Excluidos del INE

Especialista en justicia electoral, egresado del programa académico del Poder Judicial de la Federación enfocado a esos asuntos, Hugo Ernesto Casas Reyes pronto podría acudir a los tribunales, para defender su derecho a ser candidato al consejo general del Instituto Nacional de Elecciones.

Con 34 años de edad este maestro oaxaqueño lleva casi una década tratando, sin éxito, de ingresar al Servicio Profesional Electoral. Desde el verano del 2005 quiso ser consejero del IFE en la junta electoral del IX distrito, con cabecera en Santa Lucía del Camino, pero fue impugnado por los representantes legales del entonces Partido Convergencia, quienes señalaron supuestos vínculos con el gobernador Ulises Ruiz.

En el 2011, nuevamente con su nombramiento como integrante de la Junta Distritral del IFE bajo el brazo, Casas Reyes fue objetado por el Movimiento Progresista, que esta vez demostró que había fungido como representante legal del Partido Verde en los comicios locales del 2009.

El abogado recurrió al Tribunal Electoral para exigir su reinstalación, atenido a la jurisprudencia vigente, que reconoce la perspectiva de ser electo consejero entre los derechos políticos de los ciudadanos, pero fracaso en ambos casos. No obstante, estaría en vísperas de interponer un nuevo juicio después de que el Comité Técnico de Evaluación lo descartara en la selección de los candidatos al nuevo INE, después de haber revisado su expediente.

El pasado jueves 13 quedó completada la primera etapa de ese proceso, con la presentación de 71 aspirantes que “con creces” acreditaron aptitudes para completar la transformación del sistema electoral nacional. ¿Cuáles? Las que mejor apreciaron los siete integrantes del Comité, quienes subrayar que el ensayo (o publicaciones recientes, en su caso) que debían presentar los aspirantes fue el “elemento central” en la evaluación, pues “revela la consistencia y profundidad de su pensamiento y muestra además la conciencia de los desafíos que enfrentará, si fuera el caso, una vez que asuma el cargo como consejero del nuevo INE”.

Entre los 236 excluidos había personajes acostumbrados a los malos resultados, como Edgar Mauricio Duck Núñez, ex diputado federal y líder panista en Veracruz, o José Enrique Vallarta Rodríguez, quien compitió en el 2009 como candidato a asambleísta, cobijado por Convergencia.

Otros actualmente cumplen con un cargo y no haber calificado como “finalistas” al INE, les impone un agravio público. Tal es el caso de Alfonso Ayala Sánchez, consejero electoral en Veracruz; Arturo Bolio Cerdán, ex magistrado del Tribunal del Estado de México y actual consejero electoral en aquella entidad; Santiago Nieto Castillo, magistrado del TEPJF; Víctor Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo; Rigoberto Ocampo Alcantar, consejero en funciones en Sinaloa, y Julio César Esponda Cal y Mayor, de Chiapas.

Esta vez, la experiencia de los ex funcionarios de los órganos electorales fue un factor poco relevante. ¿O cómo explicar que el ex rector de la UAZ y ex consejero electoral Virgilio Rivera Delgadillo; el ex titular de la FEPADE, José Luis Vargas Valdés; el ex director de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Antonio Horacio Gamboa Chabban; el ex coordinador de adquisiciones, servicios y obra pública del Tribunal Electoral, Rolando de Lassé; el magistrado Eduardo Arana Miraval, ex presidente de Sala Regional, o Miguel Covián Andrade, ex titular del TEDF, hayan quedado fuera de la lista?

El servicio electoral de la Ciudad de México, podría ser el más afligido, pues cinco de sus ex integrantes –Rosa María Mirón Lince, Adolfo Riva Palacio Neri, Néstor Vargas Solano, Isidro Cisneros Ramírez y Ángel Rafael Díaz– tampoco pasaron a la siguiente ronda.

Esta vez, los académicos pasaron a segundo plano. Y se desaprovechará la solidez de intelectuales como Alain de Remes; Miguel Ángel Valverde Loya, director de la maestría en administración pública de la EGAP, en el Tec de Monterrey, José Eduardo Borunda Escobedo, ex director de la UACH campus Ciudad Juárez o Emilio Buendía Díaz y Pablo Trejo Romo, de la UNAM.

¿Fue el ensayo o el veto de los grupos parlamentarios lo que definió a los integrantes de esa lista? Los evaluadores también castigaron las auto-promociones, los cabildeos en “instancias externas”, y el incumplimiento de los requisitos constitucionales. El caso más sonado fue el de Marcela González-Salas y Petriccoli, quien buscaba la presidencia del INE, sin haberse separado de la dirección general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. ¿Estaba obligada a presentar su renuncia al cargo para aspirar al cargo? No quedaba suficientemente claro; el caso es que no pasó el primer filtro pero conservó su cargo y ya se alista para presentar –dentro de tres semanas– la iniciativa de la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Mañana, en la sede del Comité Técnico, comenzará la segunda etapa de este bizarro proceso. Los 71 “finalistas” serán escuchados por los evaluadores, en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Durante cuánto tiempo? Solo ellos saben. ¿Serán transmitidas esas audiencias por el Canal del Congreso? A saber…

—

por Alberto Aguirre / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net