“Consunción en Minas”

En la primera quincena del 2014, los representantes de Mineral El Fortín tramitaron los permisos para exportar 350,000 toneladas de hierro sin aglomerar que habían extraído de sus yacimientos, en Villa Purificación, Jalisco. Ese cargamento –valuado en 12 millones de dólares–ya había cumplido con la clasificación arancelaria, cuando los empresarios se desistieron del trámite. Otra remesa –de 450,000 toneladas de hematita y magnetita, también sin aglomerar, valuada en 13.5 millones de dólares–, si obtuvo la autorización de la Secretaría de Economía.

Este año, luego de presentar las solicitudes en tiempo y forma, enviaron su mercancía a Manzanillo. Pero en los técnicos del Servicio Geológico Mexicano situados en esa terminal portuaria dudaron que el mineral proviniera de El Fortín y, enseguida, el subadministrador de la Aduana ordenó que el buque descargara su valiosa carga.

En los patios de la API de Manzanillo están ese y otros lotes de mineral, incautados. La sospecha comprobada de la incursión del crimen organizado en este sector económico justificaría esta medida, pero los dueños de El Fortín impugnaron el dictamen de los peritos del SGM, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el juicio 196/15-07-02-4 consta que los empresarios pudieron comprobar geológicamente que el material incautado provenía de su mina, que un experto independiente validó el cargamento y que la autoridad regulatoria, junto con los representantes legales de la firma de Villa Purificación, revisaron el expediente y no encontraron anomalías o irregularidades.

“Si no jalan con nosotros, no podrán mover su mercancía”, habían advertido funcionarios del SGM a los empresarios quienes en vez de ceder a los chantajes, han decidido contrademandar y reclamar a los administradores de la Aduana de Manzanillo y al SAT, por daños y perjuicios. ¿El monto? 50 millones de dólares… por un problema originado por la Coordinación General de Minería.

Dentro y fuera del gobierno federal crece la molestia contra el titular de esa dependencia, Mario Alfonso Cantú Suárez, quien justo cuando se desarrollan los trabajos de la Convención Minera 2015, enfrenta una andanada de cuestionamientos y críticas. Ayer, un bloque de senadores panistas –en el que están los ex gobernadores Ernesto Ruffo Appel y Juan Carlos Romero Hicks, además de Marcela Torres Peimbert– emplazaron a los titulares de Economía, Ildefonso Guajardo, y de la Función Pública, Virgilio Andrade, a presentar un informe detallado sobre el desempeño de este servidor público.

“Bajo sospecha de fraude y de enriquecimiento inexplicable en los Estados Unidos, tiene varias propiedades en aquél país que no se justifican con el salario que percibe como funcionario público, y ha solapado un sinfín de irregularidades en su carácter de presidente del consejo de administración de la Exportadora de Sal, entre otras: la doble contabilidad de la empresa, el pago de sueldos y sobre sueldos, la venta de la sal a precio muy por debajo de la cotización internacional”.

En efecto, el contador regiomontano preside el consejo de administración de ESSA, la paraestatal en la que el gobierno mexicano está asociado con Mitsubishi. Hace dos años, recordaron los legisladores, los 1,300 empleados de denunciaron públicamente que el corporativo japonés adquiere el 98% de la producción de la salinera ubicada en Guerrero Negro (nueve millones de toneladas, el año pasado) “a precios muy por abajo del mercado, con el daño a la empresa, bajo la complacencia de Cantú Suárez”.

Los senadores establecieron que según el SAT, el consejo de administración que preside el coordinador de Minas estableció un precio de 10.93 dólares por tonelada de sal para Mitsubishi; aunque en los documentos de exportación se registra la misma venta en 20 dólares. Sin contar que esas cantidades siguen estando por debajo del precio internacional.   

En el 2013, la Auditoría Superior de la Federación detectó ventas en las que el precio aplicado fue inferior al costo promedio de producción en el 2013, lo que propició un daño patrimonial a ESSA de 3,412 millones de dólares. El año pasado, la ASF urgió a los administradores de la salinera corregir la política de precios de venta a Mitsubishi. Este año –según los senadores panistas–, el daño patrimonial alcanzaría 50,000 millones de pesos, entre las pérdidas cambiarias y los reembolsos entregados por ESSA a Mitsubishi.

“A pesar de que la ASF ha tenido conocimiento del problema no ha presentado denuncia alguna, tampoco se ha sancionado a funcionario alguno”, condenaron.

 La judicialización de la minería, en pleno. En el primer trimestre de este 2015, los integrantes del consejo de administración de ESSA decretaron unilateralmente la invalidez de los contratos firmados por el ex director, López-Portillo Basave, con tres empresas de alimentos. El más grande era con la firma yucateca Campo México, para venderle 500,000 toneladas anuales de sal fina. El contrato entró en vigor el 1 de enero de 2014 y tendría una vigencia de 10 años. Inicialmente, las partes pactaron un precio de 17.60 dólares por tonelada métrica que se cargara en las barcazas, en la Isla de Cedros, Baja California Sur, pero después de una airada queja e Mitsubishi Corporation –quien es el distribuidor exclusivo de la producción de ESSA–, renegociaron un ajuste, que dejó la cotización en 18.68 dólares.

Los otros dos contratos vigentes –con Experiencia Nutrimental para venderle 490,000 toneladas, por dos años, y con Innofood por 100,000 toneladas, por 10 años– tenían una cláusula de incumplimiento, que impone una penalización por 250,000 dólares a la parte que trasgreda los compromisos adquiridos. Pero los tres consorcios ya fueron a tribunales, para reclamar la reparación del daño. Uno de estos grupos reclama una indemnización de 100 millones de dólares.

En tribunales también deberá resolverse la validez de la concesión del lote minero El Rubí, ubicado en Tapalpa, Jalisco. Alfredo Navarro Alcázar y José Armando Trujillo Hernández recibieron el título 234455 hace seis años; desde entonces acumulan una deuda por 11 millones de pesos, por el impago de derechos y aprovechamientos, por lo que les fue retirado el permiso. Casi de inmediato, la Coordinación General de Minas expidió un nuevo título por 44 años, a favor de Óscar Alejandro Paz y Adán Rivas Valle, quienes quedaron libres de la obligación de pago.

En el otorgamiento de los títulos de concesión, las subdirecciones de cartografía y de obligaciones de la Coordinación de Minas –más que las delegaciones regionales– concentran y procesan las solicitudes. La cancelación –ya sea por violaciones a la normatividad ambiental, por el uso no permitido de sustancias o explosivos, o por el incumplimiento del pago de derechos– puede ser objetada por los afectados. Hasta que sea resuelta la controversia, la autoridad regulatoria podrá expedir un nuevo denuncio… que procederá hasta 30 días después de que el decreto de la libertad del terreno aparezca en el Diario Oficial de la Federación.

 POR ALBERTO AGUIRRE / SIGNOS VITALES / elarsenal.net /—Correo electrónico: alberto.aguirre@outlook.com