“Fortunas priistas”

Dos meses antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, Jorge Hank Rohn –quien detenta el permiso del Hipódromo de Agua Caliente– y sus socios dejar de pagar a la Hacienda federal por la operación de sus 29 salas de apuestas remotas y sorteos de números.

Para noviembre del 2013, el adeudo ascendía a 104 millones de pesos, sin que la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación realizara alguna acción sancionatoria en su contra, por la omisión del pago de participaciones.

En vez de ser apercibida, la empresa basada en Tijuana, Baja California, recibió una ampliación del permiso –que fenecía en el 2014– por parte de la oficina que dirigía Marcela Gonzáles-Salas Petriccoli.

Ahora, los casinos de Grupo Caliente pueden operar hasta el 2064. Y según consta en el informe correspondiente a la cuenta pública 2013, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, también recibieron un trato preferencial por parte del Servicio de Administración Tributaria, que encabeza Aristóteles Núñez, que le permitió pagar su deuda en 36 parcialidades.

¿Premio mayor o reintegro? Tanto la titular de la DGJyS como la directora general de la Lotería Nacional dejan sus cargos públicos para integrarse, en lugares privilegiados, a la lista de candidatos plurinominales del PRI a la Cámara de Diputados.

En el caso de la dependencia que dirige María Esther Scherman Leaño –quien, no obstante su origen jalisciense, ocupa el segundo lugar en la quinta circunscripción– las observaciones de la ASF revelan –entre otras irregularidades– severos problemas de cobranza.

La irrecuperabilidad (sic) de los adeudos de cinco organismos de venta, pero sobre todo la tardanza de la recuperación de los montos por la venta de billetes entregados a expendios locales, agencias expendedoras, locales foráneos y oficinas expendedoras para billeteros han dañado irreparablemente las finanzas del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.

El informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 abarcó a la recaudación de aprovechamientos por participaciones, contempladas dentro de la legislación vigente, lo que implicó una evaluación técnica del funcionamiento de la DGJyS –adscrita a la Unidad de Gobierno, encabezada por David Garay Maldonado– y que en el primer año de la administración peñista, ni siquiera alcanzó a cubrir una tercera parte de las metas previstas.

El programa de inspecciones del 2013 estipulaba visitas a 150 de los 377 casinos que entonces estaban abiertos, de las cuales solo 45 se efectuaron. ¿La falta de personal fue la causa? De acuerdo al análisis de la ASF, de los 52 de los 57 inspectores autorizados realizaron el trabajo de campo –no se determinó la causa de la inhabilitación de los cinco restantes– y hubo otros 21 servidores públicos realizaron esas tareas sin estar enlistados en la plantilla de inspectores autorizados, ni registrados en el SIJS. La habilitación de dichos funcionarios temporales, en cualquier caso, puso en riesgo la legitimidad de la inspección.

Al inicio del sexenio, el padrón de la DGJyS tenía enlistados a 32 permisionarios, cuyos documentos amparaban la operación de 406 salas de apuestas remotas y de sorteos de números.

De éstos, 25 permisos amparan la operación de 377 establecimientos, y los otros siete, que tienen autorizados 29 establecimientos, no están actualmente en operación. “La vigilancia de los permisionarios respecto del cumplimiento de los términos y condiciones consignados en los permisos que realiza la DGJS es inadecuada e insuficiente”, determinó la ASF.

Con pase directo a San Lázaro, González-Salas Petriccoli ya no podrá monitorear el traspaso de las acciones de Big Bola, de los hermanos Rodríguez Borgio, quienes detentan una de las firmas más rentables dentro de la industria del entretenimiento en México (junto con Play City) pero también enfrentan una situación comprometida, por sus nexos con el financiero Martín Díaz Álvarez, cuya presencia es reclamada –vía una orden de aprehensión– por el ministerio público de la Federación.

EFECTOS SECUNDARIOS

VÍNCULOS. La historia de Los Claudios –los esquilores al servicio del gobierno pevemista en la delegación Cuajimalpa– data de hace tiempo y tiene sus orígenes en las administraciones panistas de la vecina Miguel Hidalgo.

El vínculo es el maestro Mario Enrique Selvas Carreola quien actualmente funge como director general de Desarrollo Delegacional en Miguel Hidalgo; maneja las áreas de modernización administrativa, fomento al Empleo, y turismo según el acuerdo firmado por el jefe delegacional, Víctor Hugo Romo y antes, fue director jurídico del gobierno delegacional. Con licencia de locutor, también fue director adjunto del diario unomásuno, propiedad del empresario mexiquense Naim Libien.

¿SUPLENTES? La noche del pasado miércoles 25, un grupo de sinaloenses acudió a la despedida de Carlos Almada –quien deja la subsecretaria de Comunicaciones para irse a Tokio, como titular de la representación de México ante el gobierno japonés– y allí se enteraron que David López Gutiérrez había recibido la invitación de César Camacho Quiroz para incorporarse a la lista de candidatos plurinominales. La última palabra, respondería el comunicador presidencial, sería dictada en Los Pinos.

Almada y López han sido los únicos dos sinaloenses en ocupar la vocería presidencial. El reemplazo del primero será el diputado con licencia Héctor Gutiérrez de la Garza. ¿Y quién quedará como jefe de los comunicadores sociales del gobierno federal? Allí está el ex gobernador de Aguascalientes, Otto Granados Roldán, quien ya prepara maletas para regresar a México.

— Correo electrónico: aam@mexico.com

POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net