Dientes, para el IFT

Las reformas estructurales, en más de un sentido, tienen un alto costo. En el terreno estrictamente presupuestal, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones requerirán de casi 3,000 millones de pesos, que serán absorbidos casi completamente por el IFT.

La metamorfosis del Ifetel necesitará este año de 719.3 millones de pesos, en materia de servicios personales. Y otros 2,050 millones para hacer posible que Gabriel Contreras y los demás comisionados de ese órgano autónomo cumplan a cabalidad con sus nuevas atribuciones, entre las que están nuevos mecanismos de supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, así como las acciones tendientes a garantizar la competencia en el sector.

La nueva Ley Federal de Competencia Económica –también en ciernes– contempla la desincorporación de activos para aquellos monopolios que se resistan a la acción del Estado. En materia de telecomunicaciones, la sanción máxima sería la revocación de las concesiones, que podría aplicarse en el caso extremo del incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.

Habría cinco rubros distintos de sanciones, que corresponderán –en todo caso– con la gravedad de la infracción, la capacidad económica de los concesionarios y, en su caso, en la reincidencia.

La sanción inicial sería del 5% de los ingresos de los concesionarios y se duplicaría, en caso de reincidencia, de acuerdo con el proyecto de legislación secundaria enviado al Senado. Este esquema de sanciones sustituiría al viejo sistema, basado en salarios mínimos. Este cambio evitaría excesos en el cálculo de las multas, argumentó el Ejecutivo federal, aunque la iniciativa de Ley faculta a la autoridad regulatoria a solicitar a los concesionarios información actualizada sobre sus ingresos, con el apercibimiento de que, en caso de no proporcionarla, la sanción se impondría en salarios mínimos.

Los concesionarios de la radio y la televisión serán sujetos de sanciones por parte del IFT, en materia de competencia económica, y también de la Procuraduría Federal de Consumidor, cuando se trate de la protección de los derechos de los usuarios, y de la Secretaría de Gobernación, en cuanto a violaciones en materia de tiempos oficiales y concursos.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿SEÑALES? El proceso de consultas, entre los grupos parlamentarios, tenía un plazo perentorio. Incluso el sábado, al mediodía, algunos senadores de oposición enviaban a sus coordinadores parlamentarios comentarios y sugerencias a la iniciativa sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones elaborada por un equipo multidisciplinario, en el que José Antonio Meade tuvo una peculiar e interesante participación. El fin de semana, en Los Pinos trabajaron a marchas forzadas y ayer, al mediodía, el paquete de reformas llegó al Senado. Horas antes, en el restaurante del Four Seasons, desayunaban Luis Maccise, heredero de uno de los grupos periodísticos más poderosos del Estado de México, y el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, líder de la bancada priista en San Lázaro, quien por la noche acompañó a su contraparte senatorial, Emilio Gamboa Patrón y al presidente de su partido, César Camacho Quiroz, en la presentación de la iniciativa de ley en materia político electoral que defenderán los legisladores del tricolor. La recta final del actual periodo de sesiones en el Congreso de la Unión será de antología. El futuro del sexenio peñista podría escribirse en las próximas cinco semanas. La “madre de todas las batallas” será la reforma secundaria en materia energética.

FUEGO AMIGO. ¿Un poco de misoginia o una disputa por una subsecretaría, disfrazada de una revancha? De repente Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos, es el centro de ataques  y reproches laborales coincidentemente con una postura expresada por el Estado mexicano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al interior de la Secretaría de Gobernación explican que detrás de esa ofensiva está un funcionario que cree que cuenta con mayores méritos profesionales y académicos, además de más contactos en los foros internacionales donde se tratan esos asuntos.

DECISIONES. En público y en privado, el procurador federal para la protección del ambiente, Guillermo Haro Bélchez, ha sostenido que  esta a favor del desarrollo económico del país pero sin que esto implique el menoscabo de la ley. Mantendrá esa postura mañana en la tarde, cuando visite al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, a quien compartirá los resultados de la inspección realizada por técnicos de PROFEPA en el predio “El Tucán”, de Cancún, donde se edificaría el polémico Dragon Mart, si la autoridad ambiental otorga los permisos.

DESLINDES. En la definición del presidente consejero del nuevo INE, parecería que el PAN se ha quedado al margen. Y es que la propuesta del Comité Técnico excluyó a Benito Nacif y Arturo Sánchez de esa disputa. El PRD, con el apoyo blanquiazul, avalaría a Lorenzo Córdova o en su defecto, a María de los Ángeles Llandenal, mientras que el PRI tendría su carta fuerte en Marco Antonio Baños. El Partido Verde respaldó a Leticia Soto Acosta.

Esa quinteta es completada por Edmundo Jacobo Molina, quien como secretario ejecutivo del IFE acumuló récord de asuntos corregidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para este mediodía, la Junta de Coordinación Política del Senado deberá divulgar la lista de los finalistas para el nuevo IFAI.

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Por: Alberto Aguirre  / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net