¡El negocio de la toma de Casetas!

La realidad que no se puede ocultar en México, es una realidad del negocio del dolor ajeno, del negocio de algunos grupos, organizaciones o sindicatos que se cuelgan de cualquier movimiento social para obtener poder político y económico.

La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se infiltró y apoderó del movimiento de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se apoderó a tal grado que son los que dictan cuál y cuáles deben ser las movilizaciones a realizarse.

Este sindicato simpatizante y aliado de Andrés Manuel López Obrador y las llamadas “causas” de izquierda ha obtenido una ganancia de más de 18 millones de pesos con la toma de Palo Blanco en 75 ocasiones desde que inició el movimiento de Ayotzinapa. 

De acuerdo con datos filtrados por CAPUFE, solamente en el mes de noviembre se tuvo pérdidas por 15 millones de pesos por el cierre de las casetas México-Cuernavaca y Cuernavaca- Acapulco.

Tan solo una caseta, cualquiera que sea si pertenece tomada en un horario de 10:00 am hasta las 18:00 horas, tiene una pérdida aproximada de un millón 944 mil pesos, que en la mayoría de los casos son canalizados para el mantenimiento de las autopistas.

 Algo que llama la atención, es que en tres meses se han tomado 104 veces por la CETEG y normalistas las casetas de Palo Blanco y Autopista del Sol, sin que las autoridades estatales y federales hayan intervenido.

De acuerdo con el  artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se castiga de 3 meses a 7 años de prisión y con una multa de 100 a 500 días de salarios mínimos a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación.

Estos castigos son respaldados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien en junio del 2006 aprobó el castigo a quienes bloquen las carreteras, incluyendo la toma de vialidades argumentando que se coarta el libre tránsito.

Estos grupos han encontrado un verdadero negocio en las marchas como en la toma de casetas que al estar respaldados por las Comisiones de Derechos Humanos, se han convertido en delincuentes intocables a quienes no se les puede aplicar la ley, porque al hacerlo estos organismos los hacen mártires.

Hay miles de pesos en juego en el negocio de las marchas y los cierres de casetas, millones de pesos que son repartidos únicamente entre las cabezas de estos grupos que gozan de la impunidad de la barbarie.

¿Cuántas pérdidas se necesitan? ¿Cuánto más debemos aguantar? 

Son preguntas que no tienen respuesta por las autoridades, preguntas que se hacen una y otra vez todos aquellos que se ven afectados con los cierres de las vialidades o de sus negocios por las movilizaciones.

POR RAÚL FLORES MARTÍNEZ / elarsenal.net