Detrás de Prospera

Sin la influencia de Alejandra Sota ni la inteligencia de Rafael Giménez, en Los Pinos hubo un personaje en la administración panista que por las funciones que desempeñaba –definir los temas y contenidos de las campañas gubernamentales, al menos en la primera etapa del sexenio– resultó un pilar de la comunicación calderonista, junto con Gabriel Ávalos y Antonio Sola.

¿Su nombre? Jordi Iñesta Ocampo. ¿Su cargo? Titular de la dirección general de Imagen, Publicidad y Medios de Presidencia de la República. ¿Y su mayor aportación? El logotipo en forma de estrella multicolor que quiso representar “la unidad e interacción armoniosa entre todas las secretarías y entidades federativas para la generación de acuerdos y estrategias  integrales que generen Desarrollo Humano Sustentable en México”.

“Vivir mejor” fue el lema que compró Felipe Calderón, después de descartar una docena de nombres que buscaban encapsular la política social calderonista.

Las encuestas eran contundentes: la población asociaba al  Oportunidades –como bautizó Vicente Fox al programa asistencialista de su administración– con el PAN, incluso en Veracruz, Coahuila o Puebla, donde los gobernadores priistas repartían dádivas indiscriminadamente.

“Con Prospera, las familias ahora tendrán más Oportunidades”, reza uno de los lemas de la administración peñista, que consciente de la penetración de ese concepto, decidió no tirarlo a la basura, sino utilizarlo como trampolín.

¿El cambio de nombre implica una reorientación de la política social? Cierto es que no obstante la multimillonaria inversión de los gobiernos federales en los últimos 25 años, el combate a la pobreza había quedado estancado, lo mismo que el crecimiento económico del país.

Antes y ahora, el objetivo del programa es generar capital social. ¿Cuántos millones de niños pobres terminaron la primaria, cuántos la secundaria e incluso la preparatoria gracias a Oportunidades?

Del Pronasol salinista, al Progresa zedillista… la política social del gobierno federal tomó en 1997 la ruta que lo llevó hasta esta, su versión 2.0, para procurar el desarrollo humano basado en la atención nutricional y al impulso infantil temprano, con salud preventiva en los primeros 1,000 días de vida, y el avance educativo para romper la herencia de pobreza que padecen estos niños, niñas y jóvenes.

 La transformación de Oportunidades en Prospera ha sido bien recibida por los académicos especializados en el combate a la pobreza e incluso por los funcionarios del sector que trabajaron en las últimas administraciones federales, quienes valoran como “muy adecuado” incluir las becas de educación superior, el acceso prioritario de jóvenes de Prospera al Sistema Nacional de Empleo y la conexión con servicios de ahorro, seguros y crédito.

De igual forma, observan positivamente la vinculación con 15 programas productivos, si éstos realmente ofrecen acceso efectivo a los jóvenes y adultos de Prospera que lo requieran. Y es que en esos terrenos, los intentos han sido de pequeña escala.

El nuevo programa de asistencia a la población más desprotegida deberá cubrir casi 6 millones de hogares (28 millones de personas), donde está concentrada casi la cuarta parte de la población del país. ¿El mayor riesgo? Que el nuevo Prospera sea poseído por la tramitología burocrática o quede limitado a pequeños programas, con coberturas de 100,000 o 200,000 personas.

“Siempre hay que tener en cuenta que los mercados no se pueden fabricar por decreto y que hay proyectos llamados ‘productivos’ que en realidad son trampas de pobreza o subsidios disfrazados”, observa el activista social Rogelio Gómez-Hermosillo, quien estuvo al frente del INDESOL y coordinó el programa Oportunidades durante la gestión de Josefina Vázquez Mota.

“Espero que este cambio sea para bien de las familias más pobres de nuestro país y me da gusto que el Programa, ahora Prospera, ocupe el lugar que merece como pieza clave de la política social y no subordinado a otros de menor escala y alcance”, sentenció.

En todo caso, la discusión debe mantenerse más allá de la disputa político electoral, meramente partidista y centrarla como lo es: un tema de desarrollo.

En México,  53 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza, de acuerdo con el CONEVAL. Y según la Secretaría de Hacienda, casi 60% del presupuesto federal se destina al rubro “desarrollo social”.

Según el inventario de programas y acciones federales en estos rubros, el gobierno de la República cuenta con 278 instrumentos distintos para garantizar los derechos de salud, alimentación, bienestar económico, educación y seguridad social de la población, de los cuales 24 están a cargo de SEDESOL, incluido Oportunidades, ahora Prospera.

La información sobre la situación actual y el impacto de Oportunidades, así como del blindaje electoral, los mecanismos de seguimiento y la participación ciudadana en la confección de la política social seguirán bajo escrutinio público. Y es que en vísperas del lanzamiento de la nueva estrategia peñista para el combate a la pobreza, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai) resolvió un recurso presentado por un particular contra la decisión la SEDESOL de declararse incompetente para resolver sobre estos temas.

 EFECTOS SECUNDARIOS

 BOICOT AL BANSEFI. No son los maestros afiliados al SNTE responsables de que el programa lanzado por el gobierno federal para atender el sobre endeudamiento y evitar la recurrencia de los descuentos a la nómina de los maestros, se halla atorado, sino las directivas de las Sociedades Financieras, que se han negado a proporcionar las al Bansefi, que dirige Jorge Estefan Chidiac.

Y colgados de una cláusula de los convenios de colaboración –la prohibición de efectuar otros descuentos de nuevos créditos de nómina, en tanto se encuentren vigentes los créditos otorgados por Bansefi– ampliaron su cartera de productos para los docentes y trabajadores administrativos.

Aun así, el programa, diseñado e instrumentado por Pedro Vázquez Colmenares, cerrará el tercer trimestre del 2014 con más del 60% de los 30,000 créditos autorizados, por un monto superior a los 700 millones de pesos.

por Alberto Aguirre / La Columna / elarsenal.net