Falsedad ideológica filtra el caso Iguala

Es un sin sentido: la experta colombiana para el caso Iguala Ángela Buitrago dice que aquí la atacan porque se está “acercando a la verdad”, mientras enfrenta en su país un proceso por calumnia y delitos contra la administración pública y falsedad ideológica en documento público.

Debería aclarar esas acusaciones antes de cobrar de nuestros impuestos 136 mil pesos mensuales desde hace un año por hacer política en México señalando, sin pruebas, a instituciones nacionales.

“En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad, a lo que ocurrió realmente ese 26 y 27 de septiembre (de 2014) en Iguala, hay personas que pueden sentir temor junto a los perpetradores”, advierte Buitrago.

Está claro que las “personas que pueden sentir temor” a que se refiere la experta de la CIDH es el Ejército mexicano. Nada nuevo: Buitrago odia a los militares y ama a los grupos guerrilleros. Así que debe estar fascinada con la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa como cuna de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

Como lo estuvo con la guerrilla comunista colombiana M-19: por defender a sus miembros, falsificó pruebas e inventó un testigo para encarcelar a un coronel del Ejército, siendo Fiscal General de Colombia: fabricación que la mantiene bajo proceso en su país.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia enjuicia a Buitrago por los delitos contra la administración pública, falsedad ideológica en documento público y calumnia, según indican las conclusiones sobre el fallo que liberó al coronel Luis Alfonso Plazas, a quien Buitrago encarceló injustamente.

Plazas pasó más de ocho años en la cárcel sin pruebas en su contra, más que una declaración escrita de un personaje inventado por Buitrago, quien como Fiscal nunca lo presentó físicamente en el juicio contra el militar por desaparición forzada de guerrilleros comunistas.

Sobre la activa experta del caso Iguala también pesan en Colombia denuncias por los delitos de prevaricato, falsedad de declaraciones y fraude procesal, interpuestas por el coronel Plazas tras ser liberado por decisión de la Corte, en diciembre de 2015.

Sin embargo, Buitrago lidera por parte de la CIDH la pesquisa del caso Iguala, a pesar de ser una persona cuya integridad como jurista se encuentra en tela de juicio en su país, donde es una tramposa probada, según el dictamen de la Corte de Colombia para liberar al coronel Plazas.

Peor, le pagamos con nuestros impuestos 136 mil pesos mensuales, que son más de lo que devengan el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el gobernador de Morelos, así como más de cinco veces lo que gana un perito de la PGR.

Y no es que no los valga. Seguramente sí.

Pero antes debe lavar su honor en Colombia.

POR RUBÉN CORTÉS  /  MESA REVUELTA / elarsenal.net