Desilusión por Enlace

Eran las historias perfectas, para la propaganda de la administración calderonista: los niños de la comunidad de La Ilusión del municipio de San Marcos, enclavado en la Montaña guerrerense, obtendrían el primer lugar entre los alumnos educación primaria de sometidos a la Evaluación de los Logros Académicos (Enlace) en los centros escolar de todo el país, en el 2009. Y los mejores de secundaria serían jóvenes radicados en una comunidad duranguense de la Sierra Madre ubicada en el intimidante Triángulo Dorado.

Ambos grupos de alumnos acudían a centros comunitarios atendidos por personal del CONAFE –no por maestros afiliados al SNTE– y, en todo caso, eran la excepción y no la constante del sistema educativo. Para las autoridades federales resultaba por demás enigmático ver que las estadísticas reflejaban que en estados donde la disidencia magisterial –entre ellos Guerrero, Michoacán y Oaxaca– habían suspendido clases durante  prolongados periodos de tiempos en las escuelas públicas, la proporción de alumnos con altas calificaciones en matemáticas increíblemente rebasaba a la media nacional y desafiaba a otras evaluaciones nacionales e internacionales.

Para el 2013 –cuando aplicó la prueba a alumnos inscritos en planteles de educación media superior–, la situación empeoró. En los primeros lugares del ranking nacional se ubicaron Chiapas, Guerrero y Campeche, mientras que Aguascalientes y Querétaro se ubican entre los últimos.

La evidencia recabada entonces por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación dejaba poco espacio para la duda: Enlace se había corrompido en la etapa final del proceso, que no es otra que aplicación de la prueba en las aulas. Las variables para la trampa –según la investigación educativa– eran “muy sutiles y difíciles de percibir” en algunos casos, mientras que otras resultaban muy obvias.

Entre las sutiles se encuentran: 1) enseñar para la prueba y practicar las respuestas y 2) asegurar que los estudiantes de bajo rendimiento no se presenten a clases el día de la prueba. Entre las formas abiertas de corrupción se encuentran: 1) robar y destruir las pruebas, 2) dar a conocer y distribuir los cuadernillos antes del examen, 3) dictar las respuestas correctas a los alumnos, 4) permitir que los estudiantes se copien y 5) cambiar las respuestas de los estudiantes, una vez que éstos entreguen el examen.

“Cuando una prueba se corrompe, como es el caso de ENLACE, sus resultados pierden toda validez y confiabilidad”, sostiene Eduardo Backhoff Escudero, actual comisionado del INEE, quien habla con conocimiento de causa: en 2005 representó a ese organismo en el grupo de trabajo integrado por Reyes Tamez, entonces titular de la SEP, para elaborar lo que originamente se pensó como una “prueba censal que sirviera para detectar las deficiencias de los estudiantes de educación básica en las áreas de lectura y matemáticas”.

Pero al inicio del sexenio calderonista hubo un cambio de planes. Y Con Josefina Vázquez Mota en la SEP, la prueba Enlace se convirtió en un instrumento “de alto impacto” para la evaluación de los docentes, sin prever los cambios necesarios para asegurar el control de su aplicación. Y lo que sería el remedio, empeoró los males.  Allanaron el camino para que la aplicación de la prueba se corrompiera, ya que el interés de docentes y escuelas se centraría en que los estudiantes obtuvieran las mejores calificaciones en la prueba, independientemente de que los resultados reflejaran o no el aprendizaje logrado.

“En vez de informar a la sociedad la desinforma, en vez de rendir cuentas y transparentar lo que sucede, oculta y disfraza la realidad con datos incorrectos”, definió Backhoff Escudero, quien consideró que la suspensión de Enlace en el 2014 es una “decisión táctica” de la SEP que resulta razonable, además por razones eminentemente presupuestales: cada año cuesta cerca de  200 millones.

Los cinco comisionados del INEE respaldaron la decisión de la SEP. En ejercicio de su autonomía, propusieron que la validez de la prueba sea estudiada por un grupo de especialistas, nacionales e internacionales. Y después, estarán en condiciones de emitir recomendaciones sobre el uso futuro de esta prueba, o de cualquier otra, que pretenda aplicarse censalmente.

EFECTOS SECUNDARIOS

AGENDA. Mañana, al mediodía, inicia el segundo periodo ordinario, del segundo año de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Al menos un centenar de iniciativas de ley esperan ser validadas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Los trabajos legislativos no arrancan de cero: 29 proyectos ya fueron dictaminados y otros 20 ya fueron aprobados en comisiones. No obstante, las reformas estructurales contienen plazos fatales que obligan a desahogar sus leyes secundarias. Para la mayoría priísta es prioritaria la definición del marco regulatorio en materia energética y de telecomunicaciones, mientras que el PRD insiste en que discutir la reglamentación de la reforma política.

PÉRDIDA. Hace un par de días, un drone –las aeronaves no tripuladas con las que la Patrulla Fronteriza vigila a los contrabandistas de drogas y de personas a lo largo del Río Bravo– se sufrió un desperfecto mecánico a unos 20 kilómetros al sur-oeste de San Diego y sus operadores, ubivados en Arizona decidieron estrellarlo en el océano Pacífico. El aparato –un Pedrator B– estaba valuado en 12 millones de dólares y era parte de una flota de 10 drones utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional para patrullar la frontera con México. Estaba equipado con un radar diseñado específicamente para ser utilizado sobre el océano.

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Por: Alberto Aguirre M. / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net