“Elefantes blancos”

Justo a la mitad del sexenio de Felipe Calderón, el 6 de julio de 2009, la extinta Secretaría de Seguridad Pública asignó la construcción de lo que había sido concebido como una cárcel de súper máxima seguridad en Papantla, Veracruz. Vía adjudicación directa, el consorcio formado por Tradeco Infraestructura, Promotora y Desarrolladora Mexicana y TYPPSA, obtuvo ese contrato por 1,816 millones de pesos… para la primera fase de esta megaobra de infraestructura, cuya ejecución estaba prevista entre 2009 y 2012. La fase dos del proyecto integral arrancaría el primer día del 2013 y concluiría en el 2017.

La obra negra avanzó, lo mismo que el cronómetro para el final de la administración calderonista. El 2 de noviembre de 2011, las empresas obtuvieron otro contrato de obra pública, por el “incremento de infraestructura y equipamiento”, además de “obras complementarias para el inconcluso complejo penitenciario de Papantla. Otra adjudicación directa, por 515 millones y un plazo de ejecución de 244 días naturales, que correrían entre el 1 de diciembre de 2011 y el 31 de julio de 2012.

Un tercer contrato –otorgado a TYPPSA, por 272 millones de pesos, para la construcción del módulo de máxima seguridad– se adjudicó directamente el 11 de mayo de 2012, con el compromiso de que los trabajos concluirían 154 días después. En los tres casos, hubo ampliaciones de los montos y los plazos de ejecución. La Auditoría Superior de la Federación determinó que entre 2009 y el 2013, la inversión en ese CEFERESO ascendía a 3,935 millones de pesos, a través de 15 contratos (cuatro de de obra y 11 de servicios relacionados).

La ASF ha detectado diferentes problemáticas vinculadas a la planeación, supervisión y seguimiento de distintos proyectos de infraestructura asignados por la administración calderonista que tuvieron como denominadores comunes la falta de planeación, supervisión y seguimiento.

“Debido a la importancia de estas obras y el monto de recursos requerido para llevarlas a cabo, resulta indispensable que sean concebidas, ejecutadas y controladas a partir de una perspectiva estratégica sustentada en aspectos como el rigor técnico y el impacto social. A contrario sensu, una inadecuada planeación, supervisión y seguimiento de los mismos, ocasionan incrementos en el monto de inversión y plazos de ejecución”, sentenció el informe general sobre la cuenta pública del 2013.

En materia carcelaria, la administración panista se propuso disminuir la “densidad de los internos” en las instalaciones con mayor problema de sobrepoblación. En Veracruz construirían tres nuevas instalaciones. Para julio de 2014, la obra en Papantla estaba suspendida. “El avance físico-financiero del proyecto se ha visto afectado debido al atraso en la suficiencia de recursos”, respondió el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a los auditores, “los recursos asignados en el año 2013 en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se utilizaron para la contratación de obras y servicios para la terminación del complejo penitenciario de Papantla, sino para el pago de compromisos anteriores”.

La edificación del Centro Federal de Readaptación Social Oriente, en Villa Aldama, fue adjudicada directamente –bajo la modalidad de contrato mixto– a Construcciones e Instalaciones Modernas, por un monto de 47 millones de pesos, en la parte a precio alzado y 406 millones a precios unitarios; con un compromiso de entrega de 164 días naturales. Ese plazo expiró y la obra no estuvo lista; vinieron cinco convenios modificatorios, que extendieron la entrega de la obra a junio del 2013 y su costo, con 144 millones de pesos adicionales.

En vez de la entrega, vino un segundo contrato para Construcciones e Instalaciones Modernas, por 204 millones de pesos, para la segunda etapa de la construcción de ese penal federal, que tendría un plazo de ejecución de 244 días naturales, comprendidos del 1 de diciembre de 2011 al 31 de julio de 2012. La obra, sin concluir, requirió tres convenios adicionales.

La contratista ha cobrado 816 millones de pesos del erario federal. Para octubre del 2014, cuando la ASF revisó los expedientes, los contratos no se habían finiquitado y la obra no estaba entregada, ni en operación.

Tradeco Infraestructura cerró el sexenio calderonista a tambor batiente. El 22 de junio de 2012 le fue asignado el proyecto ejecutivo y la modernización de la Base Aérea Militar Número 1, en Santa Lucía, Estado de México; una adjudicación directa por 1,034 millones de pesos, que debía ejecutarse en un plazo 527 días naturales.

El 25 de noviembre de 2013 –cinco días antes de que concluyera el plazo originalmente pactado por la contratista la Secretaría de la Defensa Nacional– vino el convenio modificatorio de prórroga y diferimiento del plazo, con lo que el plazo de ejecución quedó en 801 días naturales; la fecha de terminación se fijó para el 31 de agosto de 2014. La inversión fue de 1,034 millones de pesos.

 EFECTOS SECUNDARIOS

EXTENSIONES. El informe de la ASF da cuenta de las obras de ampliación realizadas dentro la Residencia Oficial de los Pinos. En particular de la construcción de nuevos espacios administrativos para el personal de las diferentes secciones del Cuerpo de Guardias Presidenciales. La Presidencia de la República cedió un terreno de 1,350 metros cuadrados y motivos de Seguridad Nacional, la obra asignó por administración directa a los ingenieros militares. El nuevo edificio comprende una superficie total de 5,310 metros cuadrados; se construyó en un plazo de cuatro meses y requirió de 78 millones de pesos.

— Correo electrónico: aam@mexico.com

POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net