¿El fin del presidencialismo?

Entre los plumazos que decretaron los senadores que tramitaron la reforma político-electoral, destacan dos cambios de fecha: la fecha de la elección federal se recorrió un mes, para tener lugar el primer domingo de junio del 2015, y el sustituto de Enrique Peña Nieto jurará como Presidente de México el 1 de octubre del 2018.

El ajuste en la fecha del cambio de poderes cuenta con un respaldo unánime pues el periodo de validación de la elección presidencial –al menos 60 días– y la entrega-recepción entre la administración saliente y la entrante –cinco meses– retrasan la transición y, por ende, la continuidad de las políticas públicas. Pero, ¿a qué obedece el corrimiento del calendario electoral? A una de las maniobras panistas a las que terminó por acceder la mayoría priista y el gobierno federal, a quienes urge concluir el trámite de la reforma político-electoral en el Congreso de la Unión.

El largo camino de esa reforma registra 36 iniciativas en las últimas dos legislaturas federales. Una, promovida por la senadora Mariana Gómez del Campo, planteó la instauración de una segunda vuelta para los comicios presidenciales, en caso de que ninguno de los candidatos contendientes obtuviera la mitad más uno de los sufragios emitidos –que no, los válidos– en la jornada electoral.

La senadora Gabriela Cueva Barron  presentó otra iniciativa, en el mismo sentido, que además estipulaba que la elección presidencial se efectuara el primer domingo de junio, para que la segunda vuelta se llevara a cabo el segundo domingo de julio, cuando también se elegirán diputados federales y senadores.

Cuevas Barron –quien salvo el trienio en que fue delegada política en Miguel Hidalgo, ha estado en los órganos legislativos desde el año 2000– también propuso la reelección para diputados federales y senadores, hasta por 12 años, y la posibilidad de que alcaldes y delegados en el DF pudieran tener esa oportunidad, inmediatamente.

Las comisiones unidas que resolvieron, en la cámara de origen, esta reforma político-electoral validaron esa propuesta, pero establecieron un candado: si un legislador optara por reelegirse, tendrá que hacerlo por la misma vía y el mismo partido que llegó al cargo. En caso de que fuera un diputado independiente, tendrá que hacerlo bajo esa misma condición. Y no accedieron a respaldar la segunda vuelta.

La decisión final sobre el plazo de aplicación de la reelección –si fuera inmediata o entrara en vigor hasta el 2024– queda en manos de la Cámara de Diputados, donde no conceden posibilidades de que haya un retroceso, en estos ámbitos.

En cambio, alertan sobre los efectos que tendrá la reelección en la definición de los equilibrios de poder, dentro del partido en el gobierno. Y no exactamente por la “rotación de cuadros” que impediría la reelección. “Es el fin del PRI, tal y como lo conocemos actualmente. La reelección es una reforma contra el priismo, por antonomasia”, definió un integrante de la mesa directiva de San Lázaro.

¿Así de grave? Sí, pues de golpe y porrazo, los liderazgos territoriales ven cancelado el sistema de ascenso político que durante décadas –incluso fuera de Los Pinos– alimentó la nomenklatura tricolor: cuando un gobernador decidía imponer a un candidato en un distrito ganable, invariablemente el partido recurría al dirigente de base con más ascendencia en la demarcación y lo obligaba a ir como suplente, con la promesa de que en la próxima sería premiado con la candidatura. Y si el titular pedía licencia a punto de cerrarse la legislatura, lo hacían inelegible, con lo que obligaban a refrescar la clase política local.

Los liderazgos locales, más que los candidatos, han sostenido electoralmente al PRI incluso después de las debacles de 1997, 2000 y 2006. En tierra, los líderes locales hicieron posible el regreso del PRI a Los Pinos –particularmente en la elección federal del 2012, cuando el gasto de la campaña se dispersó en las 300 contiendas distritales– pero la cúpula tricolor terminó por ceder ante las presiones panistas y entregó las llaves del poder. Y es que ahora, por disposición constitucional, los legisladores en funciones –en primera instancia– y no el partido político que lo postuló, ya sea por dedazo o por méritos personales, adquieren el derecho de ser leales a sus electorales. Ni más ni menos.

“Sin el incentivo del dedazo presidencial”, referían anoche en San Lázaro, “en el 2018 nadie tendrá como prioridad un ‘proyecto nacional’ sino repetir en sus distritos”. La lógica de poder, al menos en el PRI, girará 180 grados… y el candidato a La Grande deberá negociar con los caciques locales, empoderados por obra y gracia de una reforma electoral “plagada de posibilidades y ausente de certezas”, según las definiciones la consejera electoral María Marván Laborde, quien ayer asumió la presidencia provisional del IFE.

EFECTOS SECUNDARIOS

REDEFINICIONES. María Marván Laborde es la primera mujer en asumir la presidencia del órgano electoral. Quizá sea la única presidenta del IFE que a su juicio era un organismo “vertical, diáfano y sencillo”, que será suplantado por uno “bizarro, cruzado, fractal que será difícil de administrar”. Desaparece el Cofipe y está en ciernes el nuevo Instituto Nacional Electoral, que no tendrá en su membresía a ninguno de los actuales consejeros ciudadanos. “No me interesa. No voy a participar en el proceso de selección del INE. “Extraño mucho mi cubículo, mi SIN nivel 3, mis asesorías y mis programas de televisión”, atajó el consejero Lorenzo Córdova Vianello.

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