Desaparición de personas

El tema de la desaparición de personas ha estado y estará por largo tiempo en los espacios noticiosos. Desde luego, que cada medio le da el tratamiento que a sus intereses convenga. Si recibe línea de la casa presidencial y sus adláteres, insistirá en la tesis de que en este país la criminalidad ha disminuido aceleradamente. Manejará tasas y porcentajes a su arbitrio, dependiendo del tamaño de la prebenda gubernamental.

Recientemente organizaciones civiles han propuesto al gobierno federal legislar sobre la figura de “colaboración eficaz” con delincuentes, como una alternativa para esclarecer el destino de personas desparecidas. Ante el fracaso manifiesto de las instancias oficiales encargadas de la búsqueda y localización de las y los ausentes, la opción representa un canal de negociación con los criminales para que den información útil que lleve a su ubicación. La contraprestación ofrecida a secuestradores y homicidas tendría que ver con beneficios que el Estado les podría conceder.

En un ciclo de reuniones celebrado en la Secretaría de Gobernación (Segob), representantes de dichas organizaciones enunciaron que hay personas en las cárceles condenadas por el delito de desaparición que saben dónde están los restos o personas vivas, pero no dan información porque el Estado no tiene facultades para negociar con ellos. Sin embargo, se sabe que esta práctica se da, bajo el agua, de vez en cuando.

Sobre este mismo tema, la voz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se hace escuchar. Señala que no hay coordinación entre las instancias de búsqueda; asimismo, que la falta de avance en las investigaciones de personas no localizadas es un hecho tan grave como la desaparición misma. Precisa que es necesario tipificar ampliamente los casos desde la no localización hasta la desaparición forzada o aquella cometida sin participación estatal.

Sin eufemismos edulcorantes establece que, igualmente, se debe penalizar a quienes aun sin haber participado directamente en una desaparición bloqueen una investigación, sea por dolo, por negligencia o falta de voluntad, agravando la sanción cuando se trata de servidores públicos. Para quienes han tenido una mala experiencia en dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR), lo expresado por representantes de la delegación regional del CICR para México y Centroamérica, pareciera tener como destinatarios específicos a quienes están en la nómina de las unidades dedicadas a la investigación de secuestros y delincuencia organizada.

Estos entes burocráticos se comportan como si fueran autónomos, miran con desdén al órgano de control interno de la PGR; para ellos, está claro que la Visitaduría General de la institución es una intrusa que mira por encimita los miles y miles de averiguaciones previas sin ahondar en la gravedad de los errores que se cometen en su integración. Saben que tras el “análisis técnico-jurídico” de los expedientes de los desaparecidos, sólo habrá un informe descafeinado, cosmético, a modo.

Tanto las organizaciones civiles que en días recientes concurrieron a la Segob, como los representantes del CICR han sido receptivos a las aportes de los familiares de los miles de desaparecidos que hay en el país. El engarce de estas fuerzas podría generar las respuestas a la gran tragedia nacional, que las autoridades no han podido concebir.

POR JOSÉ C. SERRANO / COLUMNAS, MISCELÁNEA / elarsenal.net