Detrás del caso Iguala

¿Los excesos de un narco alcalde o la furia de las bandas criminales contra jóvenes insurrectos que se habían sumado a un movimiento subversivo? Mientras las instancias de procuración de justicia sigan sin esclarecer los hechos acaecidos hace tres semanas en Iguala, se propagarán las especulaciones y, sobre todo, la inestabilidad que tiene en vilo al gobierno del perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero y a su proyecto político.

El restablecimiento del tejido social tiene un aplicación peculiar en “la ciudad del eterno verano”, como quiso el defenestrado alcalde José Luis Abarca que se conociera a su demarcación: al despliegue de los elementos de las guardias rurales y la Gendarmería se sumó la presencia de integrantes de la Unión de Pueblos Organizados, el grupo de autodefensas más grande de Guerrero, que se harán cargo del rastreo de la región, con el único propósito de localizar a los 43 normalistas desaparecidos.

¿Y la policía de Iguala? Prácticamente ha dejado de existir: su comandante está prófugo; una veintena de elementos fueron aprehendidos, bajo sospechas de haber participado en la agresión sufrida por losAyotzinapos y los futbolistas; y el resto fueron remitidos a Tlaxcala, en un arraigo disfrazado de un curso de capacitación.

¿Quién manda en Guerrero? Para Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo tendría que haberse impuesto un mando único policial, si las instrucciones emitidas por el gobernador Aguirre Rivero se hubieran seguido al pie de la letra.

La protección de los centros turísticos estaría bajo su competencia –con excepción de Iguala– mientras que en otros 46 municipios quedarían a resguardo de los grupos de autodefensa, debido al deficiente ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de las autoridades estatales y municipales.

Era Guerrero, no Michoacán. Por razones logísticas, la administración peñista enfiló sus baterías hacia el territorio purépecha y frenó el avance de las Fuerzas Federales a la Tierra Caliente, un espacio geográfico donde las fronteras políticas se diluyen y donde las policías comunitarias y los grupos de autodefensa han asumido el control del orden público, con la tolerancia de las autoridades estatales.

El aumento de la violencia en Guerrero es diametralmente inverso a la respuesta institucional. El vacío de autoridad permitió el surgimiento de las primeras brigadas de “vigilantes”, que sin un liderazgo visible –como el Doctor Mireles o Hipólito Mora, en la vecina entidad– tuvieron poca visibilidad mediática, lo que les permitió una acelerada dispersión en dos terceras partes de los 81 municipios de la entidad, donde se concentran 2.3 millones de guerrerenses.

Y también contaron con el financiamiento de la administración estatal. Al cierre del primer semestre del 2014, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y su apéndice, la UPOGEG, habían recibido 11.6 millones de pesos en numerario, ambulancias, camionetas, vehículos con blindaje, uniformes, despensas, equipos de comunicación, playeras y gorras, entre otros insumos.

De la precaria situación de los cuerpos policiacos en Guerrero quedó constancia en el Informe Especial divulgado por la CNDH el  17 de diciembre del 2013. Por el número de delitos violentos, pero sobre todo por las estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad, el ejercicio de los derechos humanos en Guerrero estaba en riesgo. Aguirre Rivero permitió y legitimó a los grupos de autodefensa.

Y al mismo tiempo impulsó la creación de la Fuerza Estatal y un mando único policiaco cuya inoperancia –en términos reales– permitió las violaciones más graves a los derechos humanos: la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada.

¿Narco policía en Iguala? Formada por 298 elementos, tenían a su disposición 574 armas de fuego, 12 patrullas en regulares condiciones y 18  motopatrullas al inicio del trienio del alcalde José Luis Abarca, quien durante su primer año de gobierno los dotó de uniformes, 321 chalecos antibalas y 118 radios portátiles, pero los sacó del antiguo cuartel municipal, que derruyó para edificar el complejo deportivo “Ángel Aguirre Rivero”, que requerirá de 100 millones de pesos y –por lo visto– quedará inconcluso.

“La prioridad de mi gobierno es la seguridad”, dijo Abarca en su primer informe de gobierno, “por ello hemos emprendido el proceso de saneamiento y capacitación (de la policía) para fortalecer la institución de seguridad”.

Los 350 policías igualtecos –además de los preventivos estaba medio centenar de elementos de tránsito– veían reforzada su actuación con el cuartel regional de la policía estatal –que a raíz del ataque al CERESO de Iguala había sido reconstruido–, la sede de sector de la Policía Federal y el batallón de infantería del Ejército mexicano.

En tanto, más de 150 organizaciones civiles –entre ellas Amnistía Internacional, Fundar, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Red TDT, Serapaz, Más de 131, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, Colectivo 1DMX, así como diversos colectivos de las escuelas de la UNAM y el Politécnico marcharon ayer, en respuesta al llamado formulado por padres, familiares y compañeros de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. “No están solos, su dolor también es el nuestro”, fue su reclamo.

EFECTOS SECUNDARIOS

CALMANTES. Fiel a la costumbre de los poderosos, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Banorte, Guillermo Ortiz Martínez, se presentó puntualmente al restaurante que había pactado con su antiguo amigo y compañero, José María Córdova Montoya. A lo largo de dos horas, ambos personajes –destacados integrantes del gabinete salinista– almorzaron y, sobre todo, hablaron largo y tendido sobre las amenazas del futuro.

Correo electrónico: aam@mexico.com

por Alberto Aguirre / HOY TE RECOMENDAMOS LEER: / elarsenal.net