El final feliz de una historia de abuso

Llama la atención el ventilado caso de Stephen Compton, el pintor australiano que llegó a México en el 2009 y que fue víctima del Instituto Nacional de Migración. El hombre entró con una visa de turista. Una estancia de tres meses. Le gustó el país y decidió quedarse. 

Para sobrevivir vendió sus cuadros. La bronca fue que no tenía permiso de trabajo.  

Lo agarró el Instituto Nacional de Migración en diciembre de ese año. Estaba en Acapulco.  Estuvo encerrado la friolera de ¡119 días! en la estación de Iztapalapa, sólo porque tenía vencida la visa y trataba de ganarse la vida.

Compton no era delincuente, ni terrorista, ni nada parecido. Era un ser humano que se enamoró de nuestro país. Se le hizo fácil quedarse.  El australiano se amparó. Ganó. Ya fue liberado y ahora tendrá que ser indemnizado.

Los agentes de Migración hicieron caso omiso de la nueva Ley que los obliga, antes que nada, a ofrecer a un extranjero que no ha delinquido, y que ya rebasó la estancia permitida, regularizar su situación.  

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa condenó al Instituto Nacional de Migración a reparar los daños y a publicar, en el Diario Oficial, un extracto de la sentencia que refleje el alcance de la misma.

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El caso me remontó a mis años de juventud en Francia. Me ocurrió algo similar a Compton. Me quise quedar. Vivía de cantar y tocar la guitarra en el Metro y en los cafecitos del Barrio Latino de París.   Daba para vivir. En varias ocasiones fui a parar a la estación de policía.

Mi visa estaba absolutamente vencida –pasé tres años de mochilero en Europa y París era mi ciudad ancla —pero jamás me expulsaron del país, ni me encerraron, ni me privaron de la forma de ganarme la vida. 

A lo sumo dos horas con los flics (policías) y a la calle de nuevo.     

Eran tiempos de amplia tolerancia en Francia — país que consagró los derechos humanos y en el cual tuve la fortuna de vivir en forma alterna más de una década. Pero esos tiempos lamentablemente ya se fueron.

La resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal sienta un valioso precedente y ayuda a garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a personas cuyos derechos han sido violados durante su obligada estancia en estaciones migratorias.  

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El de Compton no es un caso aislado.  Estamos a años luz de ser un país ejemplo en materia de respeto a los derechos humanos. Ya no digamos en el documentadísimo mal trato a los centroamericanos que cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos, sino en lo que sucede en las famosas estaciones migratorias.  

Casualmente leí ayer un buen trabajo sobre las citadas estaciones en Animal Político, el diario digital que atinadamente dirige Daniel Moreno. La investigadora Aracely Ávila, autora del texto, resume en cuatro palabras lo que allí sucede: una verdadera catástrofe humana.

Cita un documento de la Dirección de Migración de Derechos Humanos (DMDH) que publica los resultados de una encuesta realizada entre extranjeros que han sido huéspedes de las estaciones: 35 por ciento –más de uno de cada tres—afirma que sus derechos humanos fueron violados.  

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Tronó la bomba en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sabemos que el magistrado David Jiménez González fue removido de la Junta de Gobierno no sólo por tomarse atribuciones que le corresponden exclusivamente al pleno de ese organismo, sino por maltrato al contralor, David Colmenares.  

Jiménez se quiso presentar ante los medios como paladín de la transparencia y guardián de los dineros.  Dice que por eso lo removieron de la Junta.  Lo que no dijo es que quiso asumir facultades que son exclusivas del pleno del Tribunal –al que ni siquiera pertenece: Exigió al contralor Colmenares le entregara resultados de las auditorias del 2011, 2012, 2013 y 2014, y un reporte de la gestión Sistema Juicio en Línea del 2014.

Dice que la información le fue negada, pero ya lo balconearon en el Tribunal: Los resultados de las auditorias 2011 y 2012 son del conocimiento púbico. Están en los informes anuales.  El reporte del Sistema Juicio en Línea forma parte de los Informes anuales.

El del 2013 está en curso y el de 2014, pues apenas corre el año.    

Jiménez se amparó ante la decisión de removerlo de la Junta.  Al tribunal no ha llegado el oficio.  Pero es pertinente aclarar que con eventual remoción no equivale a su salida del tribunal. Sólo se le reintegra al cargo que tenía antes de   ascender a la Junta de Gobierno.  

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Muy satisfecho quedó Citocorp-Banamex con las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, enviadas la semana pasada por el Presidente Peña al Congreso,   según un documento elaborado por ese corporativo.  Se lee en ese primer análisis:

“La reforma constitucional representó una sorpresa positiva para los mercados, la interrogante de los inversionistas son los riesgos de que la legislación secundaria limite los alcances de la reforma. No pensábamos que fuera el caso, y la propuesta enviada confirma nuestras expectativas.”

Más adelante: “Se confirma que los titulares de los contratos pueden registrar el beneficio económico esperado para efectos financieros y contables, lo cual tiene que ver con la cuestión fundamental de si las reservas pueden ser registradas por los inversionistas privados.

La propuesta reafirma que en el caso de PEMEX, los miembros de su sindicato ya no serán representados en el consejo de administración, mientras que en el caso de CFE, se asignará una posición a un miembro del sindicato.

“Nuestro escenario central es la aprobación de las leyes secundarias (en período extraordinario)  con ligeras modificaciones  a las enviadas por el Ejecutivo, debido a que el número mínimo de legisladores necesarios para la aprobación requerirá pocos votos a adicionales a los del PRI y sus alianzas”, puntualiza.

Por Francisco Garfias / elarsenal.net