Fiscalía al rescate

La Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el viernes 9 de octubre del presente año el acuerdo A/094/15, que crea la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual quedará adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

El acuerdo plantea que el titular de la nueva fiscalía sea un abogado no menor a los 35 años, con, por lo menos, un lustro de experiencia en temas relacionados con su encomienda. También deberá acreditar que es una persona libre de imputaciones por delitos recientes o pretéritos. Esta condición le brinda suficiente solvencia para atender, entre otras, estas facultades: recibir las denuncias, realizar de manera eficaz y urgente todas las diligencias necesarias para buscar y encontrar a personas desaparecidas.

Esta fiscalía entró en funciones el pasado 10 de octubre con 846 expedientes abiertos heredados de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD), creada el 21 de junio de 2013, según el acuerdo A/066/13. El artículo cuarto transitorio del nuevo ordenamiento establece que se abroga el acuerdo antes mencionado para facilitar la transferencia de los recursos materiales, financieros, humanos y la información con la que cuenta la UEBPD.

La persona que cumpla con los requisitos mínimos de admisión para ocupar el cargo, tendrá las atribuciones siguientes:

Dirigir, coordinar y supervisar las indagatorias para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y, en su caso, su identificación forense;

Realizar exhumaciones en cementerios, fosas clandestinas en los que haya o se tengan razones para creer que hay fosas u osamentas;

Solicitar a las instancias penitenciarias, federales o locales, el traslado de reos a otros penales, si la medida favorece a localizar a las víctimas y,

Atender e informar a los familiares de personas desaparecidas acerca de las líneas de investigación y los incorporará a los procesos de búsqueda.

La tarea de la fiscalía es mayúscula; las procuradurías y fiscalías estatales reportan en conjunto al corte de julio de 2015, 25 mil 918 expedientes de personas no localizadas. A ello se añaden 681 casos del ámbito federal, es decir, directamente a cargo de la PGR. Por tanto, México tiene un aproximado actual de 26 mil 599 personas reportadas como no localizadas.

Es obvio que el órgano recién nacido, además de un jefe idóneo requiere de personal suficientemente capacitado en áreas altamente sensibles para establecer una empatía con los demandantes del servicio. Los agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y personal adscrito a las áreas administrativas deberán colocarse al lado de las víctimas, jamás por encima de ellas; admitir que los familiares de los ausentes pueden aportar propuestas congruentes y factibles para la enmienda de líneas de investigación; aceptarlos como coadyuvantes en los procesos de búsqueda. En suma, zanjar las distancias entre funcionarios y ciudadanos.

La información emitida por las instancias gubernamentales sobre este particular, ha generado la aparición de voces y plumas que se pronuncian a favor o en contra de la iniciativa. Para algunos, la medida es coyuntural y con tintes claramente políticos, porque la PGR se la ha pasado dando tumbos sin aproximarse siquiera a una mínima solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos de este país, y que tienen relación con la procuración de justicia. Otros, abrigan la esperanza de que con la presencia de organismos internacionales, que en reiteradas ocasiones le han leído la cartilla al gobierno Federal, se tomen en serio las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Los de la esperanza, la espera, piensan que esta es una buena ocasión para pensar en una fiscalía con vocación rescatista.

POR JOSÉ C. SERRANO / COLUMNAS, MISCELÁNEA / elarsenal.net