“El ajuste inminente”

Constructor involucrado en ONG que pugnan por resolver la inseguridad en Cuernavaca, Jorge Messeguer Guillén decidió separarse de las actividades empresariales y emprender una carrera política que lo llevó –en el tramo de una década– al Congreso de Morelos, a la dirigencia estatal del PRD y finalmente, a la secretaría general del gobierno de Graco Ramírez.

 Justo cuando cumplió dos años en el cargo –el pasado 29 de septiembre– decidió presentar su renuncia, con carácter de irrevocable, al gabinete estatal. Por razones personales y profesionales (la candidatura de la izquierda al gobierno de la capital morelense, que se renueva el próximo año) y con el aval de su jefe y amigo. Sin desavenencias o conflictos.

 Messeguer Guillén y Graco Ramírez se contaban entre los principales promotores de la “reestructuración del Estado de Derecho” que esta misma semana corregirá la “debilidad mayor” en el ámbito de la persecución del delito: una reforma constitucional para establecer el mecanismo que formalice la instauración de un mando unificado para las corporaciones de seguridad pública, municipales y estatales. La Policía Nacional, en ciernes.

 El mando único policiaco, en la Carta Magna. Y antes, la instalación de una “comisión de Estado” para enfrentar la crisis de inseguridad que actualmente enfrenta el gobierno federal. Este organismo –en el que tendrían presencia representantes de los tres poderes de la Unión, así de la sociedad civil– trabajaría en la iniciativa de reforma, que vendría acompañada por un paquete de cambios, para endurecer al Código Penal.

Esta versión 2.0 del Pacto por la Seguridad propuesto hace dos semanas por el Ejecutivo Federal vendrá después de la autonomía constitucional que está por resolverse en el Congreso de la Unión, para propiciar mayor objetividad en la medición de la pobreza y en la evaluación de los programas sociales. Y deberá complementar a otro de los capítulos en ciernes de la reforma política: la instauración de la nueva Fiscalía General de la República, que dejará la procuración de justicia en manos de un órgano constitucional autónomo, cuyo titular deberá ser electo por las dos terceras partes del Senado, a propuesta del Ejecutivo Federal.

Osorio Chong anticipó que el Ejecutivo federal corregirá “lo que no ha funcionado y se tiene que renovar”. ¿Ajuste en el gabinete o el gatopardismo oficial? Los cambios legales son inminentes, según confirmaron legisladores federales que han tenido contacto con funcionarios federales en los últimos días y quienes descartan que esta semana ocurra un éxodo de servidores públicos, que se espera en vísperas del arranque de las campañas del 2015.

 Y es que los servidores públicos peñistas tienen un “colchón” de dos semanas, antes de proceder a tramitar sus renuncias. Y conforme se extingue el mes, también se apagan las posibilidades de que Claudia Ruiz Massieu e Ildefonso Guajardo salgan del equipo peñista para competir por las gubernaturas de Guerrero y Nuevo León, respectivamente. De las nueve gubernaturas que estarán en disputa el próximo 7 de junio, solo el colimense Ignacio Peralta, subsecretario de telecomunicaciones, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien es originario de San Luis Potosí, estarían cerca de la nominación.

 Tras la junta del pasado viernes, parecería que el tiempo de la extinción de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, de confirmarse las versiones que circulaban insistentemente a finales de la semana pasada. ¿Y las otras áreas de la administración pública? La cúpula panista intuye que ese ajuste resultará determinante en la definición de su propuesta sobre instaurar un sistema nacional anticorrupción. “Que no pongan gente a modo”, insisten. Y sobre todo, que el nuevo fiscal general no asuma las tareas de combate al cohecho, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses entre los funcionarios peñistas.

 ¿Quiénes se tendrían que ir? Nadie quisiera figurar en la lista de indeseables, pero la mitad del gabinete ha tenido un desempeño deficiente. Entre los más criticados están Mercedes Juan, Gerardo Ruiz Esparza y Enrique Martínez y Martínez.

 EFECTOS SECUNDARIOS

 REQUISA. Tras de un extenuante litigio sobre la concesión otorgada por el gobierno de Panamá para construir y operar la central hidroeléctrica “Bajo de Mina”, un juez de aquella nación centroamericana decretó el embargo de las propiedades de Carlos Slim Helú en aquellas latitudes y que incluyen –de acuerdo con versiones de la prensa local– seis fincas en Chiquirí y dos en la capital panameña, además de un departamento. El empresario mexicano llevó capitales a aquella nación cuando su amigo Miguel Torrijos estuvo al frente del Ejecutivo federal. El gobierno panameño rechazó una “conciliación amistosa” propuesta por Transglobal Green Energy, quien reclamaba la concesión original.

RÉPLICA. Ayer al mediodía, el área de comunicación social de la Secretaría de Economía informó que el Instituto Nacional del Emprendedor, que preside Enrique Jacob Rocha, ganó para México la sede del Startup Nations Summit  2015 de la Red Global de Emprededurismo. Lo que no informó es que el comunicado original provino de Seul, donde fue elaborado y distribuido por una agencia de relaciones públicas.

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POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net