El último bastión del poder

El último bastión del viejo régimen está en los gobiernos estatales. Dentro del Pacto por México, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD consintieron apoyar los planes reformadores del nuevo gobierno, pero a cambio reclamaron acciones contundentes para despojar a los mandatarios estatales del control indiscriminado del presupuesto y obligarlos a conducirse con apego a la legalidad, a la hora de definir las reglas del juego político.

El autoritarismo de los gobernadores tiene distintos rostros. Allí está la necedad de Fausto Vallejo, quien aguantó hasta el límite de sus capacidades físicas para evitar que pudiera convocarse a una elección extraordinaria en Michoacán, pero no pudo resistir los embates centralistas y tuvo que aceptar la ignominiosa presencia del comisionado federal, Alfredo Castillo.

Allí está también el preocupante proceder del mandatario de Nayarit, Roberto Sandoval, quien comprometido a hacer de su entidad el estado más priista de la República Mexicana –en el 2012 fue la segunda, detrás de Zacatecas– ha desplegado todo el aparato estatal para frenar a la alianza de facto que nominó a candidatos comunes definidos por panistas y perredistas.

La reforma político-electoral entró en una etapa crítica por culpa de los gobernadores priistas, que no han procedido a ratificar la legislación aprobada por el Congreso de la Unión. En los próximos 10 días, al menos 12 Congresos locales deberían dar su aval a estas nuevas leyes, pero ni siquiera han recibido autorización para convocar a periodos extraordinarios. Ese retraso –con indudables visos de sabotaje– justificó la radicalización de la postura panista y puso en riesgo la aprobación de las reformas en materia energética y de telecomunicaciones.

Lo peor que le podría pasar al PAN es que no entraran en vigor las nuevas reglas de la competencia electoral, pero el gobierno federal tendría que esperar hasta septiembre próximo para completar el paquete reformador. Y ese sería el peor de los mundos.

En el corto plazo, hay plazos fatales que están por expirar.

El inmediato comenzará a agotarse mañana mismo, cuando el Instituto Nacional de Elecciones, que preside Lorenzo Córdova Vianello, expida la convocatoria para integrar a los nuevos Organismos Públicos Locales que deberán sustituir a los consejos e institutos estatales electorales en los términos previstos por el décimo transitorio de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que mandata a la elección de los nuevos Órganos Locales a más tardar el 30 de septiembre de 2014.

Este mandato constitucional tiene una primera frontera: la renovación en los 17 estados de la República que tendrían elecciones concurrentes con la federal, el primer domingo de junio del 2015. Una iniciativa del PRI, en ciernes, acrecentaría esa lista, con la inclusión de Oaxaca, donde el próximo año se renovarán 417 de las 570 alcaldías de aquella entidad del sureste.

Antes del próximo viernes, el INE deberá clarificar  las elecciones a través de los “sistemas normativos internos” tienen sustento constitucional y legal y forman parte del sistema electoral mexicano. Y tendrá que definir si discriminará a los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, lo que implicaría que declinan a su competencia, en términos del artículo 41 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

En estricto sentido, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estaría obligado a organizar esos comicios, no obstante que dichas presidencias municipales obedecen a lo que localmente denominan “sistemas normativos” y que no son otra cosa que los usos y costumbres de las comunidades originarias.

Los actuales consejeros del IEEPCO acusarían los mismos vicios que la oposición achaca a los demás órganos electorales (los partidos se repartieron consejeros y directores y todo se resuelve en función de intereses partidistas y económicos) pero en este caso concreto, es el PRI quien promueve la renovación inmediata a sabiendas que el mandatario oaxaqueño, Gabino Cue Monteagudo, mantiene influencia dentro de ese órgano “ciudadano”.

Por ejemplo, la directora de Sistemas Normativos Internos, Gloria Zafra, es una socióloga que llegó al cargo por recomendación del presidente del Consejo General, Alberto Alonso Criollo. Y a veces por intereses económicos y políticos de funcionarios del Instituto y en ocasiones de consejeros electorals, es un secreto a voces que ha habido hasta venta de asambleas comunitarias.

En el pasado reciente, la mala conducción de los procesos electivos comunitarios y la intromisión de los partidos políticos, ha provocado conflictos postelectorales de consecuencias lamentables, como el enfrentamiento entre habitantes del municipio de San Juan Cotzocón (un grupo de los inconformes) y policías estatales cuando estos ejecutarían órdenes de aprehensión, el resultado fue de ocho muertos.

Y hace casi tres años, la emboscada de un grupo hacia otro grupo de inconformes en el municipio de San Juan Lalana, también con un saldo de casi una decena de muertos.

EFECTOS SECUNDARIOS

INTERESES. Al finales del sexenio calderonista, empresarios de los Emiratos Árabes Unidos que buscaban oportunidades de inversión mostraron interés por rescatar Mexicana de Aviación pero el proyecto –visto con simpatía en Los Pinos– pronto se vio frustrado ante la incertidumbre provocada por el procedimiento contencioso y el juez encargado de la liquidación. Tres años después de ese trago amargo, regresó una misión de negocios de aquellas latitudes, atraídos por la reforma energética pero también eclipsado por la floreciente industria aeroespacial y las atracciones en materia de defensa y turismo.

Por Alberto Aguirre / elarsenal.net