Fideicomiso 1705

La construcción y el equipamiento de la nueva sede de la Cámara de Senadores es una historia que cumplió 20 años y su capítulo final todavía está lejano. En abril de 1994, la Secretaría de Hacienda constituyó el fideicomiso 1705 en Banobras, del que han salido los 2,000 millones de pesos erogados en este elefante blanco, que después de una década de edificación, tampoco termina por quedar concluido.

De esa institución financiera –que encabezaron Felipe Calderón y José Antonio Meade en aquella época– salieron los contratos del proyecto ejecutivo para la construcción del recinto legislativo, así como la ejecución de la obra correspondiente y el equipamiento de instalaciones y la supervisión de los trabajos.

GAMI, Ingeniería e Instalaciones fue la empresa elegida para esta mega obra, que debía ser entregada en el 2010. En septiembre del 2006, al arranque de la 60 Legislatura, los grupos parlamentarios instalaron un comité técnico del Fideicomiso 1705. El coordinador del Grupo Parlamentario, Santiago Creel Miranda, nombró como representante de su bancada a José Guadalupe González Morfin, quien ocupó el primer año la presidencia del Comité Técnico del fideicomiso y se quedó los cuatro años siguientes.

El panista –quien ahora preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados– propuso al arquitecto Óscar Ricardo Gosenheim Paillés como director técnico del proyecto. La inauguración del nuevo recinto legislativo sería para el 1 de septiembre del 2010 y se inscribiría en la conmemoración oficial de los festejos por el Bicentenario de la Independencia. Para esa fecha, la obra seguía inconclusa y su apertura se reprogramó, para el 20 de noviembre, fecha del centenario de la Revolución Mexicana.

Las presiones para inaugurar la obra se materializaron en una serie de “volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios” realizados por la contratista fuera del catálogo original de encargos, que si bien eran indispensables para la culminación del proyecto, no fueron pagados, debido a que el Comité Técnico del Fideicomiso no las autorizó.

A partir de entonces, fue la indefinición… salvo un plazo fatal –que se cumplía el 31 de marzo del 2011– que era el vencimiento de las pólizas de garantías tanto de cumplimiento como de responsabilidad civil. El atraso en la ejecución de los trabajos se debió a causas imputables a GAMI, y para entonces, González Morfin ya había tirado la toalla. Entonces, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones decidió tomar el control de la situación.

El relevo se concretó el 24 de marzo del 2011; González Morfin dejó la representación del PAN a Gabriela Ruiz del Rincón, mientras que Fernando Castro Trenti –uno de los senadores más cercanos a Beltrones– asumió la presidencia del órgano colegiado, al que también se había integrado el petista Arturo Escobar y Vega. El PRD mantuvo al hidalguense José Guadarrama Márquez.

El legislador priista requirió al Rodolfo Noble San Román, secretario de servicios administrativos del Senado de la República, un informe detallado sobre el contrato firmado con GAMI, mismo que elaboró Carlos Cravioto Cortés, director de asuntos jurídicos y fue presentado en una sesión extraordinaria del Comité Técnico, que se celebró en lo que actualmente es la sala de prensa del recinto legislativo.

Allí quedaron detalladas las causas del “desfase” en la entrega de la mega obra, que comenzó a atrasarse por la cimentación que tuvo que hacerse, dadas las características del predio seleccionado –un terreno fangoso– y a la dificultad de la demolición de lo que antiguamente fue el edificio.  Y también, quedó constancia que los incrementos y la reprogramación de los trabajos –con el consecuente sobreprecio– fueron avalados por el director técnico del fideicomiso y la empresa Systec.

El director jurídico descartó –por no existir “causas justificadas”– aplicar la terminación anticipada del contrato y se opuso a la rescisión del mismo, por el tiempo que tomaría ejecutar dicha decisión administrativa. La conciliación o la suscripción de un convenio modificatorio eran, a su juicio, las soluciones más viables.  El director técnico del proyecto, Óscar Ricardo Gonsenheim Paillés, y representante fiduciario de Banobras, Alejandro Bustos Rodríguez recomendaron la firma de un quinto convenio modificatorio en el que quedó asentado que la obra debía ser concluida el 31 de marzo del 2011.

Para agosto de 2012, la paciencia de subcontratistas y legisladores se había agotado. Si bien ya no se autorizó prorroga alguna, no se iniciaron acciones legales en contra de GAMI.

Hoy se habla de 490 observaciones de incumplimiento. Al cabo de tres años, ni el finiquito de la obra ni la entrega-recepción han concluido. La inconformidad de la anterior legislatura con la calidad de los

trabajos se ha multiplicado. ¿Acaso firmarían un sexto convenio modificatorio para realizar las reparaciones e iniciar nuevas obras? Así pareciera, pues existe la intención de edificar un elevador externo a un costado del área conocida como “la cuña”, para desahogar la saturación en la torre de oficinas.

Y tampoco pudo tenerse acceso pleno a la información sobre los contratos y las actas del Comité Técnico. El micro sitio especial habilitado por la mesa directiva del Senado de la República, con un “libro blanco virtual” sobre la construcción de la nueva sede senatorial, apenas estuvo habilitado tres semanas.

EFECTOS SECUNDARIOS

CONVENIO. El Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Alejandro Murat Hinojosa, y el gobernador Constitucional del estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, firmaron un convenio para que elementos de seguridad sean derechohabientes del Infonavit y gocen de todas las prestaciones que el Instituto ofrece, particularmente por las condiciones favorables de crédito y cobranza en la adquisición o mejoramiento de vivienda.

Alejandro Murat resaltó que este acuerdo es inédito, ya que es el primer estado de la República en comprometerse a crear un organismo paraestatal del Gobierno del estado que como patrón cubrirá las aportaciones obrero-patronales al instituto, con lo que podrán acceder a créditos para la adquisición de vivienda nueva, usada, mejoramiento y, en caso de retiro, la devolución de sus aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda con sus respectivos intereses.

Alejandro Murat agradeció la disposición para formalizar este convenio al gobernador Moreira, mostrando que se encuentra del lado de los trabajadores y su sueño más preciado que es la adquisición de una vivienda. Explicó que el convenio servirá para que trabajadores de Coahuila puedan obtener un crédito hipotecario a través del Infonavit en asociación con la banca privada.

Por Alberto Aguirre / La Columna /elarsenal.net