en ex director de la Lotería Nacional, Tomás Ruiz), la instancia regulatoria procedió a clausurarlos, previo desconocimiento de la validez del permiso.

Antes de esa medida administrativa, los probables socios extranjeros de Exciting Games descubrieron que el permiso que ostentaba Gordon Burr acusaba graves visos de ilegalidad, lo que sumado a los constantes escándalos de los hermanos Moreno Quijano hizo crecer su desconfianza.

En el tramo final de esta historia, Exciting Games trata desesperadamente de sobrevivir. El principal promotor de acciones judiciales contra la decisión de González Salas-Petriccoli es el empresario Gordon Burr, cuyos representantes legales han recurrido a los tribunales administrativos para apelar la revocación del permiso e incluso han invocado al Tratado de Libre Comercio –y por ende, a la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo– para rescatar su millonaria inversión.

Sus socios mexiquenses quedaron al margen de este entuerto. Y también, de la sociedad que busca introducir los cibercasinos en México. Pero, ¿sin los Moreno Quijano, cuál es el permiso que habría adquirido Gordon Burr. Mientras este misterio queda desvelado, el pleito entre los accionistas de Exciting Games y el propietario de Juegos de Video y Entretenimiento de Toluca amenaza con extenderse, pues los permisionarios acusan al operador de incurrir en una administración poco transparente del negocio, y haber endeudado a la empresa, comprometiendo la inversión de terceras personas sin tener facultades para ello.

Al margen de estos escándalos, la empresa Ocho Global –operadora del permiso DGJS/P-02/2012 otorgado a Juegos y Sorteos de Jalisco– ha incursionado con fuera en el terreno de las  apuestas deportivas y los juegos de casino on line.

Al igual que los inversionistas involucrados en Exciting Games, en la operación de Ocho Global hay una empresa conjunta… que detenta el permiso DGJS/DGAJ/DEV/0455/2014, expedido por la Dirección General de Juegos y Sorteos apenas el pasado el 4 de junio. ¡Órale!

EFECTOS SECUNDARIOS

ARRANCAN. En esta segunda parte del año se aproximan grandes asignaciones de los contratos de equipo de cómputo del gobierno federal y algunos de los proveedores consentidos en los sexenios panistas –destacadamente TED, de Juan José Álvarez; Theos de Raúl Pinto; Cepra de Joel Sánchez y Altavista de Ricardo Orrantía– están a la caza de los proyectos más grandes.

En puerta están concursos para proveer y operar miles de computadoras, impresión y comunicación para las nuevas Pemex y CFE; además de las secretarías de Salud, de Economía y SCT, donde todo apunta a que el proceso de licitación se definirá entre las empresas Theos o Cepra, fallo en el que tendrá mucha influencia Ricardo Carrillo, director adjunto de Vinculación Administrativa.

Uno de los campos de estas batallas fue la SEDESOL, a través de una modalidad que comienza a ponerse en boga: la adjudicación directa, mediante una ampliación de contrato. Así fue como la empresa a cargo de Joel Sánchez se alzó con un contrato por 600 millones de pesos, que se suman a los 3,500 millones que Cepra obtuvo de las administraciones panistas, mientras que Grupo Theos acumuló 5,200 millones. ¿La joya de la corona? La renovación tecnológica del Servicio de Administración Tributaria, en ciernes.

¿RELEVOS? En vísperas del segundo informe del gobierno, crecen las versiones sobre un inminente ajuste dentro del gabinete peñista. El aparato de salud es una las áreas donde se esperan mayores cambios, si se confirmara la renuncia de la doctora Mercedes Juan López.

 Entre los probables sustitutos estarían los directores del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, y del IMSS, José Antonio González Anaya, quien recientemente se ha involucrado en un litigio por la propiedad de la Zona Dorada, un predio de 10 hectáreas de dunas y vegetación desértica, situado en pleno malecón costero en Coatzacoalcos, valuado en 500 millones de pesos.

Pepe Toño es originario de aquella localidad y enfrenta en los tribunales a su paisano, Inocente Armas Alor, quien obtuvo una suspensión provisional, pero hay un tercer interesado: Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador Fidel Herrera, quien habría comprado una fracción de esos terrenos. El caso fue atraído por la ministra Olga Sánchez Cordero, de la SCJN.

Por Alberto Aguirre /  México / elarsenal.net