¿Estabilidad, sin transparencia?

México atraviesa por un momento crucial y en vísperas del arranque del último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura, las prioridades de la agenda parlamentaria son difusas.

Las bancadas afines al gobierno peñista insisten en la aprobación de nuevas regulaciones que impongan “disciplina financiera” a los gobiernos estatales y municipales –“para asegurar la responsabilidad en la contratación de empréstitos”– justo cuando los reportes oficiales confirman que la deuda del país alcanzó su mayor nivel en 24 años.

Y mientras se legisla para coadyuvar a la estabilidad financiera, hay un retorno al centralismo. La instauración del Mando Único y la creación de 32 policías estatales al mando del gobernador de cada entidad, además de la extensión al Senado de la República de facultades expresas para decretar la desaparición de un ayuntamiento si existen pruebas de infiltración del crimen organizado en la estructura municipal, cercenarán la autonomía garantizada en el artículo 115 constitucional.

La mayoría PRI-PVEM privilegiará esta agenda legislativa, mientras que el PAN insistirá en la instauración del sistema nacional anticorrupción. La postura oficial insiste en la creación de la Fiscalía General de la República; la ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación; la conversión del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa en un verdadero “Tribunal de Cuentas”, y en el fortalecimiento de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. ¿Y la armonización a la legislación en materia de Transparencia, derivadas de la reforma Constitucional que crea el órgano garante en la materia?

El coordinador de la bancada priista en la Cámara Alta, Emilio Gamboa Patrón, insiste en que la productividad de la LXII Legislatura es palpable, por las 20 reformas constitucionales, 42 leyes de nueva creación y 310 cambios a otros ordenamientos vigentes realizados en estos dos años y medio.

En efecto, las reformas estructurales impulsadas por la administración peñista abrieron la oportunidad para incrementar la productividad y potenciar el crecimiento de la economía. Sin embargo, sus probables beneficios están en riesgo por factores internos y externos, que van desde el desplome de los precios de los commodities hasta la debilidad de las instituciones.

Los bajos precios del petróleo ya forzaron a un recorte en el gasto gubernamental y podrían socavar las finanzas públicas en el mediano plazo, además de que podría ahuyentar a los inversionistas internacionales, atraídos por la apertura del sector energético. En sus niveles más bajos en cinco años, la paridad cambiaria es otro factor de riesgo, aunque un peso más débil y las buenas perspectivas para la economía de Estados Unidos pueden fortalecer las exportaciones.

En la recta final de la LXII Legislatura, sin embargo, se acumulan los rezagos. Allí está, por ejemplo, la indefinición de una política pública en materia de seguridad nacional. El mando castrente propuso al Ejecutivo federal un plan nacional en 2013 pero no ha sido aprobado. Ese plan está basado en un axioma estratégico e incluye aspectos como los criterios y principios con los que el Estado orientaría la política nacional de defensa, sus bases jurídicas, el presupuesto de las fuerzas armados, la generación de un escenario con enfoque geopolítico y una visión hacia 2030. De conformidad con la reforma constitucional promulgada el 10 de febrero del 2014, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública debe ser elaborada por el Ejecutivo federal y aprobada por el Senado de la República. En esta vorágine legislativa, el Senado de la República deberá cumplir con los transitorios de la reforma constitucional en lo concerniente a los nombramientos de los titulares de la fiscalía especializadas en Atención de Delitos Electorales y en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

EFECTOS SECUNDARIOS

MINISTERIOS. En el arranque del último periodo ordinario de sesiones legislativas, y sin iniciativas preferentes en puerta, se espera que en breve llegue la terna que el Ejecutivo federal propondrá para que el Senado complete el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incompleta desde hace dos meses, por el fallecimiento del ministro Sergio Valls. La mayoría estima que el ex presidente de la Cámara Alta, Raúl Cervantes, podría ser el candidato de Los Pinos, cuantimás que esta semana cumplirá con el requisito constitucional –no haber sido secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador o Jefe de Gobierno, durante el año previo al día de su nombramiento–, pero en las semanas recientes ha tomado fuerza la postulación de la magistrada electoral, María del Carmen Alanís Figueroa, sobre todo por el énfasis en la protección de los derechos humanos que pondrá el nuevo presidente del Poder Judicial, Luis María Aguilar. Alanís Figueroa se convirtió en una de las abogadas más reconocidas en el extranjero en materia de en derechos de las minorías –particularmente de los pueblos originarios– a partir de su experiencia como funcionaria electoral. La suya ha sido una carrera que desafía la meritocracia convencional del Poder Judicial y se apega más a la difícil realidad que afrontan las mujeres en el servicio público: un zigzag donde la discriminación por motivo de género es un asunto cotidiano.

POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net