Educación vs Anarquismo; crónica de lo irreconciliable

El pasado 6 de febrero la Cámara de Diputados elevó a rango constitucional la Reforma Educativa propuesta por el Ejecutivo Federal como uno de los 5 ejes rectores de su gobierno, considerados en el llamado Pacto por México; el cual, como sabemos, fue firmado por las principales fuerzas políticas del país.

La Reforma Educativa es fruto de ello, y tres de los objetivos que persigue, son aumentar la calidad de la educación básica, incrementar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior, así como recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional.

En contraste, el mismo 6 de febrero, un grupo de presuntos estudiantes con pasa montañas, irrumpió en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades en Ciudad Universitaria, ocupando las instalaciones con lujo de violencia por espacio de 14 días, manifestando su desacuerdo con la actualización del plan de estudios y liberándolas sólo cuando autoridades universitarias se comprometieron a no tomar represalias contra ellos.

Días antes, el viernes primero y el martes 5 de febrero, alumnos del CCH Naucalpan ingresaron por la fuerza al plantel y cometieron toda suerte de actos vandálicos, destruyendo instalaciones y lanzando petardos que lesionaron a siete trabajadores administrativos.

Casi dos meses después, el 23 de abril, el Tribunal Universitario de la UNAM resolvió expulsar de manera definitiva a cinco de los implicados en los actos vandálicos en el CCH Naucalpan; le suspendió sus derechos a cuatro más, otros dos fueron amonestados y a cuatro de ellos no les aplicó sanción alguna.

Según quedó asentado en un comunicado de la UNAM, las determinaciones del tribunal se tomaron con estricto apego al procedimiento previsto en la legislación universitaria, y las sanciones se impusieron de acuerdo con el grado de participación de cada estudiante y tomando en cuenta las evidencias presentadas en cada uno de los expedientes.

No obstante, previo a esta resolución, la noche del viernes 19 de abril, otro grupo de 15 pseudo estudiantes encapuchados irrumpió en la torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, efectuando pintas, rompiendo vidrios y tomando las instalaciones, para manifestar su apoyo a los estudiantes del CCH Naucalpan cuyos expedientes eran sometidos a procedimiento por el Tribunal Universitario.

Al momento de escribir esta crónica, la rectoría cumplió 11 días de haber sido tomada, sin posibilidades próximas de solución, y pese a que el 24 de abril, autoridades de la UNAM ratificaron y ampliaron una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable por la toma de las instalaciones, presentando nuevos elementos entregados al Ministerio Público Federal por el Abogado General de la máxima casa de estudios, Luis Raúl González Pérez.

El propio Abogado General, ha entregado documentos en dos ocasiones a los encapuchados, para reiterarles la posición enérgica e irrestricta de la autoridad universitaria, de no iniciar diálogo alguno con los inconformes, mientras éstos mantengan tomada la rectoría.

La convicción del Rector de la UNAM José Narro Robles, de su Abogado General, de académicos y estudiantes contrarios a la toma de la Rectoría, quienes piden a los pseudo estudiantes, activistas radicales y provocadores profesionales que entreguen pacíficamente la rectoría, resulta ingenua por decir lo menos.

Lo mismo se puede decir del documento signado por varios ex rectores, entre los que se cuentan Juan Ramón de la Fuente, José Sarukhán, Guillermo Soberón, Octavio Rivero y Francisco Barnés, quienes indignados han exigido la entrega de las instalaciones, e incluso han reprochado la falta de acción de las autoridades federales exigiendo su inmediata intervención.

Dicha ”ingenuidad” queda aún más patente si se toma en cuenta que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ha identificado al menos a tres grupos anarquistas detrás de los pseudo estudiantes embozados.

Dichos grupos, se habrían infiltrado no sólo en movimientos estudiantiles en los últimos meses, sino también en otras movilizaciones sociales y magisteriales, efectuadas en Guerrero, Michoacán, Veracruz y el Distrito Federal.

De acuerdo con la información filtrada por el CISEN, los mencionados grupos tendrían que ver con las movilizaciones del grupo estudiantil “yo soy 132”, con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), y también con algunos de los controvertidos grupos de “autodefensa”, cuyas demandas (más allá de que decidieron tomar la justicia por su propia mano, usurpando la legítima potestad del Estado) siempre recaen en aspiraciones anarquistas con ínfulas de autogestión, como la disolución de congresos locales y gobiernos estatales, la derogación de leyes o reformas legislativas y, en el caso de los grupos estudiantiles más radicales, incluyen la desaparición de instancias como la Rectoría, el Consejo y el Tribunal Universitario.

Además de su patente ingenuidad, tampoco podemos pasar por alto la nula voluntad del Rector Narro para poner una solución al conflicto en la UNAM, pues se niega a asumir el costo político que representa la entrada de las fuerzas del orden en Ciudad Universitaria, pretendiendo endilgarle dicha responsabilidad a las autoridades locales o federales.

Esto último, sin tomar en cuenta que es precisamente la tan defendida Autonomía Universitaria la que se vería en entredicho si corporaciones policíacas, ya sea federales o locales, deciden tomar la iniciativa sin mediar la expresa solicitud de quien tiene en sus manos el destino de la Universidad Nacional Autónoma de México, todavía bien llamada “la máxima casa de estudios”.

Mención aparte merecen las movilizaciones de maestros en Guerrero, quienes a fuerza de bloqueos y marchas, han desafiado hasta el cansancio a la autoridad estatal y federal sin que hasta el momento, pese a la detención de varios de sus integrantes, se vislumbre posibilidad alguna de solución.

El colmo de la violencia y la impunidad se dio el pasado 24 de abril, cuando inconformes con la nueva Ley de Educación, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) atacaron la sede de los principales partidos políticos en Chilpancingo.

Los maestros, aquellos que el sentido común pondría en el pináculo del buen ejemplo, quienes tienen en sus manos la educación y la formación de los niños y jóvenes guerrerenses, han dado sobradas muestras de incultura, barbarie, violencia, vandalismo y anarquismo radical; provocando a una autoridad disminuida, amedrentada y prácticamente inexistente, se abrieron paso cual horda salvaje incontenible, destruyendo, saqueando e incendiando las oficinas del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PRD en la capital del estado, provocando terror en los pobladores y actuando (como ya va siendo costumbre) en la más completa impunidad.

Ahora, en un arrebato de revanchismo tímido, poco creíble y que se antoja además tardío, autoridades estatales hablan de que los maestros inconformes podrían perder sus plazas; de que debido a sus múltiples faltas, se prepara a los relevos que habrán de ocupar sus sitios en las aulas. Lo que no dicen las autoridades, es qué demontres pretenden hacer con aquella caterva de rijosos, si finalmente los remueven de sus cargos; y eso también es de preocuparse, si nos atenemos a todo lo que ya han sido capaces de hacer siendo aún integrantes activos de un aguerrido e irreflexivo magisterio, al cual probablemente, como a muchos otros grupos del viejo sistema corporativista, se le dejó crecer y empoderarse más de la cuenta, desde hace mucho, mucho tiempo.

Visiones muy distintas sin duda, las que hemos presenciado en éstos días…Unos, buscan imponer su voluntad por la vía de la fuerza y la sinrazón; otros, ven en las leyes y en la educación, los ejes fundamentales para el cabal desarrollo del país.

La pregunta es simple…la respuesta, quizás no tanto…

¿Qué clase de país queremos?

Por: Rodrigo Serrano Ávila / elarsenal.net