¿Desabasto en el Seguro Popular?

Hace siete años, Juan Pablo Gutiérrez se hizo cargo de armar el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, dentro del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces propuso convertirlo en la “referencia” en el levantamiento de mediciones en temas de salud y desarrollo social.

Al margen de las lógicas actuariales que predominan en el INEGI o las perversiones comerciales que dominaron otras áreas gubernamentales en el pasado calderonista, ha podido lograrlo gracias a la asignación directa de una decena de contratos que le han permitido medir el impacto de los principales programas sociales de la administración peñista, entre ellos Oportunidades y el Proyecto de Prevención Social del Delito.

En el cumplimiento estricto de sus actividades sustantivas, el CIEE realizó el estudio de Satisfacción de Afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, por encargo del INSP, que encabeza Mauricio Hernández Ávila.

El estudio determinó, sin lugar a dudas, que sólo dos de las 32 entidades federativas superan el 90% de eficiencia, en cuanto al abasto de medicamentos en las instituciones afiliadas al Seguro Popular.

Antes, el CIEE ya había estudiado las dinámicas del abasto y surtimiento de las recetas en las instituciones de salud públicas. Un reporte previo había evidenciado la gravedad del problema: sólo 13.3% reportó abasto completo, mientras que uno de cada tres usuarios manifestó haber comprado medicamentos con recursos propios al verse impedidos de surtir sus recetas.

El sector farmacéutico vive una época de ebullición. Entre los fabricantes de medicamentos están claros de que está en curso una reconfiguración del mercado, con jugadores fortalecidos (como Silanes que junto con sus socios brasileños decidió incursionar dentro del segmento) y algunos más bajo asedio, como demuestra la reciente ofensiva contra Casa Saba.

La reconfiguración de la distribución de medicamentos en el sector público, específicamente en el Seguro Popular que encabeza el mexiquense Gabriel O’Shea, rebasaría las dimensiones categóricas que desde 2006 se habían venido aplicando, mediante la subrogación de los servicios para distribuir, abastecer y surtir medicamentos a los afiliados al Seguro Popular.

Desde los primeros años de la implementación de este nuevo programa, en la administración foxista, resultó evidente que el desabasto de medicamentos en el IMSS, el Issste y en la mayoría de las instancias estatales de servicios sanitarios se ubicaba entre las principales exigencias de los beneficiarios. La administración calderonista procuró garantizar que los pacientes recibieran, en tiempo y forma, sus medicinas.

El médico ginecobstreta José Angel Córdoba Villalobos encomendó esa misión al economista Salomón Chertorivski Woldenberg quien anteriormente había estado al frente de Diconsa. La logística para entregar alimentos de la canasta básica en las comunidades más alejadas del país podría ser la misma que para distribuir medicinas, pero ese objetivo se pervirtió por la vocación de algunos funcionarios calderonista que desobedecieron las instrucciones presidenciales y prefirieron envilecerse con negocios millonarios.

En cualquier caso, los éxitos presumidos por las administraciones panistas (que consideran al Seguro Popular como uno de sus mayores legados, en términos de beneficios colectivos) no estaban medidos. La nueva administración federal encargó un estudio que evaluara directamente con los afiliados al Seguro Popular su nivel de satisfacción por entidad federativa respecto a la entrega y surtimiento de las recetas médicas que les son prescritas para iniciar sus tratamientos médicos.

El levantamiento en campo se realizó a finales del año pasado, considerando una muestra de 25,369 entrevistas con usuarios del sistema en las 32 entidades federativas. El objetivo primordial fue evaluar la labor que están haciendo las distintas entidades federativas y con ello dar un mejor servicio para a los cerca de 55 millones de usuarios del sector salud.

El estudio reveló que uno de los componentes centrales para satisfacer a los usuarios del Sistema de Protección Social en Salud es lo relacionado con la entrega a tiempo y completa de los medicamentos y la consulta. El universo del estudio estuvo compuesto 74% por mujeres, con un promedio de edad de 34.3 años, 88% se ubican en los dos primeros quintiles de nivel socioeconómico, 19.8% son indígenas, 22.1% habitan en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) y 70.1% habitan en localidades urbanas.

Pero lo más relevante, confirmado por los propios usuarios entrevistados, es que sólo dos entidades, Baja California Sur y Guanajuato superan la métrica del 90% de eficiencia en la entrega puntual y completa de los medicamentos de prescripción ubicados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). Las 30 entidades restantes se encuentran por debajo de este rango.

Así las cosas, durante 2013, con 95% de satisfacción, Baja California Sur fue la entidad federativa mejor ubicada; le siguió Guanajuato con un promedio de 90% y en tercer lugar se ubico Zacatecas con 85% de efectividad, el cuarto lugar lo ocupó Tamaulipas y el quinto Aguascalientes, ambas con aproximadamente 85% de satisfacción.

En la parte baja, al final de la tabla en cuanto al índice de abastecimiento de medicamentos, se ubicaron Jalisco, el Distrito Federal, Quintana Roo y Veracruz con tasas que van del 53, 50, 48 y 30% respectivamente. Así que como le platico, Jalisco y el Distrito Federal, dos de las ciudades más importantes a nivel nacional se encuentran muy mal respecto a la entrega completa y a tiempo de los medicamentos.

EFECTOS SECUNDARIOS

DUDOSOS. Fuera del gobierno delegacional en Benito Juárez, los panistas Rafael Medina y Sergio Eguren no han sido sancionados por la dirigencia nacional de ese instituto político, encabezada por Gustavo Madero. “Les debe muchos votos”, explican al interior del blanquiazul, donde se gesta un movimiento que pugnaría por su inhabilitación como consejeros en el PAN-DF.

 El asunto no es menor, pues su eventual salida altera los equilibrios internos y reposicionaría a la corriente de la senadora Mariana Gómez del Campo”, refieren, “pero empeoraron, desde que se hicieron aliados de Jorge Romero”. Su historia es relevante, porque ambos están en el centro de un grupo político encabezado por el dirigente del PAN-DF y que había conformado una nueva mayoría con otros sectores del partido, declaradamente anti calderonistas.

Los aliados de Madero incluyen a los asambleístas César González Madruga, Olivia Garza, Laura Ballesteros y Federico Doring, quien ha guardado prudente silenció sobre este bochornos asunto. El coordinador de la fracción panista en la ALDF, ausente desde hace un par de semanas, tampoco ha participado de otras polémicas capitalinas. ¿Acaso estará en tierras cariocas?

 Por Alberto Aguirre / Signos Vitales / elarsenal.net