¿Excepciones en el IFE?

Espacio de equilibrios precarios y de ausencias obligadas, el Consejo General del Instituto Federal Electoral vive en una tragicomedia sin fin. En público, los consejeros electorales matizan sus diferencias de criterio con prudencia y elegancia. Pero en privado,  desacatan sus paridades e intercambian acusaciones.

A medida que se acercan momentos definitivos para esa institución –en este periodo ordinario del Congreso deberá dictaminarse la reforma electoral y definirse si el IFE prevalece o es sustituido por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones, como está previsto en el Pacto por México– afloran las diferencias. Y entre los consejeros se consolida una mayoría, opuesta a las amplificaciones y las exuberancias del presidente, Leonardo Valdés Zurita, y de su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Bonilla.

El ejemplo más reciente surgió esta misma semana, a propósito de la erogación de 16.6 millones de pesos como contraprestación a la “proposición conjunta” realizada por los despachos Deloitte Consulting Group y Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C. para entregar –después de tres meses– un “análisis de la estructura organizacional del IFE”.

Un monto nimio, para una institución que este año ejerce un presupuesto de 11,000 millones de pesos –de los cuales, solo 3,700 millones sirven para financiar a los partidos políticos y el resto, para su gravosa operación– y que entre sus partidas contempla un rubro (catalogado con la serie 3000) para “servicios generales”.

Según consta en el contrato IFE/032/2103, los recursos para pagar por este servicio de asesoría están contemplados en la partida 33104 y la licitación del contrato no generó mayores observacione para quienes conocieron del concurso, pues hasta que circuló el reporte de las recomendaciones de los reconocidos despachos, en el seno de la Junta Ejecutiva del IFE, fue que surgieron las expresiones de duda, sobre la racionalidad de esta operación.

En efecto, el desglose del objeto y del costo de cada uno de los entregables no aporta mayor justificación a la transacción. Consultadas al respecto, fuentes al interior del Consejo General señalan que los consejeros Macarita Elizondo, María Marván, Marco Antonio Baños, Alfredo Figueroa y Benito Nacif tuvieron conocimiento de la contratación, después de que ya estaba finiquitada,  y que contó con la autorización del consejero Lorenzo Córdova Vianello, quien preside el comité temporal de administración. Ambos han enfrentado los reclamos de la mayoría, que también objeta las recomendaciones del despacho.

En el primer semestre del 2013, la Dirección Ejecutiva de Administración del IFE reportó 50 contratos con proveedores y consultores, de los cuales 20 fueron firmados bajo la figura de la adjudicación directa por excepción” (como puede verificarse en: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DEA/DEA-Contratos/DEA-contratos-pdfs/2013/contrataciones_jun_2013.pdf) y otros 141 por adjudicación directa.

Indefinida su permanencia dentro del sistema de organismos autónomos, Valdés Zurita y Jacobo Bonilla ya anticiparon que para el ejercicio fiscal 2014, el IFE requiere de 12,334 millones de pesos; de los cuales, 8,290 millones serían para gastos de operación y proyectos especiales y 4,044 millones de pesos para el financiamiento público de los partidos en un año en el que solo una de las 32 entidades de la República acudirá a las urnas.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿AUSTEROS? Una de los periodos más intensos en el calendario de la clase política ocurre en la primera quincena de septiembre, cuando media docena de mandatarios estatales deben entregar su informe anual. Pero este 2013 habrá cambios, forzados. En Quintana Roo, el priista Roberto Borge Angulo se atuvo a “políticas de austeridad” para cancelar el evento que encabezaría en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones y en el que reuniría a un cúmulo de invitados especiales, entre ellos el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Austeridad o temor a una manifestación de sus opositores? Esa misma disyuntiva afronta el equipo del jefe del Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien deberá comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el próximo 17 de septiembre. ¿Y si las calles del Centro Histórico están ocupadas por los indignados?

EMPLEITADOS. El conflicto entre el “ala violenta” del PRI sonorense y la administración del panista Guillermo Padrés Elías se amplía. Ahora, los operadores del transporte público de Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, agrupados en distintas organizaciones sindicales, amenazan con una huelga que se extendería hasta que el gobierno estatales les entregue 9 millones de pesos que la Federación envió para la sustitución del parque vehicular.

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