Desgaste político de la CIDH en caso Iguala

Los cinco expertos de la CIDH cometieron un error de cálculo en el caso Iguala al trabajar a dos carriles desde su incorporación a las investigaciones hace un año:

1.-Alargar las pesquisas para continuar cobrando 136 mil pesos mensuales en cada periodo de seis meses de trabajo.

2.-Dedicarse sólo a desvirtuar la pesquisa oficial sin aportar ellos resultado alguno.

Pero esa táctica dilatoria se les convirtió en boomerang, al dar tiempo suficiente para que en México se conozca a detalle el desaseado pasado de al menos dos de ellos: la guatemalteca Claudia Paz y Paz y la colombiana Ángela Buitrago.

La propia Buitrago aplicó antes esa estrategia, cuando fue fiscal en su país, por lo cual fue destituida en 2010 por el Fiscal General Guillermo Mendoza, pues mantenía estancadas más de 190 investigaciones.

Buitrago fabricó testimonios, delitos y presionó testigos, como en el caso del exsenador Ciro Ramírez Pinzón, quien estuvo preso tres años hasta que la Corte Suprema descubrió las trampas de la fiscal y ordenó su liberación.

De igual manera actuó contra el coronel Alfonso Plazas Vega, a quien acusó de desaparición forzada con declaraciones falsas y mantuvo ocho años preso, hasta que el 17 de diciembre pasado, la Corte lo absolvió, al determinar que las “pruebas” de Buitrago en su contra eran inventadas.

De hecho es básicamente Buitrago quien ha hecho ver mal a los expertos, pues ella aparece ante los medios como líder el grupo, sin ofrecer jamás algún resultado de las pesquisas, pero haciendo declaraciones puramente políticas, cuando su labor tiene que ser estrictamente técnica y jurídica.

“Estamos viviendo una persecución porque estamos incomodando posiciones o decisiones”, asegura Buitrago; mientras su colega Paz y Paz dice, en el mismo tono, que “en la medida en que nos acercamos a lo que ocurrió realmente en Iguala, hay personas que pueden sentir temor”.

Pero ¿qué ocurrió? Porque justamente es para eso que el Estado mexicano les paga 136 mil pesos: para que ayuden a encontrar la verdad de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Y resulta que en un año de labor, y dos millones de dólares consumidos, sus resultados son exiguos.

Porque el “gran hit” de los expertos ha sido “tirar la verdad histórica” de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula, con una hipótesis de su perito José Torero, a partir de “alguna variabilidad en la literatura” y con una visita de media hora al lugar de los hechos.

Lo cierto es que llevan un año haciendo aquí política en favor de la izquierda a la que es cercano su jefe, Emilio Álvarez Icaza. De eso, sí han hecho mucho.

Pero de investigar… muy poco.

POR RUBÉN CORTÉS /  MESA REVUELTA / elarsenal.net