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Opinión

El tenista, el Inge y Oceanografía

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En el último trimestre del calderonismo, Amado Yáñez Osuna trataba desesperadamente por rescatar a Oceanografía. A punto del naufragio, por sus deudas con la banca internacional, El Inge se vería obligado a romper con las reglas familiares y después de cuatro décadas, permitiría a otros inversionistas ingresar a su empresa.

 A mediados del 2010, el consorcio europeo CVI GVF (Lux) Master detentaba 22% de las acciones clase II de la naviera. Y un año después, otro 5% de ese bloque serían adquiridas por Grupo Aknnuk, de los hermanos Oliver y Gerardo Fernández, por el que habrían erogado 1.2 millones de dólares.

 “¡Quítate esas pinches telarañas de la cabeza!”, exhortaba Fernández –con la vehemencia que lo caracteriza– a Yáñez Osuna seis semanas antes de que concluyera el sexenio calderonista.

El empresario carmelita creía que su paisano Mario Ávila Lizárraga y Carlos Morales Gil tenían sus días contados en Pemex Exploración y Producción pero el ex tenista profesional había recurrido a su red de contactos para negociar la extensión de los contratos con la paraestatal, mediante la renta del OSA Goliath, el barco más moderno de su flota, de 84 navíos.

 Al final de la historia, ni la presunta intervención de El Pariente –personaje cuya identidad no fue precisada en ejecentral.com, donde divulgaron la conversación telefónica entre Yáñez y Fernández– ni la connivencia de los funcionarios de Pemex servirían para que Oceanografía obtuviera nuevos contratos que respaldaran la gestión de nuevos créditos, que nunca a lo largo de una década nunca faltaron.

 Desde el sexenio foxista, la Secretaría de la Función Pública ya había investigado a la empresa de Yañez Osuna por el uso de documentos apócrifos para la gestión de créditos con instituciones bancarias de segundo piso.

Allí están, como ejemplo, los documentos que fueron  presentados a Bancomext,  para cobrar trabajos correspondientes a los contratos PEP-O-IE-504/05, y PEP-O-IE-505/05. Desde entonces los contratos realizados entre Pemex y las empresas navieras Oceanografía, Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana y Transportes Navieros y Terrestres han estado bajo la lupa.

 En el último tramo de la historia de Oceanografía, la relación entre Yáñez y su antiguo asesor financiero, Martín Álvarez Díaz, estaba salpicada por una serie de eventos desafortunados.

La influencia de los nuevos accionistas en la gestión corporativa también se expresaba por la participación de consultores como Max Jinich, de Akya; o Vicente Corta y Raúl Fernández Briseño, de White & Case –acuerdo a cercanos al empresario carmelita, se hicieron cargo de la representación legal de la naviera en el 2010, contratados por Martín Díaz– en la toma de decisiones cotidianas.

 Como estos últimos,  los hermanos Oliver y Gerardo Fernández han querido deslindarse del manejo de Oceanografía, argumentando que no tenían voz ni voto en el Consejo de Administración, que nunca participaron en las asambleas de accionistas, que no los tomaban en cuenta para las decisiones y acciones de dicha compañía, y que nunca les dieron chequera de la empresa.

Las autoridades judiciales han encontrado evidencia de lo contrario a partir del fraude cometido en contra de Banamex y en otros ilícitos. Y algunos de sus enemigos ven ocasión propicia para deslegitimar sus negocios, en los que participan Ernesto Zedillo Velasco, Juan Pablo Montiel, Jaime Camil y Carlos Peralta como inversionistas. Lo hacen a partir de la disputa que tuvo –junto con el finado Sergio Chedraui– con el empresario Jorge Nehme por la capitalización de la compañía Avolar, por la que fue demandado por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, por un monto de 720 millones de dólares; enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero.

 Y en el último tramo, Martín Díaz Álvarez, asesorado por los abogados de White & Case.

–quienes de acuerdo a fuentes cercanas a Amado Yáñez se hicieron cargo de la representación legal de la naviera en el 2010– trataba de de cerrar un acuerdo entre Oceanografía y Blackstone. Antes de eso, había recurrido a Mills & Stowell (una firma de servicios financieros con sede en Houston, Texas) para buscar financiamiento.

 La quiebra de Oceanografía es el telón de fondo de la historia de una trama financiera y cuyas intersecciones aun son desconocidas. Y es que dentro de las instituciones bancarias que resultaron afectadas por la falsificación de documentos señalan que los asociados a ese despacho habría utilizado sus buenos oficios con llevarían hasta la cúpula del sistema hacendario del sexenio calderonista.

 ¿Tráfico de influencias? Corta era abogado de Díaz Álvarez –a quien une una entrañable amistad con el titular de la CNVB, Jaime González Aguadé y con el Canciller, José Antonio Meade Kuribreña, quienes fueron sus subalternos cuando presidió el IPAB – y quizá siga siéndolo ahora que deberá presentarse ante la PGR para rendir declaración, en calidad de acusado.

El financiero está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para librar las pruebas que tiene la autoridad en contra de sus malos manejos en Oceanografía y otras empresas donde prestaba sus servicios (Libertad, Servicios Financieros y Grupo GGM, entre las más destacadas).

 Amado Yáñez, principal accionista de Oceanografía, cree que el primo de Francisco Gil Díaz, podría ser el autor intelectual de la grabación que ayer se filtró, al grado de que sus abogados estudian la procedencia de una denuncia penal por intercepción ilegal de comunicaciones.

 Por   /  La Columna / larsenal.net

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